Por ALI SWENSON y FARNOUSH AMIRI undefined
WASHINGTON (AP) — La Cámara de Representantes de Estados Unidos se dispone a votar sobre una propuesta para exigir prueba de ciudadanía a los que quieran votar, una iniciativa a la que los republicanos han dado prioridad en este año electoral a pesar de que las investigaciones muestran que la cantidad de no ciudadanos que se registran y votan ilegalmente en las elecciones es ínfima.
Incluso si se aprueba en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, es poco probable que la legislación avance en el Senado, liderado por los demócratas. El gobierno del presidente Joe Biden también ha manifestado que se opone rotundamente porque afirma que ya existen salvaguardias para verificar la elegibilidad de los votantes y hacer cumplir la ley a los no ciudadanos que intentan votar.
Sin embargo, la votación en la Cámara dará a los republicanos la oportunidad de llamar la atención sobre dos de sus temas centrales en la carrera de 2024: la frontera y la seguridad electoral. También están utilizando la oposición demócrata al proyecto de ley como combustible para las afirmaciones del expresidente Donald Trump de que los demócratas han alentado la oleada de migrantes para poder conseguir que se registren y voten, lo que sería ilegal. A los no ciudadanos no se les permite votar en las elecciones federales, ni en ninguna elección estatal.
El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, uno de los principales defensores del proyecto de ley, dijo en una rueda de prensa a principios de esta semana que los demócratas se oponen porque «quieren que los ilegales participen en nuestras elecciones federales, quieren que voten.»
Durante un discurso pronunciado el miércoles como anticipo del esperado debate en la Cámara de Representantes, calificó la votación de «momento decisivo para una generación.»
«Si sólo un pequeño porcentaje, una fracción de una fracción de todos esos ilegales que Joe Biden ha traído aquí para que voten, si votan, no sólo cambiaría una contienda electoral», dijo, «podría cambiar potencialmente todas nuestras contiendas».
En su plataforma Truth Social esta semana, Trump sugirió que los demócratas están presionando para dar a los migrantes no ciudadanos el derecho al voto e instó a los republicanos a aprobar la legislación –la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE– o «irse a casa y llorar hasta dormirse.»
La fijación con el voto de los no ciudadanos forma parte de una estrategia más amplia y a largo plazo de la campaña de Trump para poner en duda la validez de unas elecciones en caso de que pierda, y ha impulsado constantemente esa narrativa durante sus mítines de campaña este año. El mes pasado, en Las Vegas, dijo a sus partidarios: «La única forma de que nos ganen es haciendo trampas». También forma parte de una estrategia de campaña republicana más amplia, con legisladores republicanos en todo el país que aprueban leyes estatales y ponen medidas sobre el voto de los no ciudadanos en las papeletas estatales para noviembre.
Los demócratas y los defensores del derecho al voto han dicho que la legislación es innecesaria porque ya es un delito grave que los no ciudadanos se registren para votar en las elecciones federales, castigado con multas, prisión o deportación. Toda persona que se inscriba debe declarar bajo pena de perjurio que es ciudadano estadounidense. Los no ciudadanos tampoco pueden votar a nivel estatal. Un puñado de municipios les permiten votar en algunas elecciones locales.
«A pesar de toda su retórica histérica en torno a la Ley SAVE, los republicanos tienen un objetivo real: seguir erosionando la confianza de los estadounidenses en nuestros sistemas electorales», declaró el representante Joe Morelle, de Nueva York, principal demócrata de la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes.
También han señalado encuestas que muestran que millones de estadounidenses no tienen fácil acceso a pruebas documentales actualizadas de su ciudadanía, como un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización o un pasaporte, y por lo tanto el proyecto de ley podría inhibir a los votantes ciudadanos estadounidenses que no pueden seguir demostrando su estatus.
Si se aprobara el proyecto de ley, «no salvaguardaría la elegibilidad de los votantes estadounidenses, sino que privaría inmediatamente del derecho al voto a millones de ciudadanos estadounidenses», afirmó Sean Morales-Doyle, director de derecho al voto del Centro Brennan para la Justicia.
