Por ALANNA DURKIN RICHER, ERIC TUCKER y COLLEEN LONG Associated Press
WASHINGTON (AP) — El fiscal especial Jack Smith afirmó en un esperado informe publicado el martes que su equipo «defendió el Estado de derecho» mientras investigaba los esfuerzos del presidente electo Donald Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020 y que respalda completamente su decisión de presentar cargos penales que, según indicó, habrían resultado en una condena si los votantes no lo hubiesen vuelto a llevar a la Casa Blanca.
«El hilo conductor de todos los esfuerzos delictivos del sr. Trump fue el engaño —afirmaciones falsas y conscientes de fraude electoral— y la evidencia muestra que el sr. Trump utilizó estas mentiras como un arma para derrotar una función del gobierno federal fundamental para el proceso democrático de Estados Unidos», afirmó el documento.
El reporte, que se hizo público unos días antes de que Trump regrese a la Casa Blanca el 20 de enero, centra de nuevo la atención en su frenético pero fallido esfuerzo por aferrarse al poder en 2020. Con la acusación archivada gracias a la victoria electoral del republicano, se espera que el documento sea la última crónica del Departamento de Justicia sobre un oscuro capítulo en la historia estadounidense que amenazó con alterar la transferencia pacífica del poder, que durante siglos ha sido un pilar de la democracia, y complementa las acusaciones y los informes ya publicados.
Trump respondió en la madrugada del martes con una publicación en su plataforma Truth Social en la que aseveró que era «totalmente inocente» y describió a Smith «un fiscal inepto que no pudo llevar su caso a juicio antes de la elección». «¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!», agregó.
Trump fue acusado en agosto de 2023 de trabajar para anular la elección, pero el caso se retrasó por apelaciones y al final quedó significativamente limitado por una Corte Suprema de mayoría conservadora que sostuvo por primera vez que los expresidentes gozan de una amplia inmunidad frente a la persecución penal por actos oficiales.
Aunque Smith trató de salvar la acusación, el equipo la desestimó por completo en noviembre debido a la política de larga data del Departamento de Justicia que sostiene que los presidentes en funciones no pueden enfrentar procesos penales federales.
«La opinión del Departamento de que la Constitución prohíbe la continuación de la acusación y el enjuiciamiento de un presidente es categórica y no depende de la gravedad de los delitos imputados, la fuerza de la prueba del Gobierno o los méritos de la acusación, que la Oficina respalda plenamente», relata el informe. «De hecho, si no fuera por la elección del sr. Trump y su inminente regreso a la presidencia, la Oficina evaluó que la evidencia admisible era suficiente para obtener y sostener una condena en un juicio».
El Departamento de Justicia transmitió el reporte al Congreso a primera hora del martes luego de que un juez se negó a bloquear su publicación. Un volumen separado del informe, centrado en la acumulación de documentos clasificados por Trump en Mar-a-Lago, acciones que formaron la base de una acusación separada contra Trump, permanecerá en secreto por ahora.
Aunque la mayoría de los detalles de los esfuerzos de Trump para revertir el resultado de los comicios ya son bien conocidos, el documento incluye por primera vez una evaluación detallada de Smith sobre su investigación, así como la defensa del fiscal especial contra las críticas de Trump y de sus aliados sobre la politización de la pesquisa o de que trabajó en colaboración con la Casa Blanca — una idea que calificó como «irrisoria».
«Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendió el Estado de derecho importa», escribió Smith en una carta al fiscal general, Merrick Garland, adjunta al reporte. «Creo que el ejemplo que nuestro equipo dio para que otros luchen por la justicia sin tener en cuenta los costos personales importa».
El fiscal especial expuso también los desafíos que enfrentó en su investigación, incluida la reivindicación de Trump de un privilegio ejecutivo para tratar de impedir que los testigos proporcionasen evidencias, lo que obligó a los fiscales a entrar en batallas judiciales secretas antes de que se presentaran los cargos.
Otro «desafío significativo» fue la «capacidad y disposición (de Trump) para usar su influencia y a sus seguidores en redes sociales para atacar a testigos, tribunales, fiscales», lo que llevó a la fiscalía a solicitar una orden de restricción para proteger a los posibles testigos del acoso, escribió Smith.
«El recurso del sr. Trump a la intimidación y al acoso durante la investigación no fue nuevo, como demostraron sus acciones durante las conspiraciones imputadas», añadió el fiscal especial.
«Un componente fundamental de la conducta del sr. Trump subyacente a los cargos en el Caso Electoral fue su patrón de usar redes sociales —en ese momento Twitter— para atacar públicamente y tratar de influir en funcionarios estatales y federales, jueces y trabajadores electorales que se negaron a apoyar afirmaciones falsas de que la elección había sido robada o que de otro modo resistieron la complicidad en la trama del sr. Trump», agregó.
Smith también explicó por primera vez el proceso de razonamiento detrás de las decisiones de enjuiciamiento de su equipo, apuntando que su oficina decidió no acusar al exmandatario de incitación en parte debido a preocupaciones de libertad de expresión, o de insurrección, porque en aquel momento era el presidente en funciones y había dudas sobre la posibilidad de llevar a juicio ese delito, del que no había constancia de que hubiese sido procesado antes.
