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Una huelga de camioneros pone en jaque al Gobierno brasileño

A las fábricas brasileñas de coches no les llegan más materiales, las gasolineras no reciben más combustible, las patatas escasean en los supermercados, el transporte público funciona con servicios mínimos, aeropuertos nacionales e internacionales cancelan vuelos y los bares racionan sus cervezas. Hay, incluso, McDonald’s que se están quedando sin pan para las hamburguesas. Brasil lleva cuatro días inmerso en la mayor huelga de camioneros que haya visto en las dos últimas décadas y si bien el panorama es cada vez más árido para el ciudadano de a pie, aún parece lejos de mejorar.

El Gobierno de Michel Temer busca desesperadamente la forma de conciliar al gremio con la petrolera estatal Petrobras, responsable parcial de que el precio del combustible se haya disparado hasta un 50% desde junio del año pasado. De momento, todo lo que han conseguido es que la mitad del millón de camioneros que conforman la flota del país secunden el paro y estén bloqueando 270 autopistas en algunos Estados. En una nación como esta, del tamaño de un continente y con las carreteras como principal medio de transporte, el pulso perjudica a varias industrias e interfiere directamente con la vida de los ciudadanos de las principales ciudades.

En el mejor de los casos, todo sería cuestión de llamar a Petrobras al orden y controlar artificialmente el valor del combustible: hasta hace poco eso era pan comido. Pero la época dorada de complicidad entre el Ejecutivo y la petrolera estatal acabó en 2016, cuando se supo que políticos de todo tamaño e ideología llevaban años usando Petrobras para malversar y desviar miles de millones de reales de los fondos públicos, lo que aún se conoce como el caso Petrobras.

En un intento por distanciarse de ese escándalo —en el que de cualquier manera el judiciario le ha implicado repetidamente—, el presidente Temer decretó en mayo de 2016 que la petrolera podría tasar la gasolina de forma independiente. Petrobras decidió seguir la oscilación internacional: la semana pasada, el barril de Brent alcanzó los 80 dólares por primera vez desde 2014.

Y esto se suma a algo por lo que el Gobierno no se puede lavar las manos tan fácilmente: el valor del real no para de caer frente al dólar. En parte es una tendencia general en todos los mercados emergentes, y es verdad que peor está Argentina. Pero en buena parte es una respuesta a la incertidumbre política en el que está sumido el país antes de las presidenciales de octubre: el primer candidato en las encuestas —Lula da Silva— está en prisión y no se sabe cuándo saldrá; el segundo —Jair Bolsonaro— es un populista que aboga por el odio. Y el único ente que podría mediar en el caos, el Gobierno, tiene menos de un 6% de aprobación popular.

El Gobierno logró una modesta victoria el miércoles por la noche: logró que Petrobras bajase el precio de la gasolina un 10% por litro y lo congelase durante 15 días mientras se negociaba. Pero esos son 20 céntimos de real (0,04 euros), lejos de la bajada de entre 60 y 80 que piden los camioneros. Cuando el país despertó el jueves, los problemas de suministros seguían ahí.