Por GISELA SALOMON Associated Press
DORAL, Florida, EE.UU. (AP) — Como propietario de un negocio en la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, Wilmer Escaray se siente estresado y en estado de shock. No está seguro de qué pasos debe seguir después de que la Corte Suprema permitiera al presidente estadounidense Donald Trump despojar de protecciones legales a cientos de miles de inmigrantes venezolanos.
Escaray posee 15 restaurantes y tres mercados, la mayoría de ellos ubicados en Doral, una ciudad del estado de Florida que cuenta con 80.000 habitantes y es conocida como «Pequeña Venezuela» o «Doralzuela». Al menos el 70% de los 150 empleados de Escaray y muchos de sus clientes son inmigrantes venezolanos que cuentan con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
El lunes, la Corte Suprema retiró la decisión de un juez federal que había pausado los planes del gobierno para retirar las protecciones legales a 350.000 venezolanos, que podrían quedar expuestos a la deportación.
Doralzuela, una ciudad rodeada por la expansión de Miami, autopistas y los Everglades de Florida, está asimilando la decisión del máximo tribunal estadounidense. Al igual que muchos propietarios de negocios con empleados venezolanos, Escaray no tiene claro cuál será su siguiente paso. No sabe cuánto tiempo sus empleados tendrán autorización legal para trabajar o si podrá ayudarlos, expresó.
«El impacto para el negocio será realmente duro», manifestó Escaray, un venezolano-estadounidense de 37 años de edad que llegó a Estados Unidos a estudiar en 2007 y abrió su primer restaurante seis años después. «Todavía no sé qué voy a hacer. Tengo que discutir con mi equipo, con mi familia para ver cuál será el plan».
El TPS permite a las personas que ya están en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente aquí porque sus países de origen se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles. El gobierno de Trump dijo que los inmigrantes fueron mal evaluados después de que la administración del expresidente Joe Biden expandió drásticamente la designación.
La abogada de inmigración Evelyn Alexandra Batista dijo que la Corte Suprema no abordó específicamente la extensión de los permisos de trabajo basados en TPS, y algunas autorizaciones de trabajo siguen vigentes. Sin embargo, advirtió que no hay garantía de que continúen siendo válidas porque la Corte Suprema puede cambiar esto.
«Esto significa que tanto empleadores como empleados deben explorar todas las otras opciones alternativas, ya que el TPS nunca fue pensado para ser permanente», señaló Batista, quien ha recibido cientos de llamadas de beneficiarios de TPS y empresas buscando asesoría en los meses que han transcurrido desde que Trump regresó al cargo y comenzó con su ofensiva contra la inmigración.
Entre las opciones que están explorando, comentó, se encuentran visas para habilidades extraordinarias, visas de inversión y visas agrícolas.
La Coalición Americana de Inmigración Empresarial estima que los titulares de TPS aportan 31.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos a través de salarios y poder adquisitivo. No hay estimaciones específicas del impacto de los venezolanos, aunque constituyen el mayor porcentaje de beneficiarios de TPS.
Trabajan en hospitalidad, construcción, agricultura, atención médica, comercio minorista y servicios de alimentos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
