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QUITO (AP) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el lunes que el Estado no encubrirá a quienes hayan participado en el caso de la desaparición de cuatro niños, supuestamente a manos de militares, mientras organismos de defensa de derechos humanos y ciudadanos exigen en un plantón que el caso se investigue como desaparición forzada.
Los cuatro niños, de 11 años, dos de 14 y uno de 15, desaparecieron la noche del ocho de diciembre luego de jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, al sur de la ciudad costera Guayaquil, 265 kilómetros al suroeste de la capital, Quito.
Según la versión de su padre, dos vehículos con personas que llevaban uniforme militar llegaron a la zona, ante lo cual varios menores huyeron y cuatro fueron alcanzados y llevados en los autos, sin que se conozca hasta el momento su paradero.
«Estamos del lado de la justicia y haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie», aseguró el mandatario ecuatoriano en una entrevista con radio Democracia.
Consultado sobre si se puede calificar al caso como una desaparición forzada, aseguró que es prematuro mientras la Fiscalía investiga y a la que solicitó que tome declaración «a todas las personas que estuvieron directa o indirectamente involucrados en esos días y en esas horas» en operativos.
«Tiene que haber completa colaboración de todas las instituciones del Estado, no pueden atrasar absolutamente nada, ésa es la disposición», aseveró.
Pero en una nueva versión sobre el caso, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseveró el lunes que, según un informe militar, los menores fueron detenidos por una patrulla con 16 agentes quienes «observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer». Posteriormente, son neutralizados y aprehendidas tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía, dijo en declaraciones a radio City.
Loffredo agregó que tras la aprehensión, los militares dejaron libres a los menores y no los entregaron a la Policía. «Imagino yo», infirió el ministro, porque «no han hecho nada grave (…) nadie iba a poner una denuncia».
No obstante, en declaraciones previas, las autoridades de seguridad habían descartado «cualquier participación de la Fuerza Pública» en los hechos posteriores al operativo militar, aseguró el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Jaime Vela, mientras el ministro de Defensa adjudicó la desaparición de los menores a «grupos delincuenciales».
En los exteriores de la fiscalía en Guayaquil, decenas de personas se convocaron para reclamar respuestas sobre la ubicación de los niños, pero también para exigir que se investigue el caso como desaparición forzada, dijo a The Associated Press, Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente para la defensa de los Derechos Humanos.
Esto implica, señaló el activista, que estamos frente a «una grave violación de derechos humanos y que se debe procesar penalmente a los militares involucrados». Bastias afirmó que «en la madrugada se realizaron allanamientos a Taura (una base militar) y se habrían identificado los carros utilizados para detener a los menores», por lo que cuestionó la versión del ministro Loffredo asegurando que estarían involucrados grupos de delincuenciales.
La AP solicitó información a la Fiscalía sobre el presunto allanamiento pero no obtuvo respuesta de inmediato.
El caso que ha conmocionado al país y se difunde en redes sociales como «Los cuatro de Guayaquil», llevó a la Asamblea a solicitar la presencia el lunes de varias autoridades del Estado para que informen sobre «la presunta desaparición forzada de los menores de edad».
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Ecuador (ASFADEC) expresó en un comunicado su «profunda preocupación» por el caso y recordó que la desaparición de personas constituye un delito de lesa humanidad. «La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir terror «, agregó el reporte y solicitó celeridad en las investigaciones.
La desaparición forzada cometida por un agente estatal en violación de los derechos y garantías constitucionales es penada la legislación ecuatoriana con 26 años de prisión.

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BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Fabio Ochoa Vásquez, quien fuera uno de los capos del temido Cártel de Medellín y socio de Pablo Escobar, llegaría el lunes deportado de Estados Unidos donde purgó una condena de más de dos décadas por narcotráfico, informó Migración Colombia.
La autoridad migratoria señaló el lunes en un comunicado que Ochoa arribará al país en horas de la tarde en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. Se espera que el excapo ingrese a Colombia «sin novedad» una vez finalice el proceso de control migratorio y las autoridades verifiquen que no tiene anotación judicial alguna, agregó Migración.
Fabio es el menor del clan de los hermanos Ochoa Vásquez, junto a Jorge Luis y Juan David, quienes incursionaron en el narcotráfico en la década de 1970 y se convirtieron en socios del Cártel de Medellín que terminó liderando Escobar, muerto por la policía en 1993.
Ochoa fue capturado en 1999 en Colombia y extraditado hacia Estados Unidos en 2001, donde fue condenado a 30 años de prisión por conspiración para poseer e importar cinco o más kilos de cocaína a ese país. A sus 67 años, cumplió su sentencia el 3 de diciembre luego de purgar 25 años de prisión.
Su deportación se dilató unos días en espera de que se resolviera un requerimiento judicial para que compareciera en Jacksonville, Florida, el 28 de enero, debido a una acusación formal pendiente por un caso de narcotráfico.
