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CIDH conden? ?ola de amenazas y restricciones? en Venezuela

CIDH conden? ?ola de amenazas y restricciones? en Venezuela

La Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conden? este mi?rcoles lo que denomin? una “ola” de amenazas y “restricciones al ejercicio de derechos fundamentales” en Venezuela.

En una nota oficial, la CIDH y su Relator?a Especial para Libertad de Expresi?n mencionaron la “ola de amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas de procesos penales en contra de miembros de partidos pol?ticos opositores, manifestantes pac?ficos y periodistas”.

Esto, apunt? la entidad, ocurre en “el marco de un serie de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales impuestas por el gobierno venezolano en contra de quienes expresan su apoyo a la promoci?n de un referendo revocatorio presidencia”.

Para la CIDH, la decisi?n del Tribunal Supremo de Justicia, que declar? inconstitucionales y nulas las decisiones de la Asamblea Nacional, constituye “una restricci?n indebida al ejercicio de los derechos pol?ticos” consagrados en la Convenci?n Americana de Derechos Humanos.

La entidad formul? a Venezuela un llamado a “cesar todas las detenciones que se realicen al margen de la ley, e inst? al Estado a “no dar curso a procesos judiciales sin sustento en contra de l?deres pol?ticos, periodistas y manifestantes”.

Del Tribunal Supremo de Justicia, que declar? inconstitucionales y nulas las decisiones de la Asamblea Nacional, constituye “una restricci?n indebida al ejecicio de los derechos pol?ticos” consagrados en la Convenci?n Americana de Derechos Humanos.

A continuaci?n el comunicado:

La Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relator?a Especial para la Libertad de Expresi?n condenan la ola de amenazas, detenciones, allanamientos y aperturas de procesos penales en contra de miembros de partidos pol?ticos opositores, manifestantes pac?ficos y periodistas, en el marco de un serie de restricciones al ejercicio de derechos fundamentales impuestas por el gobierno venezolano en contra de quienes expresan su apoyo a la promoci?n de un referendo revocatorio presidencial. Asimismo, la CIDH lamenta los despidos masivos de funcionarios p?blicos, presuntamente por haber firmado la solicitud de convocatoria de referendo revocatorio.

La CIDH expresa adem?s su preocupaci?n por la decisi?n de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual declar? nulas y carentes de vigencia y eficacia jur?dica todas las decisiones de la Asamblea General. El 5 de septiembre, se divulg? la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declar? que ?resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jur?dica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral?. El Tribunal sostiene que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato por haber juramentado a tres diputados del Estado Amazonas que la Sala Electoral del Tribunal Supremo hab?a ordenado dejar en suspenso mientras investigaba recursos impugnatorios relativos a su elecci?n.

El sistema interamericano de derechos humanos ha establecido que los ciudadanos tienen el derecho a participar en la direcci?n de los asuntos p?blicos por medio de representantes libremente elegidos. En este sentido, la declaraci?n de nulidad de todas las decisiones que adopte la Asamblea Nacional, poder del Estado electo por voto popular, podr?a constituir una restricci?n indebida al ejercicio de los derechos pol?ticos y producir una seria afectaci?n al funcionamiento del sistema democr?tico.

Esta sentencia fue anunciada en un contexto de restricciones a los derechos a la libre circulaci?n, asociaci?n, protesta pac?fica y libre expresi?n en conexi?n con manifestaciones pac?ficas y, particularmente, la marcha nacional convocada para el 1 de septiembre por partidos de oposici?n y sectores sociales. La manifestaci?n del 1 de septiembre fue convocada en favor de la activaci?n de un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicol?s Maduro, de acuerdo a lo dispuesto en el art?culo 72 de la Constituci?n de la Rep?blica Bolivariana de Venezuela. La CIDH recibi? informaci?n sobre obst?culos al libre tr?nsito para el ejercicio del derecho a participar en manifestaciones p?blicas, a trav?s del establecimiento de controles militares, policiales y de inteligencia en las carreteras y v?as de acceso a Caracas.

