Por STEVEN GRATTAN Associated Press
BOGOTÁ (AP) — Los ambiciosos planes de Colombia para el desarrollo de la energía eólica, especialmente en la región rica en recursos de La Guajira, enfrentan serios contratiempos a medida que grandes empresas se retiran y los proyectos se estancan, según expertos de la industria.
Margarita Nieves, directora de la Red de Investigación de Energía Eólica Marina de Colombia, dijo a The Associated Press que a pesar de los grandes objetivos —incluyendo 1,1 gigavatios adjudicados en una subasta de 2019— sólo dos parques eólicos están operando parcialmente hoy, con una capacidad combinada de menos de 32 megavatios.
La Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia estima que el país podría generar hasta 18 gigavatios de energía eólica, casi el doble de la capacidad eléctrica instalada actual de 20 gigavatios.
Varias empresas trajeron equipos e infraestructura a Colombia alrededor de 2021 antes de asegurar permisos, pero los parques siguen sin construirse. Los principales obstáculos incluyen una infraestructura de conexión a la red limitada en La Guajira, cambios regulatorios recientes que reducen los rendimientos financieros y desafíos sociales y de liderazgo complejos.
Colombia, el tercer país más poblado de América Latina, se ha comprometido a alcanzar emisiones netas cero para 2050. El presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda del país, se presenta como un ambientalista y defensor de una transición energética justa. Sin embargo, Colombia sigue siendo profundamente dependiente de los combustibles fósiles: el petróleo es su principal exportación y una fuente importante de ingresos para el gobierno.
En 2023, la multinacional italiana Enel se retiró del proyecto de energía eólica terrestre Windpeshi en La Guajira. A finales de 2024, EDP Renewables canceló dos grandes proyectos, Alpha y Beta, dos parques eólicos terrestres a gran escala en la misma región. En mayo, la empresa estatal colombiana de petróleo Ecopetrol adquirió nueve proyectos de energía solar y eólica de la noruega Statkraft, marcando la salida de la firma europea del país. La cartera abarca La Guajira, Sucre, Córdoba, Caldas y Magdalena, con una capacidad potencial combinada de 1,3 gigavatios. Sólo un proyecto está actualmente operativo, y se espera que otros entren en funcionamiento entre 2026 y 2027.
El movimiento es parte de la estrategia más amplia de transición energética de Ecopetrol para reducir la dependencia del petróleo y el gas y cumplir con los objetivos de emisiones netas cero para 2050. Sin embargo, desafíos como retrasos regulatorios, preocupaciones de gobernanza y posibles impactos en la estabilidad fiscal de Colombia plantean interrogantes sobre el ritmo de la transición y sus efectos económicos.
Nieves advirtió que la situación es muy preocupante, debido a que únicamente dos de más de 20 proyectos planificados han avanzado. Subrayó la necesidad de acelerar los procesos regulatorios, mejorar las consultas con las comunidades indígenas —notablemente los Wayuu en La Guajira— y asegurar una infraestructura eléctrica suficiente.
Los retrasos también amenazan las ambiciones de energía eólica marina de Colombia
«Colombia tiene más de 20 anos de atraso en el sector de energía eólica», señaló Nieves. «Siempre pongo como ejemplo a Brasil. En los últimos 20 anos en Brasil se han construido más de 1.300 parques eólicos terrestres y es el quinto país donde más se producen turbinas eólicas terrestres del mundo».
Los proyectos de energía eólica eran parte de la transición energética justa de Colombia, con el objetivo de reemplazar los combustibles fósiles con energías renovables mientras se apoya a grupos vulnerables como los pueblos indígenas. La región alberga a Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo y un actor importante en el sector minero de América Latina, que ha estado en operación desde 1985. La mina tiene sólo nueve años de vida útil restante, y su cierre, sin planes alternativos en marcha, supondrá un golpe significativo para la economía de la región.
Resistencia a proyectos con comunidades indígenas
Para Samuel Lanao, jefe de la autoridad ambiental de La Guajira, la principal razón por la que varios proyectos de energía renovable con licencia se están vendiendo es porque las empresas luchan con tensiones sociales profundamente arraigadas, particularmente durante el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas locales. Lanao dijo que han surgido confrontaciones entre las empresas y los residentes, descarrilando las expectativas de desarrollo.
«Esto ha sido un golpe duro para el departamento de La Guajira», señaló. Añadió que eso se debe a que «se tenía una gran expectativa de desarrollo económico y social en la región con la puesta en marcha o la operación de estos proyectos».
El pueblo Wayuu, un grupo indígena seminómada en la árida región de La Guajira en el norte de Colombia y Venezuela, sigue dividido sobre el desarrollo de la energía eólica. Mientras que algunos han acogido el apoyo económico ofrecido por las empresas que construyen turbinas en sus tierras ancestrales, muchos otros han expresado preocupaciones sobre los impactos ambientales y culturales, y la falta de una consulta previa significativa, en lo que es una de las regiones más pobres de Colombia.
