Associated Press
El caso, que sacudió a la sociedad chilena y generó roces diplomáticos entre Venezuela y Chile, empezó el 21 de febrero cuando tres personas que se hicieron pasar por policías sacaron por la fuerza de su residencia a Ronald Ojeda, un exteniente de 32 años asilado en la nación sudamericana. Su cuerpo fue descubierto 10 días después debajo una losa de cemento en una zona popular de Santiago.
Uno de los sospechosos es Maickel Villegas, un venezolano de 26 años que fue capturado el viernes en Costa Rica cuando pretendía cruzar la frontera hacia Panamá y sobre quien pesaba una notificación de Interpol para su detención, informaron las autoridades chilenas.
Saab cuestionó la investigación del caso por parte de las autoridades chilenas, señalando que “el alto mando chileno no logra explicar cómo el ex Teniente Ronald Ojeda, contando con la condición de asilado político en su país: podía entrar y salir del mismo para ejecutar acciones conspirativas con destino a Venezuela y otros países”.
Asimismo, quiso ratificar varios puntos frente a las “constantes, ofensivas y manipuladoras declaraciones de las autoridades Chilenas.. culpabilizando sin pruebas a Venezuela” de haber cometido el crimen.
El fiscal venezolano Tarek William Saab afirmó el domingo en la red social X que las autoridades de Chile han buscado tener “una falsa coartada para eludir su exclusiva responsabilidad en ese vil crimen, cuya ´investigación´ ha sido de una pésima calidad procesal”.
Saab reiteró su versión sobre una manipulación política que pretende “mal poner a Venezuela en el ámbito internacional” y que a inicios de junio derivó en una nota de protesta emitida por el gobierno chileno por considerar estas declaraciones como “inaceptables”.
En primer lugar, destacó que contrario a lo afirmado por el gobierno de Chile, el delincuente Villegas no se encontraba en Venezuela. “La muestra fehaciente de ello es el hecho de haber sido este sujeto aprehendido en Costa Rica”, escribió.
Mencionó que Maickel Villegas contaba con un permiso de trabajo en Chile que, luego de cometido el crimen y pesar sobre él orden de aprehensión, fue extendido por considerarlo “habilitado para ser contratado y desempeñar actividades remuneradas”.
Asimismo, criticó que la “falta de seguridad y resguardo por parte de las autoridades chilenas”, habría obligado a los familiares de Ronald Ojeda a trasladarse a Argentina solicitando “protección”.
Otras autoridades venezolanas, como el canciller Yván Gil, han sostenido que el Tren de Aragua es una “ficción creada por la mediática internacional” y que fue desmantelada tras una incursión militar en la cárcel de Tocorón, desde donde ejercía control a pesar de que sus cabecillas, entre ellos Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, se fugaron de esa prisión.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones el jueves sobre este grupo delictivo, al que consideró como una organización del crimen transnacional que representa “una amenaza criminal mortal en toda la región” y expande su acción delictiva con secuestros, extorsiones y tráfico de personas por varios países.
El gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 12 millones de dólares por el arresto de sus líderes.
Un menor venezolano de 17 años con vínculos delictivos, así como Walter de Jesús Rodríguez Pérez, también venezolano y miembro del Tren de Aragua, permanecen detenidos provisionalmente en relación con el caso, según la fiscalía chilena. Sobre este último rige una orden de captura internacional.
El gobierno chileno no se pronunció de inmediato tras las declaraciones de Saab.
