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Argentinos esperan ley de emergencia alimentaria

(AP) — En un marco preelectoral de creciente tensión, organizaciones sociales se concentraban el miércoles frente al Congreso argentino a la espera de que los senadores aprueben una ley para aumentar la ayuda para los comedores públicos que atienden a personas de bajos recursos.

Cientos de manifestantes –entre ellos familias con niños– se instalaron en la plaza donde está el Parlamento con grandes banderas argentinas y otras que identifican a distintas organizaciones opositoras al presidente Mauricio Macri para que el senado respalde una iniciativa que ya tiene el aval de los diputados y que aseguraría el envío de más partidas alimentarias a los comedores comunitarios.

A estos establecimientos organizados por vecinos e instituciones religiosas y educativas acude un creciente número de personas afectadas por una inflación que, según varias estimaciones, superará el 50% este año en un contexto de recesión y aumento del desempleo.

El reclamo se produce en el marco de la exacerbación de las protestas luego de la contundente derrota que sufrió Macri ante el kirchnerista Alberto Fernández en las primarias de agosto de cara a las presidenciales del 27 de octubre, en las que la reelección del mandatario está cada vez más en duda. Fernández va acompañado en la fórmula electoral de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en cuyo primer mandato se desempeñó como jefe de Gabinete.

Agustín Peralta, de 20 años, quien perdió recientemente su trabajo y llevaba en brazos a su pequeño sobrino, dijo a The Associated Press que “el gobierno de Macri es para la gente que tiene plata. Los que somos gente trabajadora estamos cada vez peor, mucha gente está quedando en la calle y mucha gente pasa hambre”.

La devaluación de más de 20% del peso argentino luego del resultado electoral –que se debió en gran parte al temor de los inversores al regreso al poder del populismo kirchnerista– conllevó un recalentamiento de los precios de productos básicos.

En Argentina la depreciación de la moneda impacta habitualmente en los costos energéticos y otros del proceso productivo atados al dólar incidiendo en los precios. Esos saltos cambiarios también impactan en el valor de los alimentos debido a que, luego de una disparada del billete estadounidense, los exportadores de esos productos también buscan aumentar su rentabilidad en el mercado interno mediante la suba de los precios.

En agosto los alimentos y bebidas registraron una suba de precios de 4,5% mientras que en los primero ocho meses del año el alza fue de 33,3%.

Con la protesta, los manifestantes buscan mostrar su malestar por la situación social y su poder de movilización ante el gobierno que asuma el 10 de diciembre en un contexto que, según los economistas, será de gran dificultad económica.

“Hubo un salto de más de 30% de las protestas después de las internas” dijo a AP atricio Giusto, director de la consultora Diagnóstico Político.

El analista señaló que detrás de estas movilizaciones están las agrupaciones dialoguistas con la actual administración que aprovechan el contexto para conseguir más beneficios y por otro lado los grupos de izquierda con “actitud desestabilizadora” que advierten que van a “seguir en la calle”, cuya expectativa será “conseguir beneficios rápidamente ni bien asuma el nuevo gobierno”.

Los responsables de comedores sostienen que, además de alimentar a los niños que acuden para asegurarse al menos una comida completa al día, reciben a un número creciente de familias enteras y que los productos que reciben del Estado son menos nutritivos.

Aída Corvalán, encargada del comedor “Huellitas” en el municipio bonaerense de Tigre, dijo a The Associated Press que a ese lugar acuden vecinos de la zona y de otras cercanas y que “vienen a merendar hasta chicos de 19 años”.

Este merendero conformado por una cocina y un patio al aire libre funciona desde hace un año, cuando comenzó a alimentar a 40 chicos. Ahora atiende a 108 menores.

El proyecto en revisión por el Senado establece la emergencia alimentaria hasta 2022 mediante un incremento de al menos 50% de las partidas presupuestarias vigentes para este año, correspondientes a políticas de alimentación. Además faculta al Ejecutivo a reasignar partidas que podrán actualizarse trimestralmente tomando como referencia la variación de los precios de los alimentos.

El gobierno ha intentado mejorar el poder adquisitivo de la población con la eliminación de las retenciones a los sueldos de los trabajadores, el incremento del salario mínimo y la eliminación del IVA en algunos alimentos, medidas que según sus críticos son insuficientes.

La pobreza se incrementó en los últimos meses afectando a más de 32% de la población, según cifras oficiales.

Un informe de la Universidad Católica Argentina difundido en agosto alertó por su parte que 35,8 % de los niños y adolescentes se alimentan en comedores comunitarios.