Asimismo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo a l?deres pol?ticos pertenecientes al Partido Voluntad Popular bajo acusaciones de ser los “principales promotores del plan conspirativo” en contra del gobierno. El 26 de julio, un l?der del partido Voluntad Popular, Daniel Ceballos, fue trasladado por agentes de Sebin de su arresto domiciliario a una prisi?n com?n. El 29 de agosto fue detenido el ex dirigente estudiantil y miembro del partido Voluntad Popular, Yon Goicoechea. El 30 de agosto agentes del cuerpo de inteligencia detuvieron al dirigente del partido Avanzada Progresista, Carlos Melo, cuando se encontraba en la sede del Partido Voluntad Popular en Caracas. El 2 de septiembre fue detenido el alcalde del municipio Mario Brice?o Iragorry del estado de Aragua por el partido Voluntad Popular, Delson Guarate. Se les acusa de llevar a cabo planes para ?la colocaci?n de artefactos explosivos, ten?an en su poder armas y d?lares falsos?. Se ha denunciado que las detenciones se realizaron al margen de la ley, acompa?adas de incomunicaci?n y malos tratos.

Seg?n anunci? el Ministro de Interior y Justicia, general Gustavo Gonz?lez L?pez, las autoridades est?n en la b?squeda del diputado por el estado Zulia de Voluntad Popular, Lester Toledo, quien ser? acusado de delitos de ?traici?n a la patria, sustracci?n de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana?. El Ministro indic? que ?las intenciones de golpe se mantienen? en las pr?ximas marchas convocadas por la oposici?n. Seg?n informaron altos funcionarios estatales, 92 hombres de nacionalidad colombiana fueron capturados en comunidades pobres de Caracas, por supuestamente integrar un ?campamento de paramilitares y mercenarios?. Adicionalmente, al menos 81 personas fueron detenidas durante las manifestaciones del 1 de septiembre. Seg?n se inform? a la CIDH, algunos detenidos habr?an sido liberados sin cargos, mientras que otras ser?an imputadas y presentadas ante los tribunales.

Adicionalmente, la CIDH expresa su preocupaci?n por las limitaciones al trabajo period?stico en el marco de la marcha del 1 de septiembre, as? como de otras protestas contra el gobierno. Esto incluy? detenciones, amenazas, allanamientos y apertura de procesos penales contra periodistas, la desaparici?n de un reportero durante 36 horas hasta que se inform? que estaba detenido por los servicios de inteligencia, as? como la deportaci?n y la negativa de ingreso al pa?s a varios miembros de la prensa internacional. Seg?n se inform?, periodistas de medios extranjeros que llegaron a cubrir la marcha del 1 de septiembre fueron deportados, y otros fueron ?inadmitidos? al llegar al aeropuerto, y que se lanzaron amenazas contra periodistas y medios que la cubrieron. Adicionalmente, el 3 de septiembre, el periodista Braulio Jatar, director del medio digital Reporte Confidencial, fue detenido por agentes de la polic?a de inteligencia y su casa fue allanada tras publicar videos sobre una protesta contra el presidente Nicol?s Maduro en isla Margarita. Braulio Jatar estuvo 36 horas sin paradero conocido hasta que el Sebin inform? que lo ten?a detenido, despu?s de lo cual continu? sin que le permitieran tener contacto con familiares ni abogados. Formalmente, el periodista habr?a sido imputado con el delito de ?legitimaci?n de capitales?.

La CIDH y su Relator?a Especial expresan profunda preocupaci?n por la presunta manipulaci?n del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales con el objetivo de controlar, castigar o impedir el ejercicio de los derechos a la libertad de asociaci?n, expresi?n y participaci?n pol?tica de l?deres de la oposici?n venezolana, manifestantes y periodistas. En particular, preocupa que las detenciones realizadas en represalia a expresiones de protesta hayan sido precedidas por declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios p?blicos y que puedan estar basadas en acusaciones falsas o denuncias infundadas. El poder punitivo del Estado no puede ser utilizado como pretexto para limitar derechos fundamentales. Particularmente, el Estado tiene el deber especial de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por el simple hecho de estar ejerciendo su profesi?n.

Es obligaci?n del Estado respetar y garantizar el derecho de todos los ciudadanos de participar en la vida pol?tica de su pa?s, de reunirse en manifestaciones p?blicas, y de criticar o de oponerse al gobierno, propiciando el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo pol?tico.

La CIDH y su Relator?a Especial hacen un llamado al Estado de Venezuela a cesar todas las detenciones que se realicen al margen de la ley, y asegurar que cualquier detenci?n sea llevada a cabo con estricto apego al derecho de la libertad e integridad personal. En particular, insta al Estado a no dar curso a procesos judiciales sin sustento en contra de l?deres pol?ticos, periodistas y manifestantes.

La CIDH es un ?rgano principal y aut?nomo de la Organizaci?n de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos. La Comisi?n Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la regi?n y act?a como ?rgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH est? integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a t?tulo personal, y no representan a sus pa?ses de origen o residencia.

No. 132/16

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