Gobierno de Trump está reanudando deportaciones bajo ley de guerra del siglo XVIII

Por NICHOLAS RICCARDI Associated Press
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) solicitó el viernes a dos jueces federales que ordenen al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deportar a ningún venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, argumentando que las autoridades de inmigración parecían estar moviéndose para reiniciar las deportaciones a pesar de las restricciones de la Corte Suprema federal sobre cómo se puede usar la ley.
El grupo ya ha entablado demandas para bloquear las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 de dos venezolanos detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet y está pidiendo a un juez que emita una orden que prohíba las deportaciones de cualquier inmigrante en la región en virtud de la ley. En una solicitud de emergencia el viernes temprano, la ACLU advirtió que las autoridades de inmigración estaban acusando a otros hombres venezolanos detenidos allí de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, lo que los haría sujetos al uso de la ley por parte del presidente Trump.
La ley sólo ha sido invocada tres veces en la historia de Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para mantener a civiles japoneses-estadounidenses en campos de internamiento. El gobierno de Trump argumentó que les daba poder para remover rápidamente a inmigrantes que identificaban como miembros de la pandilla, independientemente de su estatus migratorio.
La ACLU y el grupo Democracy Forward presentaron demandas para suspender las deportaciones realizadas en virtud de la ley. La Corte Suprema federal permitió que las deportaciones se reanudaran, pero dictaminó unánimemente que únicamente podrían proceder si aquellos que estaban a punto de ser expulsados tenían la oportunidad de argumentar su caso en la corte y se les daba «un tiempo razonable» para impugnar sus deportaciones pendientes.
Jueces federales de Colorado, Nueva York y el sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de detenidos bajo la ley hasta que la administración proporcionara un proceso para que ellos presentaran sus reclamos en la corte. Pero no se ha emitido tal orden en el área de Texas que cubre Bluebonnet, que se encuentra a 38 kilómetros (24 millas) al norte de la ciudad de Abilene en el extremo norte del estado.
Hace unos días, el juez de distrito James Wesley Hendrix se negó a prohibir al gobierno la remoción de los dos hombres identificados en la demanda de la ACLU porque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentó declaraciones juradas de que no serían deportados de inmediato.
Pero la solicitud del viernes de la ACLU incluye declaraciones juradas de tres abogados de inmigración separados que dijeron que a sus clientes en Bluebonnet se les dio documentación que indicaba que eran miembros del Tren de Aragua y podrían ser deportados para el sábado. En un caso, la abogada de inmigración Karene Brown dijo que a su cliente, identificado por sus iniciales y que sólo hablaba español, se le dijo que firmara papeles en inglés.
«El ICE informó a F.G.M. que estos papeles venían del presidente, y que sería deportado incluso si no los firmaba», escribió Brown, utilizando las iniciales de su cliente.
La ACLU pidió a Hendrix que emitiera una orden temporal para frenar cualquier deportación de este tipo. Horas después, sin haber obtenido una respuesta de Hendrix, la ACLU solicitó al juez de distrito James E. Boasberg en Washington D.C. que emitiera una orden de emergencia similar, argumentando que tenían información de que los detenidos estaban siendo subidos a autobuses. Boasberg es el juez que originalmente emitió un falló en el primer caso de la Ley de Enemigos Extranjeros, y encontró que hay causa probable de que el gobierno federal cometió desacato criminal al desobedecer su fallo, pero la Corte Suprema dictaminó que sólo los jueces donde los migrantes están detenidos tienen jurisdicción para detener su remoción.
El ICE señaló que no comentará sobre el litigio.
También el viernes, un juez de Massachusetts hizo permanente su prohibición temporal sobre el gobierno de deportar a inmigrantes que han agotado sus apelaciones a países distintos de los suyos, a menos que se les informe de su destino y se les dé la oportunidad de objetar si enfrentarían tortura o muerte allí.
Algunos países, como Venezuela, no aceptan deportaciones desde Estados Unidos, lo que ha llevado al gobierno federal a llegar a acuerdos con otros países como Panamá para albergarlos. Los venezolanos sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros de Trump han sido enviados a El Salvador y alojados en su notoria prisión principal.