La vida de 238 venezolanos encarcelados en El Salvador, enviados ahí por el Gobierno del presidente Donald Trump, «se encuentra en peligro» por las violaciones a derechos humanos que se estarían dando en las prisiones salvadoreñas y la implementación en el país de un régimen de excepción contra las pandillas, alertó este martes la organización Amnistía Internacional (AI).
“Las expulsiones ilegales a El Salvador ponen vidas en peligro al haber un estado de excepción en vigor”, indicó AI en un comunicado.
De acuerdo con Ana Piquer, directora para las Américas de AI, este traslado y la desobediencia de una orden judicial que lo prohíbe “representa no sólo un desprecio manifiesto de las obligaciones de Estados Unidos en materia de derechos humanos, sino también un avance peligroso hacia prácticas autoritarias por parte del Gobierno de Trump”.
A juicio de Piquer, estas acciones también son “un peligroso apoyo a la punitiva agenda de seguridad del presidente (Nayib) Bukele”, cuya Administración es acusada de atropellos, como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones de corta duración y muerte de detenidos con signos de violencia.
AI indicó que “ha documentado ampliamente las condiciones inhumanas que imperan en los centros de detención de El Salvador, entre ellos el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde están recluidos ahora los expulsados”.
“Los informes indican hacinamiento extremo, falta de acceso a asistencia médica adecuada y malos tratos generalizados que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Además, organizaciones salvadoreñas han informado de la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, en algunos casos con claros signos de violencia”, relató.
A juicio de AI, “es preciso exigir responsabilidades a El Salvador por facilitar políticas que violan los derechos de las personas migrantes y las que buscan seguridad”.
Gobierno venezolano presentó una acción legal
Abogados contratados por el gobierno venezolano presentaron una acción legal el lunes en El Salvador con el objetivo de liberar a los 238 venezolanos.
Jaime Ortega, quien dice representar a 30 de los venezolanos encarcelados, señaló que su firma presentó la petición de hábeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Explicó que, por extensión, solicitaron que se aplicara a todos los venezolanos detenidos en El Salvador.
Antes de que se presentara, el abogado constitucional Enrique Anaya había sugerido que las organizaciones de derechos humanos y las familias de los presos debían presentar peticiones de hábeas corpus, esencialmente obligando al gobierno a demostrar que la detención de alguien estaba justificada, “como un mecanismo tanto de denuncia como de presión”.
Aun así, Anaya dijo que la falta de independencia judicial en El Salvador hacía poco probable el éxito. El partido de Bukele removió a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema en 2021 y los reemplazó con jueces vistos como más favorables a la administración.
“¿Quién va a definir la libertad de estas personas, los jueces estadounidenses, los jueces salvadoreños?”, preguntó Anaya. Las peticiones de hábeas corpus podrían al menos “demostrar la ilegitimidad de este vacío».
Qué tan difícil es salir de las prisiones ?
El Salvador ha vivido bajo un estado de emergencia desde marzo de 2022, cuando el Congreso otorgó a Bukele poderes extraordinarios para combatir a las poderosas pandillas callejeras del país.
Desde entonces, unas 84.000 personas han sido arrestadas, acusadas de vínculos con pandillas. El estado de emergencia ha permitido a las autoridades actuar sin protecciones básicas como el acceso a un abogado o informar a los detenidos por qué están siendo arrestados. Pueden ser retenidos durante 15 días sin ver a un juez.
Los homicidios han disminuido drásticamente en El Salvador y la mejora en la seguridad ha impulsado la popularidad de Bukele.
Pero mientras Bukele ha dicho que unos 8.000 de los arrestados han sido liberados por falta de pruebas, muchos más no han encontrado una salida.
El año pasado, la Fundación para el Debido Proceso publicó un informe que mostraba que la Sala Constitucional de la Corte Suprema había rechazado «sistemáticamente» más de 6.000 peticiones de hábeas corpus presentadas por familias de personas arrestadas bajo el estado de emergencia.
