El 15 de marzo, Donald Trump y Nayib Bukele convirtieron 238 historias diferentes en una sola. Un día antes, Luis Carlos José Marcano Silva, de 26 años, llamó a su madre desde un centro de detención para migrantes en Texas (Estados Unidos). Adelys Del Valle Silva estaba de cumpleaños en la Isla de Margarita, en Venezuela, y se alegró de oír la voz de su hijo, pero notó algo raro. Unas horas más tarde, entró otra llamada. Su hijo estaba llorando. No quería arruinarle la celebración a su mamá, pero tenía que contarle que lo iban a deportar a Venezuela al día siguiente. No entendía, si él no había hecho nada malo en el casi año y medio que llevaba viviendo con permiso temporal en Estados Unidos tras cruzar la frontera y haber solicitado asilo, decía entre llantos. Si lo expulsaban del país, pensaba, allí se quedarían solas su esposa y sus dos hijas, de ocho y tres años, que habían llegado con él. Adelys trató de consolar a su hijo. Encontrarían una solución para estar juntos una vez estuviera de nuevo en su casa, prometió. Pero Luis Carlos nunca volvió. Fue expulsado de Estados Unidos a El Salvador e internado en una infame cárcel de máxima seguridad. Su madre y su esposa no han vuelto a saber nada de él.

Luis Carlos se encuentra junto a otros 237 venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como Cecot, después de que el Gobierno de Donald Trump los deportara bajo el supuesto de que son miembros de la pandilla El Tren de Aragua, una organización declarada como terrorista en el primer día del republicano de regreso en la Casa Blanca. Y lo hizo al país centroamericano gracias a la complicidad de uno de sus mayores aliados en América Latina, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se ha vanagloriado del acuerdo de recibir supuestos criminales desde Estados Unidos. Esta práctica de expulsar personas a un tercer país es cada vez más utilizada y no es ilegal, en principio, pero ninguno de los deportados pasó ante un juez y, desde que están en la cárcel, ninguno de sus familiares ha recibido prueba alguna de su estado.

En el caso de al menos 137 de los 238 venezolanos deportados ese día, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, promulgada en 1798 y solamente activada anteriormente en la guerra contra Reino Unido de 1812 y en las dos guerras mundiales. Esta ley permite expulsar a ciudadanos extranjeros si se puede probar que hacen parte de una fuerza invasora. El argumento de la Administración estadounidense, en línea con su dialéctica antiinmigrante, es que estos hombres, a los que tilda de pandilleros —sin pruebas, en la mayoría de los casos—, equivalen a un ejército conquistador.

Los familiares de los deportados defienden que no es así. Muchos reconocieron a sus hijos, hermanos, sobrinos o esposos en las imágenes que publicó Bukele cuando llegaron al Cecot. En ellas, el presidente salvadoreño, que va a recibir por parte del Gobierno estadounidense 20.000 dólares anuales por cada preso, presume de cómo recibían engrilletados de muñecas, caderas y tobillos a estos hombres junto con 23 salvadoreños acusados, por su parte, de ser miembros de la pandilla MS-13.

Al igual que centenares como él, Noel Guape, tío del deportado Roger Eduardo Molina, sospecha que la suerte de su sobrino fue echada en el momento en el que vieron el tatuaje de una corona que tiene en el pecho. Estaba siendo interrogado por agentes migratorios de manera aparentemente rutinaria en el aeropuerto de Houston el pasado 8 de enero, donde había llegado desde Bogotá con sus papeles en regla tras seguir un programa para conseguir asilo de la mano de ACNUR (agencia de la ONU). “Los funcionarios le dijeron que habían investigado y que podían ver que él no tenía antecedentes penales. ¿Y es que qué antecedentes va a tener si era su primera vez pisando Estados Unidos?”. Aun así, desde ese día Roger solo ha dormido en centros de detención o cárceles, y no ha vuelto a ver a su novia, que viajaba con él y fue regresada inmediatamente a Colombia.

