Por: Jesús Santander
En un mundo donde la migración es una realidad común, las historias de separación familiar y desarraigo son cada vez más frecuentes. Sin embargo, el caso de Maikelys Antonella Espinoza Bernal, una niña de tan solo dos años, destaca por su gravedad y la urgencia de su resolución. La reciente decisión de Estados Unidos de deportar a sus padres mientras mantiene a la menor bajo custodia del gobierno estadounidense ha generado una ola de indignación en Venezuela, que clama por la restitución de los derechos de esta pequeña.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela ha calificado este acto como un “secuestro”, subrayando el dolor y la angustia que sufren las familias separadas. La separación de Maikelys de su madre, justo antes de abordar un vuelo de regreso a su país, es un recordatorio desgarrador de las devastadoras consecuencias de políticas migratorias que violan los derechos humanos. Este tipo de acciones no solo afectan a los adultos, sino que golpean con mayor fuerza a los niños, quienes son los más vulnerables en estas situaciones. Su bienestar emocional y psicológico debe ser una prioridad.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. ha argumentado que su decisión responde al interés de la niña, acusando a sus padres de pertenecer a una organización criminal sin presentar pruebas. Esta postura plantea serias interrogantes sobre el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. La presunción de inocencia es un principio fundamental que debe respetarse en cualquier sistema judicial; sin embargo, parece haber sido ignorado en este caso. Podemos hablar incluso de un delito de trata de personas, particularmente de niños, estipulado en la Convención de los Derechos Humanos firmada por la ONU y sus países miembros.
Venezuela no solo exige la liberación inmediata de Maikelys, sino que también alza la voz por otros migrantes venezolanos que han sido detenidos y separados de sus familias en países como El Salvador. Ser venezolano no debería ser un delito ni una razón para ser tratado con desdén o desconfianza. La comunidad internacional debe reconocer que la migración es una búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida, no un acto criminal.
Es imperativo que se tomen medidas urgentes para garantizar la reunificación de Maikelys con su madre. La vida de esta niña, así como la de muchos otros en circunstancias similares, depende de la capacidad de las autoridades para actuar con humanidad y compasión. La separación familiar no solo causa un daño irreparable en el presente, sino que sus repercusiones pueden marcar para siempre el futuro de los niños involucrados.
Hacemos un llamado a todos los actores involucrados: liberen a Maikelys Espinoza y devuélvanla a su familia. Este es un momento crucial para demostrar que los derechos humanos y la dignidad familiar están por encima de las políticas migratorias. La voz del pueblo venezolano es clara: exigimos justicia y la reunificación de nuestras familias.
El presidente Nicolás Maduro ha asumido el rol de un verdadero Pater Familias, solidarizándose no solo con los familiares de Maikelys, sino también con los miles de migrantes venezolanos detenidos injustamente, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Su voz resuena en un llamado a la justicia y a la dignidad humana, enfatizando que el sufrimiento de estas familias no puede ser ignorado.
La comunidad internacional debe prestar atención a estos abusos y exigir rendición de cuentas. Las denuncias sobre las condiciones infrahumanas en las que se encuentran muchos venezolanos detenidos en El Salvador son alarmantes. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, podría enfrentar la justicia internacional por sus acciones, calificadas como graves violaciones a los derechos humanos.
Es urgente actuar para garantizar la reunificación de Maikelys con su madre. La separación familiar provoca un daño irreparable y sus efectos pueden marcar el futuro de los niños de manera permanente.
@Jesussantanderl
