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EE.UU. sancionó a la primera dama de Nicaragua por corrupción

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó este martes a Rosario Murillo, vicepresidenta designada de Nicaragua y esposa del dictador Daniel Ortega, y a Néstor Moncada Lau, que de acuerdo al Tesoro, actúa como un asesor de seguridad nacional. Ambos son señalados de corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas, violaciones a los derechos humanos y explotación de recursos públicos de Nicaragua para beneficio propio.

El Departamento del Tesoro, a través de una nota de prensa, establece que a partir de este momento cualquier propiedad de los sancionadas por la OFAC, que esté bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, debe ser bloqueada y se debe informar a esa instancia del gobierno estadounidense.

Las regulaciones de la OFAC prohíben a los sancionados las transacciones financieras bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

“La vicepresidenta Murillo y sus operadores políticos han desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas y han saqueado el erario de Nicaragua para consolidar su control en el poder. Esta administración está comprometida a responsabilizar al régimen de (Daniel) Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses inocentes y han destruido su economía”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

“El Departamento del Tesoro tiene la intención de garantizar que los empleados internos del régimen Ortega no puedan acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para obtener ganancias a costa del pueblo nicaragüense”, afirmó el comunicado.

En el comunicado del Departamento del Tesoro, Murillo es señalada como responsable de dirigir a la Policía y a la Juventud Sandinista en la ola de represión que inició el pasado abril y, cita el comunicado, tiene una larga historia de “participar en actos de corrupción”. Tiene “acceso e influencia sobre la organización juvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), conocida como la Juventud Sandinista, y la Policía Nacional”.

Ambas entidades son señaladas por el Departamento del Tesoro de cometer graves abusos contra los derechos humanos y señala a la Policía en la organización de “escuadrones de la Muerte que han cometido ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros, mientras que los paramilitares de la Juventud Sandinista, armados y pagados por el FSLN, han cometido graves abusos de derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno de Nicaragua, incluyendo ataques contra manifestantes”, expresa la comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos.

En esa misma línea señala que, en junio de 2018, hombres armados enmascarados, acompañados por agentes de la Policía, habrían incendiado una residencia familiar en Managua, en el barrio Carlos Marx, asesinando a seis integrantes de esa familia, incluidos dos niños.

Rosario Murillo ha tildado a los ciudadanos que se manifiestan en contra del régimen como golpistas y los responsabiliza por la crisis que se vive en el país desde el 18 de abril y que ha dejado más de 500 muertos, según el último informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh); así como cientos de presos políticos y miles de exiliados.

El secretario personal de Ortega

Nestor Moncada, un exfuncionario de la Seguridad del Estado con fuertes lazos de lealtad a Ortega y Murillo, fue sancionado por actuar bajo sus órdenes. Luego del regreso de Ortega al poder en 2007, Moncada asumió un papel prominente en el gobierno, precisa el informe.

“Moncada desembolsó pagos para contrarrestar a los manifestantes en nombre de Ortega y Murillo”, señala el informe del Tesoro. Y agrega que “Moncada ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo. En al menos un caso, Moncada trabajó con el presidente Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega con una menor”.

Bajo la Ley Magnitsky, el Departamento de Estado sancionó meses atrás al expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, Francisco Díaz, director de facto de la Policía Nacional; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua y Francisco López, presidente de la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic).

“Como presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, con un salario gubernamental reportado de $ 60,000 por año, Roberto José Rivas Reyes (Rivas) ha sido acusado en la prensa de acumular una riqueza personal considerable, que incluye propiedades múltiples, aviones privados, vehículos de lujo y un yate”, se leía en la nota de prensa de la institución. En tanto, los otros funcionarios fueron sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

El senador Marco Rubio respondió a las sanciones contra Murillo y Moncada y pidió a la administración de Donald Trump “continuar presionando a Ortega” “para que dejen de socavar las instituciones” en Nicaragua.