Que los tatuajes son para las autoridades estadounidenses uno de los indicios para identificar presuntos miembros del Tren de Aragua se confirmó a finales de marzo, cuando la American Civil Liberties Union (ACLU) publicó como prueba judicial en una demanda una guía del Departamento de Seguridad Nacional que establece un sistema de puntos para determinar si un sospechoso pertenece a una pandilla criminal. Alcanzar los ocho puntos es equiparable a ser pandillero, una suma muy fácil de lograr de acuerdo a los criterios detallados en el documento. Por ejemplo, tener tatuajes como una corona, un tren, un reloj, o la popular frase “Real hasta la muerte”, del reguetonero Anuel AA, da cuatro puntos. Usar ropa deportiva de equipos estadounidenses como los Chicago Bulls o de la marca Jordan otorga otros cuatro.

Esos tatuajes y esa vestimenta son muy comunes entre los jóvenes venezolanos. Para Adelys del Valle, la conclusión es sencilla: “Ya ser venezolano es un delito”.

La periodista venezolana Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua: La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina (Editorial Dahbar), sobre los entresijos de la pandilla, asegura que de acuerdo a su propia investigación, los tatuajes o la vestimenta no son una seña de identidad de los miembros de la banda y también pone en duda que los deportados realmente sean miembros del grupo. “Es probable que haya miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos, pero no hay detalles ni pruebas oficiales que salgan de una investigación policial. Cuando tratas de indagar son como retazos que dijo un funcionario en algún momento”.

Además, añade Rísquez, desde que un operativo de las autoridades venezolanas en 2023 en la cárcel de Tocorón, en el Estado venezolano de Aragua, desmanteló su centro de operaciones, el grupo se ha debilitado y sus actividades y dinámicas no son claras, mientras que el paradero de sus cabecillas es desconocido. “Denominarlo una organización terrorista es absolutamente desproporcionado. No le llegan ni a la suela de los zapatos a Al Qaeda y tampoco si lo comparamos incluso con los carteles mexicanos [también declarados como terroristas por el Gobierno Trump], que son señalados de introducir toneladas de drogas que han matado a miles de estadounidenses. Eso no significa que El Tren de Aragua sean unos santos, claro”.

La organización Human Rights Watch (HRW), que está llevando a cabo su propia investigación, ha confirmado por ahora la ausencia de antecedentes criminales de muchos de los deportados venezolanos a El Salvador. Han sido exhaustivos, y han buscado esos historiales en Venezuela, en Estados Unidos, a nivel federal y en cada uno de los 50 Estados de la nación, así como en otros países por donde han pasado en algún momento los deportados, como Colombia, Perú o Chile. Hay algunos sobre los que sí pesan órdenes de captura por delitos graves, y otros cuantos que han cometido infracciones leves. La conclusión de la organización, sin embargo, es que se trata de un caso masivo de detención arbitraria y desaparición forzada.

El subdirector de la División de las Américas de HRW, Juan Pappier, justifica la aplicación de estas categorías: “En ningún momento les avisaron de que iban a ser deportados a El Salvador. Y de la noche a la mañana fueron enviados allí. Las autoridades migratorias de Estados Unidos borraron sus casos de la base de datos que utilizan los abogados y las familias para ubicar a las personas que tienen casos abiertos o están detenidas. Cuando llaman al ICE (el servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés), en el mejor de los casos les dicen que sus familiares fueron deportados, pero nada más. Es decir, hay una negativa constante a confirmar el paradero de estas personas y su suerte, lo cual constituye una desaparición forzada conforme al derecho internacional”.

El Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela comparte en este caso los argumentos de una organización que lo ha denunciado reiteradamente. El 24 de marzo, un bufete salvadoreño contratado por la vicepresidencia venezolana presentó un habeas corpus ante la Corte Suprema de El Salvador para exigir la liberación inmediata de los venezolanos presos en la megacárcel de Bukele. Altos mandos del régimen venezolano han estado en contacto con familiares de detenidos y han prometido hacer lo posible por asegurar su retorno a Venezuela. Sin embargo, el país no mantiene relaciones diplomáticas con El Salvador, por lo cual hay mucha incertidumbre sobre el éxito de la misión.