Finalmente, el fiscal retiró la solicitud de comparecencia y pidió a una corte federal en Florida que se reanudara su proceso de deportación, en cumplimiento del tratado de extradición vigente con Colombia.

Por SUSAN HAIGH undefined
La policía de la ciudad de Nueva York trabajaba el lunes para identificar a la mujer que murió luego que alguien le prendió fuego en el metro, así como para obtener más información sobre el hombre detenido que ha sido calificado de «persona de interés» en el crimen.
El jefe de tránsito, Joseph Gulotta, dijo el domingo que las preguntas sobre el historial del sospechoso y si la víctima era una persona sin hogar formaban parte de una investigación policial activa.
La policía de tránsito detuvo al hombre, que aún no ha sido identificado públicamente, después de recibir un informe de tres estudiantes de secundaria que lo habían reconocido. Habían visto imágenes del sospechoso tomadas de videos de vigilancia y cámaras corporales de la policía y distribuidas ampliamente.
«Los neoyorquinos volvieron a responder», dijo el domingo la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch. Describió el caso como «uno de los crímenes más depravados que una persona podría cometer contra otro ser humano».
Tisch dijo que el sospechoso y la mujer habían estado viajando en un tren de metro sin ninguna interacción entre ellos hasta el final de la línea en Brooklyn alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo.
Después de que el tren se detuvo, un video de vigilancia del vagón de metro muestra al hombre caminando «con calma» hacia la víctima, que estaba sentada inmóvil, posiblemente durmiendo, y prendió fuego a su ropa con lo que parece ser un encendedor. La ropa de la mujer entonces «se envuelve completamente en llamas en cuestión de segundos», dijo Tisch.
La policía no cree que los dos se conocían.
Oficiales en una patrulla rutinaria en la estación de metro Coney Island-Stillwell Avenue olieron y vieron humo, y descubrieron a la mujer en llamas, de pie en medio del vagón de metro. Después de que el fuego fue extinguido, el personal médico de emergencia declaró a la mujer muerta en el lugar.
Sin que los oficiales lo supieran, el sospechoso había permanecido en la escena y estaba sentado en un banco en la plataforma del metro, justo fuera del vagón de tren, dijo Tisch. Las cámaras corporales de los oficiales captaron una «imagen clara y detallada» del sospechoso y esas imágenes fueron diseminadas públicamente.
Después de recibir la llamada de los adolescentes, otros oficiales de tránsito identificaron al hombre en otro tren de metro y radiaron a la siguiente estación, donde más oficiales mantuvieron las puertas del tren cerradas, registraron cada vagón y finalmente lo detuvieron sin incidentes, dijo Gulotta. El hombre tenía un encendedor en su bolsillo cuando fue detenido, dijo Tisch.
El caso marcó la segunda fatalidad en un metro de Nueva York ese domingo.
A las 12:35 de la madrugada, la policía respondió a una llamada de emergencia por un asalto en progreso en la estación 61st Street-Woodside en Queens y encontró a un hombre de 37 años con una puñalada en el torso y a un hombre de 26 años con múltiples cortes en todo el cuerpo. El hombre mayor fue declarado muerto en un hospital cercano mientras que el hombre más joven estaba en condición estable, dijo la policía.
La investigación continuaba.
Este año, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha enviado a la Guardia Nacional al sistema de metro de la ciudad para ayudar a la policía a registrar las bolsas de los pasajeros en después de una serie de crímenes notorios en los trenes de la ciudad. Hochul recientemente desplegó miembros adicionales para ayudar a patrullar durante la temporada navideña.
Hace aproximadamente un año, Hochul apoyó la financiación para instalar cámaras de video en cada vagón del sistema de metro de Nueva York, dijo Michael Kemper, jefe de seguridad de la Autoridad de Transporte Metropolitano. Él y otros funcionarios el domingo atribuyeron a las cámaras el haber ayudado a localizar al sospechoso tan rápidamente.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por MICHAEL R. SISAK y JAKE OFFENHARTZ undefined
NUEVA YORK (AP) — El hombre acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare se declaró inocente el lunes de cargos estatales de asesinato y terrorismo, mientras su abogada se quejaba de que las declaraciones del alcalde de Nueva York dificultarían recibir un juicio justo.
Luigi Mangione, de 26 años, estaba esposado y sentado en un tribunal de Manhattan cuando se inclinó hacia un micrófono para presentar su declaración. La fiscalía de Manhattan lo acusó formalmente la semana pasada de múltiples cargos de asesinato, incluyendo asesinato como acto de terrorismo, en un caso estatal que se desarrollará en paralelo a su procesamiento federal.