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El periodista de The Associated Press Zeke Miller contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por MOGOMOTSI MAGOME y GERALD IMRAY Associated Press
STILFONTEIN, Sudáfrica (AP) — Los rescatistas enviaron el martes una estructura similar a una jaula a una de las minas más profundas de Sudáfrica en un intento de sacar a los sobrevivientes entre cientos de mineros ilegales atrapados bajo tierra desde hace meses en un pozo abandonado. Se cree que más de 100 han muerto de hambre o por deshidratación.
Organizaciones cívicas y grupos que representan a los mineros dijeron que desde el viernes se han sacado al menos 24 cuerpos y 34 sobrevivientes de la mina de oro Buffelsfontein, pero se cree que aún hay más de 500 personas bajo tierra, muchas de ellas enfermas y muriendo de hambre. La policía indicó que no sabe con certeza cuántos atrapados hay, pero es probable que sean cientos.
A primera hora del martes se recuperaron seis cadáveres y a ocho sobrevivientes, señaló Mzukisi Jam, presidente regional de la Organización Nacional Cívica de Sudáfrica, un colectivo que reúne a grupos cívicos y de derechos. Jam estaba en la mina.
La mina, ubicada cerca del pueblo de Stilfontein, al suroeste de Johannesburgo, ha sido escenario de un tenso enfrentamiento entre policía, mineros y miembros de la comunidad local desde noviembre, cuando las autoridades lanzaron el primer operativo para tratar para forzar la salida de los trabajadores. Los familiares de los mineros afirman que algunos están bajo tierra desde julio.
Las autoridades apuntan que los mineros pueden salir y se niegan, pero grupos de derechos y activistas han negado esa afirmación y criticaron con dureza la táctica policial de cortarles el suministros de alimento y agua desde la superficie en un intento de forzar el desalojo. Los grupos de derechos sostienen que muchos de los mineros están muriendo de hambre y son incapaces de salir porque el pozo es demasiado empinado y el sistema de cuerdas y poleas que usaron para entrar ha sido retirado.
«Estamos contentos de que esté sucediendo la operación de rescate, aunque creemos que si se hubiera hecho antes no habría ni un solo fallecido», declaró Jam.
La minería ilegal es habitual en partes de Sudáfrica ricas en oro, donde las empresas cierran minas que ya no son rentables dejando grupos de mineros informales entren de forma ilegal para tratar de encontrar depósitos restantes.
A menudo, grandes grupos de mineros pasan meses bajo tierra para maximizar sus ganancias y llevan comida, agua, generadores y otros equipos con ellos, pero también dependen de otros miembros de su grupo en la superficie para que les envíen más suministros.
Las autoridades confirmaron que algunos han escapado de la mina desde noviembre y han sido arrestados, aunque el número exacto no está claro. La policía dice que tienen miedo de ser arrestados si salen.
Los activistas de derechos indicaron que la única salida es que los mineros hagan una peligrosa travesía a otro pozo, lo que puede llevar días, y salgan arrastrándose por allí. Muchos de ellos están demasiado débiles o enfermos para salir, añadió. La mina tiene una profundidad de 2,5 kilómetros (1,5 millas) y cuenta con múltiples pozos, muchos niveles y es un laberinto de túneles, y el grupo comunitario de minería afirmó que hay numerosos grupos de trabajadores en varias partes de la mina.
Los residentes se han congregado cerca del pozo esperando desesperadamente noticias sobre sus familiares. La comunidad organizó su propia operación de rescate el viernes, antes de que la oficial comenzara el lunes.
«La última vez que hablé con mi hermano fue en julio, cuando nos dijo que iba a entrar», contó Zinzi Tom, hermana de uno de los mineros que seguían en el pozo. «No habíamos sabido nada de él, pero ayer uno de los mineros que salió dijo que lo vio hace unas dos semanas. Aparentemente está muy enfermo y luchando por sobrevivir».
El grupo Mining Affected Communities United in Action, que llevó a las autoridades a los tribunales en diciembre para obligarlos a permitir que se enviara comida, agua y medicamentos a los mineros, publicó dos videos grabados con celulares que dijeron que eran del subsuelo y mostraban docenas de cuerpos de mineros envueltos en plástico. Un vocero del colectivo dijo que «un mínimo» de 100 habían muerto.
Los videos fueron filmados por un hombre al que se le puede escuchar diciendo: «Esto es el hambre. La gente está muriendo de hambre», mientras graba a hombres de aspecto demacrado sentados en el suelo húmedo de la mina. «Por favor, ayúdennos. Tráiganos comida o sáquennos», agregó.
Los ministros sudafricanos de policía y recursos minerales tenían previsto visitar la mina el martes, mientras que las autoridades han sido objeto de escrutinio por sus tácticas.
La ministra de gabinete Khumbudzo Ntshavheni dijo a reporteros en noviembre que el gobierno no ayudaría a los mineros, a quienes consideraban «criminales».
«No estamos enviando ayuda a los criminales», indicó, según la prensa local. «Vamos a sacarlos con humo. Saldrán».
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Imray informó desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.