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Investigación del MP no invalidará proceso revocatorio

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Investigación del MP no invalidará proceso revocatorio

HC/ PRENSA UNIDAD VENEZUELA

Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE), aseguró este miércoles que la investigación que realizará el Ministerio Público por presunta usurpación de identidad, no invalidará el proceso constitucional iniciado por la Unidad Democrática para revocar el mandato al presidente Nicolás Maduro.

El experto electoral se mostró a favor de que sean investigadas las personas que incurrieron en ese delito durante el período de recolección y validación de firmas, al tiempo que puso en tela de juicio la veracidad de la denuncia hecha por Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador y dirigente del partido de gobierno, el PSUV.

“Los números que señala (Rodríguez) son irrisorios.  Habría que saber, en primer lugar, de dónde saca esa información. Pero más allá de eso, suponiendo que tuviera alguna información en concreto, como el caso de que 10 mil personas de las que firmaron están muertas, a esas personas hay que investigarlas. Que actúe el Cicpc para saber quiénes son y, si es necesario, que las busque y las meta en prisión por haber incurrido en usurpación de identidad”, declaró Díaz al secretario ejecutivo de la Unidad, Jesús Chuo Torrrealba, en su programa radial La Fuerza es la Unión.

“Hay que investigar también quién les dio la cédula de identidad a esas personas, porque alguien se las dio y las organizó para que se presentaran, en caso de que eso fuese cierto”, insistió.

“Esto (la investigación) no va a tener ningún impacto sobre el referendo revocatorio porque es un proceso paralelo que no invalida para nada lo segundo, que es un derecho ciudadano que están activando las personas amparadas por la Constitución para ser escuchadas en un referendo revocatorio”, precisó.

Díaz dijo que tampoco le da importancia a la iniciativa de Rodríguez para que CNE invalide a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) como organización con fines políticos. Comentó que la solicitud anunciada el pasado lunes por el por el dirigente oficialista “fue solo para tratar de crear una noticia paralela, una noticia que compitiera en los titulares con la verdadera noticia del día, que era que el CNE reconocía que, efectivamente, se había cubierto el requisito del uno por ciento”.

No obstante, al analizar la dimensión política de la noticia, Díaz indicó que la solicitud del vocero del PSUV se inscribe dentro de una estrategia que tuvo su primera fase en el planteamiento hecho semanas atrás por el exgobernador de Aragua, Didalco Bolívar, para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) disolviera la Asamblea Nacional.

“Eso fue descartado hasta por dirigentes mismos del PSUV, pero ahora escalan un paso más: ya no plantean la disolución de la AN, que está controlada por los representantes del pueblo elegidos en la plancha de la MUD, sino que plantean la disolución del propio partido Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa al cien por ciento de la oposición.  Es decir, están planteando la disolución de la oposición venezolana legalmente constituida para quedarse solos en el espectro políticos como en Cuba, como en Rusia en su momento, como en la China comunista actualmente”.

“Un régimen de monopartido, lo cual viola la Constitución, y una ruptura del estado de derecho, lo que generaría una reacción internacional que el propio gobierno no está evaluando”, agregó.

“Si se les ocurriera hacerlo, el impacto no sería ya sobre el referendo sino sobre el estado derecho, sobre la democracia, y sería la verificación de un golpe de Estado en Venezuela”, advirtió.

“Esto no tiene nada que ver con el referendo sino más con una intención de show político que de otra cosa”, insistió.

Midiendo fuerzas

En sus declaraciones, Díaz reitero que aun cuando el CNE se tome los lapsos máximos establecidos en su normativa electoral, el referendo se puede hacer perfectamente en 2016. “El CNE está en capacidad de hacerlo no solo en los plazos máximos, sino en los plazos medios e inclusive en los plazos mínimos”, aseguró, al tiempo que señaló que “si no se hace este año es porque se está alterando la normativa aprobada por el propio” órgano electoral.

En ese sentido recordó que las normas sirven para el administrado – la MUD, los firmantes, los electores e inclusive el revocable – pero también para la administración electoral. “Lo que ha venido pasando es que la MUD cumple los plazos en el mínimo y el CNE los cumple en el máximo o hasta por encima del máximo, porque se agrega a sí mismo días y semanas”.

En tal sentido puso como ejemplo la entrega, este lunes, de la constancia que certifica que la Unidad cumplió con el requisito de obtener el respaldo del uno por ciento del electorado para solicitar que se convoque el referendo, aun cuando estaba previsto que este documento lo entregara el CNE el 26 de julio.

“Eso no está previsto en la norma, pero aun con este retraso los lapsos dan perfectamente para hacerlo este año. Jurídicamente no hay excusa para no hacerlo este año, logísticamente tampoco, porque todos conocemos la capacidad logística del CNE. Desde el punto de vista tecnológico tampoco, porque las normas se hicieron incluso cuando no estaba automatizado el ciento por ciento el sistema biométrico en Venezuela, de manera que hoy más que nunca se pueden acortar todos los lapsos”, dijo.

“Esto se trata, simplemente, de un tema de correlación de fuerzas políticas, de la puja política que hay entre aquellos factores que están promoviendo el referendo; y el revocable y sus voceros, que bajo todo concepto quieren impedir que se dé la consulta popular y que el pueblo se pronuncie y emita su opinión a través del voto. Eso es lo que está en juego en este momento, porque desde el punto de vista normativo se pueden cumplir con todos los lapsos”, añadió.

Por último aclaró que la fase que está por iniciarse, en la cual el 20 por ciento del electorado (cuatro millones, aproximadamente) deberá manifestar su voluntad o acuerdo para que se convoque el referendo, se debe realizar a nivel nacional y no por estado.

“Es el 20 % del registro nacional y no por estado, como se hizo inadecuadamente cuando se recogió el uno por ciento, que se exigió por estado. No se van a revocar a los 24 gobernadores, se va revocar al presidente de la República, cuyo ámbito es el país completo”, indicó.