Su primera aparición en el tribunal estatal de Nueva York fue anticipada por los fiscales federales que presentaron sus propios cargos por el tiroteo. Los cargos federales podrían conllevar la pena de muerte, mientras que la sentencia máxima para los cargos estatales es cadena perpetua sin libertad condicional.
Los fiscales han dicho que los dos casos procederán en paralelo, esperándose que los cargos estatales vayan a juicio primero.
Una abogada de Mangione le dijo a un juez que funcionarios gubernamentales, incluyendo al alcalde de Nueva York, Eric Adams, han convertido a Mangione en una figura política, robándole sus derechos como acusado y contaminando al jurado.
«Estoy muy preocupada por el derecho de mi cliente a un juicio justo», dijo Karen Friedman Agnifilo.
El alcalde de la ciudad y el principal oficial de policía estuvieron entre una multitud de oficiales fuertemente armados el jueves pasado cuando Mangione fue trasladado a un helipuerto de Manhattan y escoltado lentamente por un muelle después de ser extraditado desde Pensilvania.
«Quería mirarle a los ojos y decirle que llevó a cabo este acto terrorista en mi ciudad, la ciudad que la gente de Nueva York ama», dijo el alcalde a una estación de televisión local.
Friedman Agnifilo ha acusado a los fiscales federales y estatales de avanzar teorías legales contradictorias, calificando su enfoque de confuso e inusual. «Está siendo tratado como una pelota de pingpong humana, rebotada entre jurisdicciones», dijo el lunes.
El juez del tribunal estatal, Gregory Carro, respondió que tiene poco control sobre lo que sucede fuera del tribunal, pero dijo que puede garantizar que Mangione recibirá un juicio justo.
Las autoridades dicen que Mangione asesinó a Brian Thompson mientras este caminaba hacia una conferencia de inversores en el centro de Manhattan la mañana del 4 de diciembre.
Mangione fue arrestado en un McDonald’s de Pensilvania después de una búsqueda de cinco días, llevando un arma que coincidía con la utilizada en el tiroteo y una identificación falsa, según la policía. También llevaba un cuaderno que expresaba hostilidad hacia la industria de seguros de salud y especialmente hacia los ejecutivos adinerados, según los fiscales federales.
En una conferencia de prensa anunciando los cargos estatales la semana pasada, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la aplicación de la ley de terrorismo reflejaba la gravedad de un «asesinato aterrador, bien planeado y dirigido que tenía la intención de causar conmoción, atención e intimidación».
«En sus términos más básicos, este fue un asesinato que tenía la intención de evocar terror», agregó.
Mangione está detenido en una cárcel federal de Brooklyn junto a otros famosos como Sean «Diddy» Combs y Sam Bankman-Fried.
Fuera del tribunal donde Mangione apareció el lunes, unas pocas docenas de partidarios corearon, «Liberen a Luigi», sobre el sonido de una trompeta.
Natalie Monarrez, una residente de Staten Island de 55 años, dijo que se unió a la manifestación porque perdió tanto a su madre como sus ahorros de vida como resultado de reclamos de seguro denegadas.
«Aunque fue un hecho extremo, llevó a la conversación que necesitamos tener sobre este asunto», dijo sobre el tiroteo. «Ya es suficiente, la gente está harta».
Mangione, de una prominente familia de Maryland y graduado de escuelas prestigiosas, parecía haberse distanciado de su familia y amigos en los últimos meses. Publicaba frecuentemente en foros en línea sobre su dolor de espalda. Nunca fue cliente de UnitedHealthcare, según la aseguradora.
Thompson, un padre casado de dos estudiantes de secundaria, había trabajado en UnitedHealth Group durante 20 años y se convirtió en CEO de su brazo de seguros en 2021.
El asesinato ha llevado a algunos a expresar su resentimiento hacia los aseguradores de salud de Estados Unidos, con Mangione sirviendo como símbolo de la frustración por las denegaciones de cobertura y las elevadas facturas médicas. También ha estremecido al mundo corporativo, inquietando a ejecutivos que dicen haber recibido amenazas.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por WILL WEISSERT y DARLENE SUPERVILLE undefined
WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden anunció el lunes que está conmutando las sentencias de 37 de las 40 personas en el corredor de la muerte federal, convirtiendo sus castigos en cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, apenas semanas antes de que el presidente electo Donald Trump, un defensor abierto de la expansión de la pena capital, asuma el cargo.
La medida perdona la vida a las personas condenadas por homicidios, incluidos los asesinatos de policías y militares, de personas que se encuentran en territorio federal y de las implicadas en atracos mortales a bancos o en tratos con narcotraficantes, así como los homicidios de guardias o presos en instalaciones federales.