Sin embargo, los republicanos que apoyan el proyecto de ley afirman que la reciente oleada sin precedentes de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México crea un riesgo demasiado grande de que los no ciudadanos se cuelen por las rendijas. Podrían infringir la ley a propósito o sin darse cuenta para emitir votos que influirían en las elecciones por márgenes estrechos.
Si se aprueba, el proyecto de ley obligaría a eliminar a los no ciudadanos de los censos electorales estatales y exigiría a los nuevos solicitantes que presenten pruebas documentales de su ciudadanía estadounidense. También obligaría a los estados a establecer un proceso para que los solicitantes que no puedan demostrarlo aporten otras pruebas además de su declaración de ciudadanía, aunque no está claro qué pruebas podrían incluir.
Las investigaciones y auditorías realizadas en varios estados demuestran que ha habido casos de no ciudadanos que se han registrado con éxito para votar y han emitido su voto, aunque ocurre raramente y suele ser por error. Los estados tienen mecanismos para comprobarlo, aunque no existe un protocolo estándar que sigan todos.
Por ejemplo, el secretario de gobierno de Ohio, Frank LaRose, descubrió recientemente 137 sospechosos de no ser ciudadanos en el censo del estado —de un total aproximado de 8 millones de votantes– y dijo que estaba tomando medidas para confirmarlos y eliminarlos.
En 2022, el secretario de gobierno de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, llevó a cabo una auditoría de las listas de votantes de su estado buscando específicamente a no ciudadanos. Su oficina descubrió que 1.634 habían intentado registrarse para votar durante un periodo de 25 años, pero los funcionarios electorales habían detectado todas las solicitudes y ninguno había podido registrarse.
En Carolina del Norte en 2016, una auditoría de las elecciones encontró que 41 migrantes legales que aún no se habían convertido en ciudadanos emitieron votos, de un total de 4,8 millones de votos emitidos. Los votos no marcaron la diferencia en ninguna de las elecciones del estado.
En un documento de respaldo al proyecto de ley, Johnson enumeró otros ejemplos de no ciudadanos que habían sido eliminados de las listas en Boston y Virginia. Los departamentos electorales de esos estados no han respondido por el momento a las preguntas de The Associated Press para verificar esas afirmaciones.
Varios secretarios de gobierno, entrevistados durante su cumbre de verano celebrada esta semana en Puerto Rico, afirmaron que los intentos de los no ciudadanos de registrarse y votar no constituyen un gran problema en sus respectivos estados.
El secretario de gobierno de Kentucky, el republicano Michael Adams, dijo que su estado ya exige una identificación con foto para votar y que la mayoría de la gente utiliza el carné de conducir. El estado no permite que los no ciudadanos que viven ilegalmente en el país obtengan carnés de conducir, y dijo que sólo un «universo minúsculo» de residentes legales no ciudadanos puede obtener uno.
Por ello, «en mi estado no tenemos ningún problema», afirmó en una entrevista.
La vicegobernadora de Utah, la republicana Deidre Henderson, que supervisa las elecciones, dijo que apoya la propuesta de ley en su concepto, pero relató un episodio sobre cómo una selección agresiva del censo electoral puede dar lugar a la eliminación de votantes cualificados. Hace unos años, todos los miembros de su familia recibieron papeletas de voto por correo para unas elecciones municipales, excepto ella. Había sido eliminada del censo por haber nacido en Holanda, donde su padre estaba destacado en las Fuerzas Aéreas estadounidenses.
«Yo era vicegobernadora, supervisaba las elecciones, y me sacaron porque nací en Holanda», dijo. «Así que creo que definitivamente tenemos esos controles y equilibrios en el estado de Utah, tal vez hasta un extremo».
La votación en la Cámara de Representantes tiene lugar días después de que el Comité Nacional Republicano diera a conocer su plataforma de partido, que hace hincapié en cuestiones de seguridad fronteriza y se posiciona en contra de que los demócratas concedan «derecho de voto» a los migrantes que viven ilegalmente en el país.
Se espera que los republicanos saquen a relucir sus preocupaciones sobre inmigración e integridad electoral en la Convención Nacional Republicana de la próxima semana en Milwaukee, donde Trump tiene previsto aceptar su tercera nominación consecutiva a la presidencia.
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Swenson reportó desde Nueva York. La periodista de Associated Press Christina A. Cassidy en San Juan, Puerto Rico, contribuyó a este despacho.
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