Después de un mes sin noticias, la angustia de los familiares crece. Todos saben de las denuncias de malos tratos y violaciones de derechos humanos que ocurren en el Cecot, la cárcel donde están detenidos los deportados. Y estas se hacen más temibles cuando ya los han escuchado describir las terribles condiciones de los centros de detención estadounidenses.

Julio Rafael Fernández Sánchez estuvo internado durante ocho meses en uno de estos centros en el Estado de Arizona, después de ser detenido en la ciudad fronteriza de Nogales el 18 de julio del año pasado junto a su esposa, Carolina, y su hijo de 17 años. Entraron al país con una cita que sacaron por la aplicación de CBP One, que el Gobierno Biden lanzó para agilizar las entradas y las peticiones de asilo, después de seis años viviendo en Perú, donde montaron un pequeño negocio de mototaxis, y varios meses trabajando en una taquería de Ciudad de México. La mujer y el adolescente fueron liberados, pero Julio no salió. En el momento en que le vieron un reloj tatuado en el brazo, un regalo de aniversario de Carolina, sus caminos se separaron.

Pasaron cuatro días antes de que ella pudiera hablar con él. “Dijeron que lo iban a interrogar y todo salió bien. Pero ahí seguía. Hasta le conseguí los antecedentes penales porque él pensaba que por eso era que no salía. Y pasaban los meses y nada”, cuenta la esposa, que se comunicaba con Julio a diario. “Decía que no podía hablar mucho porque las llamadas son grabadas. Pero en un momento dijo que le dolía mucho alzar el brazo, que tenía un desgarro. Y yo no entendía, si decía que dormía bien. Pero él se hacía el fuerte para no angustiarme a mí. Lo que sí le preocupaba era que no podía ir al baño [por problemas estomacales], pasaba 20 días sin ir, y pedía una pastilla o algo y no le daban nada”, cuenta Carolina con la voz quebrada de imaginar sufriendo a su esposo, que ha cumplido 35 años el pasado jueves en el hoyo negro del Cecot.

Varios familiares llegaron al punto de temer que sus hijos o maridos cometerían suicidio por las miserables condiciones. Por eso, en estos momentos, como si se tratara de un secuestro, lo mínimo que piden es una prueba de vida de los detenidos por parte del Gobierno salvadoreño.

La batalla en Estados Unidos es ahora jurídica y gira en torno a la negación del debido proceso. Mientras los vuelos cargados de migrantes acusados de ser pandilleros invasores partían, un juez federal llamado James Boasberg dictó la suspensión de la ley que justificaba la deportación, pues los detenidos no habían pasado frente a un magistrado, como requiere la normativa. El Gobierno ignoró aquella orden —el mensaje de Bukele burlándose de Boasberg, compartido por varios altos cargos de la Administración de Trump, encapsuló ese momento: “Upsi… Demasiado tarde”, escribió en X— y eso ha precipitado un enfrentamiento legal que ha llegado rápidamente hasta el Tribunal Supremo.

La cuestión todavía puede derivar en una crisis constitucional sobre el límite del poder del Ejecutivo de Trump si este decide desoír las órdenes judiciales. Un Tribunal Supremo dividido permitió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, pero también determinó que una deportación debe ser ordenada por un magistrado. El juez Boasberg esta semana ha dicho que hay indicios para declarar en desacato al Gobierno, mientras que el Supremo ha prohibido en la madrugada de este sábado la expulsión de un nuevo grupo de alrededor de 50 venezolanos detenidos en Texas mientras su caso se analiza en los tribunales.

Por otro lado, asociaciones defensoras de derechos lideradas por ACLU han demandado al Gobierno con el argumento de que no se dan las condiciones para invocar la antigua ley: una guerra o una invasión real. El mes pasado, la jueza de apelaciones Patricia Millet fue tajante: “Los nazis recibieron mejor trato bajo la Ley de Enemigos Extranjeros”.