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Las madres brasileñas que culpan al Estado de la muerte de sus hijos

Maria de Jesus da Silva, mamá de Renayson. Bruna Mozer, mamá de Luciano. Adriana de Farias, mamá de Wallacy. Gláucia dos Santos, mamá de Fabrício. Maria do Carmo Silveira, mamá de Thiago. Luciana Lopes, mamá de Lucas. Ana Paula Oliveira, mamá de Johnatha. Marinete Silva, mamá de Marielle Franco.

Esas brasileñas están de luto por haber perdido a sus hijos, la gran mayoría muertos –muchos  ejecutados sumariamente– por policías o soldados del Ejército en operaciones de seguridad o que actuaban como mercenarios o paramilitares. A pesar del dolor, eligieron luchar por la dignidad de sus nombres. “Yo financié los disparos que mataron a mi hijo y no puedo aceptarlo. Sus sueños fueron robados por el brazo fuerte del Estado”, argumenta la cuidadora Edna Carla Cavalcante, líder de Madres de Curió, una de las varias redes de familiares que nacieron en Brasil en plena democracia. Unidas por la lucha y el dolor, reclaman explicaciones, justicia y reparación del Estado, al cual acusan de haber matado a sus hijos a través de la acción directa de sus agentes o por su omisión. Enseñan que luchar contra el terror estatal es todavía necesario.

Un terror que invadió la noche de Fortaleza, la capital del estado de Ceará, noreste de Brasil, en la noche del 11 de noviembre de 2015. Álef, hijo de Cavalcante, era uno de los 11 jóvenes sin vínculos con el mundo del crimen que fueron asesinados en el barrio de Curió y alrededores por 45 policías que querían vengar la muerte de un colega. “Hoy vive a través de mi lucha. Pero yo no quería ser una madre de Curió, preferiría ser solo la madre de Álef”. Diez meses después de la matanza, 44 policías fueron procesados y 34 serán sometidos a un jurado popular. Nueve volvieron a la corporaciónen abril de este año.

Las historias más visibles están en lugares como São Paulo y Río de Janeiro, ciudades donde las madres afectadas por la violencia del Estado están más organizadas. “Llevo cinco años en esta lucha. Cuando asesinaron a mi hijo, y asesinaron su memoria y dignidad, prometí que yo sería parte él”, discursa Ana Paula Oliveira, del grupo Mãe de Manguinhos. Su hijo Johnatha fue asesinado en 2014 con un disparo en la espalda efectuado por un policía de la favela de Manguinhos, en Río. Y, como suele suceder, la Policía le acusó falsamente de ser un narcotraficante. “Estamos aquí para reclamar una indemnización, pero la principal reparación es con la memoria de nuestros hijos. Suelen decir que encubrimos a criminales, pero es el Estado quien lo hace”.

Oliveira discursa para un grupo de madres durante el 4º Encuentro Nacional de Madres y Familiares de Víctimas del Terrorismo del Estado, que reunió a un centenar de personas entre el 19 y 21 de mayo en Goiânia. El encuentro lo organizaron 18 grupos de barrios periféricos y de familias de ocho Estados brasileños. Un momento de fortalecimiento y de apoyo psicológico mutuo. Un tranquilo retiro en una granja fue el escenario perfecto para tantas recordaciones durante aquellos días de mayo: las alegres niñeces de sus hijos, a pesar de las dificultades impuestas por la pobreza; las dolorosas muertes que despedazaron completamente a las familias. Es un dolor que todas conocen y todas entienden. Y una lucha hercúlea contra una vocación mortífera del Estado brasileño que pocos, a veces ni siquiera los parientes y amigos cercanos, comprenden.

Esa vocación mortífera se traduce en números. De 65.605 homicidios en 2017, las fuerzas de seguridad cometieron al menos 5.159, según los datos oficiales de los Estados agrupados por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y el Fórum Brasileño de Seguridad Pública(FBSP). Significa que los agentes mataron una media de 14 personas por día en 2017 en todo el país. La segunda causa de muertes violentas. Sin embargo, cerca de dos quintos de esas muertes se han producido solamente en Río y São Paulo. Ni todos los Estados calculan esos casos. Además, ni todos los casos son notificados porque no es siempre que la Policía asume su culpa o porque grupos de matadores y milicianos actúan en las sombras. Los expertos estiman que los datos reales, y no contabilizados, son mucho mayores.

A todos los obstáculos de siempre se suma ahora la marea política actual, desfavorable a lo que reclaman. El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro fue elegido en 2018 defendiendo que la policía puede, y debe, matar. Algo que no es una novedad en Río, el Estado donde los policías más matan –y también más mueren–. En 2018, el gobierno registró 1.534 muertes cometidas por sus agentes, un récord. Este año, el también ultraderechista gobernador Wilson Witzel, que se eligió prometiendo disparar “en la cabeza de los criminales”, instituyó una política de terror. Las operaciones policiales en las favelas, con helicópteros disparando hacia el suelo mientras niños con uniforme escolar intentan huir, son diarias. Más récords: de un total de 2.558 homicidios entre enero y mayo, 731 fueron cometidos por agentes estatales, es decir, el 28,6%. Son casi cinco muertes por día.

Los tiroteos son la justificación de los agentes cuando matan. Pero no siempre pasa. En la Nochevieja de 2014, Fabrício dos Santos tuvo que ir a la gasolinera cerca de su casa, en la favela do Chapadão, Río de Janeiro. Un coche policial se acercó. Y desde la ventana un agente disparó con su fusil contra su cabeza. Limpiaron el lugar, llevaron el chaval al hospital y alegaron lo de siempre. Su madre, Gláucia dos Santos, estaba segura desde principio de que mentían: su hijo, de 17 años, trabajaba en Copacabana como pintor y nunca cometió ningún delito.

Con información de El País.