Diego Patrón, gerente del proyecto eólico Jemeiwaa Ka’I, un conjunto de parques eólicos a gran escala en La Guajira, reconoció la naturaleza pionera de los primeros esfuerzos eólicos de Colombia, que comenzaron en un vacío regulatorio sin marcos institucionales claros.
«Estos proyectos pioneros iniciaron sus trámites en un contexto carente de regulación específica… fueron, en muchos sentidos, experiencias fundacionales que se enfrentaron a una curva de aprendizaje institucional y territorial muy empinada», explicó Patrón. «No obstante, los legados de estos proyectos hoy constituyen la piedra angular sobre la cual se construyen nuevas iniciativas».
Patrón cree que las barreras en torno a la representación legítima de la comunidad Wayuu, los permisos ambientales y las resoluciones contractuales han sido superadas, creando condiciones más estables.
Patrón dijo que la desinformación profundizó las tensiones y dañó injustamente a empresas como EDP que, según él, tenían la intención de apoyar a las comunidades.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por DÁNICA COTO Associated Press
SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Una cantidad récord de sargazo se acumuló en todo el Caribe y áreas cercanas en mayo, y se prevé que se acumule más este mes, según un nuevo informe.
Las algas marrones y espinosas están sofocando las costas desde Puerto Rico hasta Guyana y más allá, interrumpiendo el turismo, matando la vida silvestre e incluso liberando gases tóxicos que obligaron a una escuela en la isla francesa del Caribe, Martinica, a cerrar temporalmente.
Las 38 millones de toneladas métricas de algas es la mayor cantidad que se ha registrado en el mar Caribe, en el Atlántico occidental y oriental y en el Golfo de México desde que los científicos comenzaron a estudiar el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico en 2011, dijo Brian Barnes, profesor asistente de investigación en la Universidad del Sur de Florida, quien trabajó en el informe publicado el lunes por el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida.
El récord anterior se estableció en junio de 2022, con unas 22 millones de toneladas métricas.
«Los picos parecen seguir haciéndose más grandes año tras año», expresó.
Pero los científicos aún no saben por qué.
«Es la pregunta del millón de dólares», comentó. «No tengo una respuesta completamente satisfactoria».
Existen tres tipos diferentes de sargazo en el Caribe y áreas cercanas, que se reproducen asexualmente mientras flotan gracias a pequeñas bolsas de aire. Prosperan de diferentes maneras dependiendo de la luz solar, los nutrientes y la temperatura del agua, factores que los científicos están estudiando actualmente, dijo Barnes.
Los expertos también han dicho que el escurrimiento agrícola, el calentamiento de las aguas y los cambios en el viento, las corrientes y la lluvia podrían tener un efecto.
Mientras que grandes grupos de algas en el océano abierto son lo que Barnes llamó un «ecosistema saludable y feliz» para criaturas que van desde pequeños camarones hasta tortugas marinas en peligro de extinción, el sargazo cerca o en la costa puede causar estragos.
Puede bloquear la luz solar que los arrecifes de coral necesitan para sobrevivir, y si las algas se hunden, pueden asfixiar los arrecifes y las praderas marinas. Una vez que llega a la costa, las criaturas que viven en las algas mueren o son capturadas por aves, dijo Barnes.
Enormes montones de algas malolientes también son un dolor de cabeza para el Caribe, donde el turismo a menudo genera grandes ingresos para las pequeñas islas.
«Es un desafío, pero ciertamente no está afectando cada centímetro del Caribe», comentó Frank Comito, asesor especial de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe.
En el popular destino turístico de Punta Cana en la República Dominicana, las autoridades han invertido en barreras para evitar que el sargazo llegue a la costa, señaló.
En el territorio caribeño holandés de St. Maarten, equipos con retroexcavadoras fueron enviados a finales de mayo como parte de una limpieza de emergencia después de que los residentes se quejaran de fuertes olores a amoníaco y sulfuro de hidrógeno, que pueden afectar el sistema respiratorio de una persona.
«El olor es bastante terrible», dijo Barnes.
Mientras tanto, en el Caribe francés, las autoridades esperan pronto utilizar barcazas de almacenamiento y un buque especial mejorado que puede recolectar varias toneladas de algas al día.
El sargazo «desfigura nuestras costas, impide nadar y hace la vida imposible para los residentes locales», dijo recientemente a los periodistas el primer ministro francés François Bayrou.
Pero Comito dijo que tales embarcaciones son «enormemente caras» y no son una opción popular, señalando que otra opción —usar equipo pesado— es laboriosa.
«Hay que tener cuidado porque podría haber huevos de tortuga marina afectados», comentó. «No es como si pudieras entrar y rastrillar y raspar todo».
Algunas islas del Caribe tienen dificultades financieras, por lo que la mayor parte de la limpieza la realizan los hoteles, algunos de los cuales ofrecen a los huéspedes reembolsos o un transporte gratuito a playas no afectadas.
