Trabajadores jubilados y pensionados del sector salud de la entidad carabobeña sostuvieron una reunión informativa en días recientes para abordar el tema de la irregularidades en los procesos de desincorporación por parte del Insalud.
El encuentro se realizó en los espacios del Colegio de Odontólogos, donde discutieron sobre la segunda ola de jubilaciones masivas del año, en la que más de 600 empleados de la región, especialmente de los municipios Juan José Mora y Puerto Cabello se han visto perjudicados.
“Solamente del eje costero hay 300 jubilaciones”, informó Maritza Sifontes, delegada principal de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela (FNJPV) para el estado Carabobo.
La vocera explicó que las notificaciones de la primera ola de jubilados fue el 1 de abril. “El cinco de abril me dirigí hasta la oficina del asesor jurídico de Insalud, Luis Alcalá, a pedirle mi resolución y mi finiquito para saber cuáles eran las deducciones, pero la respuesta fue que no habían llegado las resoluciones”, comentó sobre su caso.
Aseveró que así como su caso, habían cientos de compañeros en la misma situación. Las resoluciones no llegaron hasta casi un mes después, del 3 al 4 de mayo. Sin embargo, los recién jubilados se percataron de que hubo incongruencias en el proceso. “Hemos notado con preocupación que al personal que laboraba en el turno nocturno de 12 horas, les han puesto en sus notificaciones que laboraban 6 horas al día”.
La segunda ola de jubilaciones inició el 15 de mayo. Algunos todavía están a la espera de sus resoluciones.
Les exigen poder que cuesta casi $400
Por otra parte, Sifontes alertó mediante una conversación telefónica que muchos de los desincorporados les están exigiendo un poder que cuesta casi $400 en la Notaría Pública para retirar la resolución de jubilación. “Es una situación sumamente crítica, porque la realidad es que ese monto no lo obtiene ninguno de los trabajadores por sus años de servicio, de acuerdo a las cuentas que hemos sacado”.
Otra de las irregularidades denunciadas es que personas mayores en el exterior han dejado de recibir sus pensiones y jubilaciones. Al respecto, la delegada regional de la FNJPV dijo que se mantendrán trabajando para hacer valer los derechos laborales de quienes han entregado más de 30 años de servicio al país.
