Nueva ley de agentes extranjeros de Bukele causa críticas y temor en ONG de El Salvador

Por MARCOS ALEMÁN Associated Press
SAN SALVADOR (AP) — Una polémica nueva ley ha levantado las alarmas entre ONG y asociaciones sociales en El Salvador al crear un impuesto del 30% sobre los fondos o donaciones que reciban desde el extranjero, una maniobra ansiada desde hace años por el presidente Nayib Bukele que ha sido cuestionada como una herramienta para presionar a organizaciones críticas con su gestión.
La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada esta semana por el Congreso dominado por el oficialismo con abrumadora mayoría, impone además la creación de un registro al que deben inscribirse todas las organizaciones que operen en el país y deja a este nuevo ente amplias facultades para fijar los requisitos que éstas deben cumplir.
Bukele, quien se reeligió el año pasado con un apoyo de casi el 85% de los salvadoreños y ha ganado protagonismo por su cercanía con el también reelegido presidente estadounidense Donald Trump, quiso pasar esta ley en 2021 pero fracasó ante el peso de las críticas internacionales.
Ahora, la nueva norma ha recibido críticas de organizaciones sociales, políticos y analistas por considerarla antidemocrática y una herramienta de censura que busca silenciar y criminalizar el trabajo en derechos humanos.
Bukele defendió que es una forma de frenar la influencia extranjera y la corrupción.
«Esta ley lo que busca no es otra cosa más que ejercer un control mayor sobre la sociedad civil organizada, busca principalmente controlar los ingresos de fondos para las organizaciones que resultan incómodas a la actual administración», señaló la abogada y analista, Bessy Ríos.
Durante el debate legislativo en que se tramitó la ley, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, del partido gobernante Nuevas Ideas, dijo que las organizaciones civiles podrán «seguir gritando lo mismo» pero «lo único que deberán de hacer es pagar el 30%, decir quién les da los fondos y para qué los ocupan».
¿Cuál es el conflicto del gobierno de Bukele con las ONG?
Diversas organizaciones y entes internacionales han cuestionado a Bukele y la política de mano dura que impuso desde 2021 contra las pandillas, que implicó la suspensión de derechos fundamentales y llevó a casi 86.000 personas a la cárcel.
Desde hace más de tres años, una persona puede ser detenida en El Salvador sin saber por qué y sin tener acceso a un abogado. El 90% de los encarcelados en este periodo están sin sentencia y más de 9.000 personas han sido liberadas por el gobierno por falta de pruebas.
El presidente salvadoreño ha desechado esas críticas, acusando repetidamente a las organizaciones de derechos humanos de defender a los pandilleros.
¿Cómo y a qué organizaciones afecta la nueva ley?
La Ley de Agentes Extranjeros recae sobre toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realice actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente, por un mandante extranjero.
Se estima que en el país operan unas 8.000 organizaciones, pero no todas están registradas en el Ministerio de Gobernación.
Analistas consideran que el término «agente extranjero» incluye una variedad de colectivos:
— Organizaciones de derechos humanos
— Asociaciones vecinales
— Medios de comunicación independientes
— Emprendimientos con inversión extranjera
— Grupos religiosos
— Agencias internacionales de ayuda
«La ley de agentes extranjeros busca reprimir a todas aquellas organizaciones que promuevan la participación ciudadana, además del acompañamiento de aquellos grupos que el mismo Estado invisibiliza», dijo a la AP la abogada Roxana Cardona, de la ONG Justicia Social y Contraloría Ciudadana.
«Esto es parte de la escalada represiva del gobierno autoritario salvadoreño, en el sentido de afectar una serie de derechos constitucionales de la población, como en este caso el derecho de organización, el derecho de libertad de expresión», afirmó Eduardo Escobar, director Ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.
Entre las organizaciones civiles o medios de comunicaciones que reciben fondos o donaciones del extranjero y que operan en el El Salvador está Cristosal, Acción Ciudadana, Socorro Jurídico Humanitario, Periódico El Faro o la Asociación de Periodistas de El Salvador.
¿Qué impuesto se les cobrará y para qué se usará?
Cada transacción financiera, desembolso, transferencia, importación en especie o materiales de cualquier tipo y provenientes de fondos de un extranjero, ya sean éstas donaciones, pagos u otro concepto, tributará con un impuesto del 30%.
Ni la ley ni el gobierno han explicado para qué se usarán los fondos recaudados.
La abogada Ríos dijo a la AP que «es evidente que va dirigido para organizaciones como El Faro, como Cristosal, que tienen su sede central fuera del país» y que han revelado casos de corrupción y denunciado abusos a los derechos humanos durante el gobierno de Bukele.
¿Pueden negar a una organización operar en El Salvador?
Todas las ONG que quieran operan en El Salvador deberán inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), una dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, cuyo director será nombrado por el propio gobierno.
El mismo RAEX decidirá cuáles son los requisitos que deben cumplir las organizaciones para el registro, teniendo amplias facultades para tales efectos. Ese ente aprobará, denegará, revocará o decidirá no renovar las solicitudes de registro de las ONG.
Entre las razones por las que se les podría cancelar el permiso o la personería jurídica:
— No inscribirse en el RAEX.
— Recibir fondos anónimos.
— Realizar actividades políticas o desestabilizadoras.
— Cambiar el uso al que están destinados los fondos sin aviso.
— Ocultar actividades que responden a intereses extranjeros.
— No cumplir con la retención del 30 % de impuesto sobre fondos extranjeros recibidos.
— No responder requerimientos del Registro o del Ministerio de Hacienda.
¿Qué prohibiciones recaen sobre las organizaciones?
Se les prohíbe realizar actividades para fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenacen la seguridad nacional o la estabilidad social y política del país.
«Esta ley intenta criminalizar a las organizaciones sin personería jurídica que, de acuerdo con la Constitución y tratados internacionales, son legítimas en todo el mundo. Aquí van las juntas de vecinos, asociaciones comunales, organizaciones de defensa de derechos humanos, entre otras», dijo la abogada Ingrid Escobar de la ONG Socorro Jurídico Humanitario.
¿Habrá sanciones para las ONG? ¿Dónde pueden defenderse?
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley conlleva multas que van desde los 100.000 hasta 250.000 dólares y, en algunos casos, el cierre de operaciones.
No hay ninguna instancia a la que recurrir las decisiones del RAEX, más allá de la justicia ordinaria.