Cada año, la cantidad de sargazo se expande a finales de la primavera, alcanza su punto máximo alrededor del verano y comienza a disminuir a finales del otoño o principios del invierno, dijo Barnes.
El nuevo récord establecido está lejos de ser estacionario: los expertos dijeron que esperan aún más sargazo para junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por SUMAN NAISHADHAM Associated Press
MADRID (AP) — El gobierno de España quiso enviar un mensaje el mes pasado con sus medidas en torno a Airbnb: que la economía española y su mercado inmobiliario no son un «libre para todos» que valoran las ganancias por encima del estado de derecho, dijo el martes Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, a The Associated Press.
El gobierno ordenó a Airbnb eliminar casi 66.000 alquileres vacacionales de la plataforma, los cuales, según dijo, habían violado las normas locales al no listar números de licencia, listar el número de licencia incorrecto o no especificar al propietario del apartamento. Airbnb está apelando la medida.
España es uno de los países más visitados del mundo. El año pasado, la nación del sur de Europa de 49 millones de habitantes recibió un récord de 94 millones de visitantes internacionales.
Pero un problema de asequibilidad de la vivienda que es particularmente agudo en ciudades como Madrid y Barcelona ha llevado a un creciente antagonismo contra los alquileres vacacionales a corto plazo. Airbnb es quizás el actor más conocido y visible.
El gobierno español dice que los dos están relacionados: el auge de Airbnb y otras empresas de alquiler a corto plazo, y el aumento de los alquileres y los costos de la vivienda.
«Obviamente hay una correlación entre estos dos hechos», comentó Bustinduy, a la AP. «No es una relación lineal, no es el único factor que lo afecta, hay muchos otros, pero es obviamente uno de los elementos que está contribuyendo».
Un informe reciente del Banco de España dijo que el país tiene un déficit de 450.000 viviendas. En los puntos turísticos de las Islas Canarias y Baleares, la mitad del parque de viviendas son alojamientos turísticos o propiedades de no residentes, según el informe.
«El turismo es sin duda una parte vital de la economía española. Es un sector estratégico y muy importante. Pero, como en cualquier otra actividad económica, debe llevarse a cabo de manera sostenible», expresó Bustinduy. «No puede poner en peligro los derechos constitucionales del pueblo español. Su derecho a la vivienda, pero también su derecho al bienestar».
El país ha visto varias protestas multitudinarias que han reunido a decenas de miles de personas para exigir más acción gubernamental sobre la vivienda. Carteles caseros, incluido uno que decía «Fuera Airbnb de nuestros barrios» en una reciente marcha en Madrid, han puesto de manifiesto la creciente ira de la población.
«Debe encontrarse un equilibrio entre los derechos constitucionales del pueblo español y las actividades económicas en general», comentó Bustinduy.
Los gobiernos regionales en España también están abordando el problema. El año pasado, Barcelona anunció un plan para cerrar los 10.000 apartamentos con licencia en la ciudad como alquileres a corto plazo para 2028, con el fin de salvaguardar el suministro de viviendas para los residentes a tiempo completo.
Airbnb dijo que mientras su apelación pasa por los tribunales, no se eliminarán inmediatamente los alquileres vacacionales del sitio.
En respuesta a la orden de España, Airbnb ha dicho que la plataforma conecta a los propietarios con los inquilinos, pero que no tiene obligaciones de supervisión, aunque requiere que los anfitriones demuestren que cumplen con las leyes locales.
Bustinduy dijo que la reciente acción de España refleja un deseo en la nación, pero también en otros lugares, de responsabilizar a las empresas tecnológicas como Airbnb.
«Hay una batalla en curso sobre la rendición de cuentas y la responsabilidad», afirmó Bustinduy. «La naturaleza digital de estas extraordinariamente poderosas corporaciones multinacionales no debe ser una excusa para no cumplir con las regulaciones establecidas democráticamente».
Bustinduy, quien pertenece al partido de izquierda Sumar de la coalición gobernante, desestimó la idea de que la acción del gobierno español hacia Airbnb podría desalentar a algunos turistas de visitar.
«Fomentará estancias más largas, fomentará el turismo responsable y preservará todo lo que tenemos en este maravilloso país, que es la razón por la que tanta gente quiere venir aquí», dijo.
El ministro también criticó a las aerolíneas de bajo costo. España ha presionado contra permitir que tales aerolíneas cobren a los pasajeros por el equipaje de mano. El año pasado, multó a cinco aerolíneas de bajo costo, incluidas RyanAir e easyJet, con un total de 179 millones de dólares por cobrar por el equipaje de mano.
«El principio detrás de estas acciones es siempre el mismo: preservar los derechos de los consumidores», señaló Bustinduy. «Las corporaciones poderosas, sin importar cuán grandes sean, deben adaptar sus modelos de negocio a las regulaciones existentes».
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Joseph Wilson en Barcelona, España, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.