Esto significa que solo tres reclusos federales aún enfrentan la ejecución. Ellos son Dylann Roof, quien llevó a cabo los asesinatos racistas de 2015 de nueve miembros negros de la Iglesia Madre Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur, el bombardero del Maratón de Boston de 2013, Dzhokhar Tsarnaev y Robert Bowers, quien disparó fatalmente a 11 congregantes en la Sinagoga Tree of Life de Pittsburgh en 2018, el ataque antisemita más mortal en la historia de Estados Unidos.
«He dedicado mi carrera a reducir el crimen violento y asegurar un sistema de justicia justo y efectivo», dijo Biden en un comunicado. «Hoy, estoy conmutando las sentencias de 37 de las 40 personas en el corredor de la muerte federal a cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional. Estas conmutaciones son consistentes con la moratoria que mi gobierno ha impuesto sobre las ejecuciones federales, en casos que no sean de terrorismo y asesinatos masivos motivados por odio»,
El gobierno de Biden en 2021 anunció una moratoria sobre la pena capital federal para estudiar los protocolos utilizados, lo que suspendió las ejecuciones durante el mandato de Biden. Pero Biden en realidad había prometido ir más allá en el tema en el pasado, comprometiéndose a terminar con las ejecuciones federales sin las salvedades para el terrorismo y los asesinatos masivos motivados por odio.
Mientras se postulaba para presidente en 2020, el sitio web de la campaña de Biden decía que él «trabajaría para aprobar legislación para eliminar la pena de muerte a nivel federal e incentivar a los estados a seguir el ejemplo del gobierno federal.»
Un mensaje similar no apareció en el sitio web de reelección de Biden antes de que abandonara la contienda presidencial en julio.
«No se equivoquen: condeno a estos asesinos, lamento a las víctimas de sus actos despreciables y sufro por todas las familias que han sufrido una pérdida inimaginable e irreparable», dijo Biden en el comunicado. «Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia como defensor público, presidente del Comité Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos detener el uso de la pena de muerte a nivel federal».
Biden lanzó un golpe político a Trump, diciendo: «En buena conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y permitir que un nuevo gobierno reanude las ejecuciones que yo detuve».
De hecho, Trump, quien asume el cargo el 20 de enero, ha hablado frecuentemente de expandir las ejecuciones. En un discurso anunciando su campaña de 2024, Trump pidió que aquellos «sorprendidos vendiendo drogas reciban la pena de muerte por sus actos atroces». Más tarde prometió ejecutar a traficantes de drogas y de personas, e incluso elogió el tratamiento más severo de China hacia los vendedores de drogas. Durante su primer mandato como presidente, Trump también abogó por la pena de muerte para los traficantes de drogas.
Hubo 13 ejecuciones federales durante el primer mandato de Trump, más que bajo cualquier presidente en la historia moderna, y algunas pueden haber ocurrido lo suficientemente rápido como para haber contribuido a la propagación del coronavirus en la instalación del corredor de la muerte federal en Indiana.
Esas fueron las primeras ejecuciones federales desde 2003. Las últimas tres ocurrieron después del Día de las Elecciones en noviembre de 2020 pero antes de que Trump dejara el cargo en enero siguiente, la primera vez que prisioneros federales fueron ejecutados por un presidente saliente desde Grover Cleveland en 1889.
Biden enfrentó recientemente presión de grupos de defensa instándolo a actuar para hacer más difícil que Trump aumente el uso de la pena capital para los reclusos federales. El anuncio del presidente también llega menos de dos semanas después de que conmutó las sentencias de aproximadamente 1.500 personas que fueron liberadas de prisión y colocadas en confinamiento domiciliario durante la pandemia de COVID-19, y de 39 otras condenadas por delitos no violentos, el acto de clemencia más grande en un solo día en la historia moderna.
El anuncio también siguió al indulto postelectoral que Biden otorgó a su hijo Hunter por cargos federales de armas e impuestos después de haber dicho durante mucho tiempo que no emitiría uno, provocando un alboroto en Washington. El indulto también planteó preguntas sobre si emitiría indultos preventivos generales para funcionarios del gobierno y otros aliados que la Casa Blanca teme puedan ser injustamente atacados por el segundo gobierno de Trump.
La especulación de que Biden podría conmutar las sentencias de muerte federales se intensificó la semana pasada después de que la Casa Blanca anunciara que planea visitar Italia en el último viaje al extranjero de su presidencia el próximo mes. Biden, un católico practicante, se reunirá con el papa Francisco, quien recientemente pidió oraciones por los reclusos del corredor de la muerte en Estados Unidos con la esperanza de que sus sentencias sean conmutadas.
Martin Luther King III, quien instó públicamente a Biden a cambiar las sentencias de muerte, dijo en un comunicado emitido por la Casa Blanca que el presidente «ha hecho lo que ningún presidente antes que él estaba dispuesto a hacer: tomar medidas significativas y duraderas no solo para reconocer las raíces racistas de la pena de muerte sino también para remediar su persistente injusticia».
Donnie Oliverio, un oficial de policía retirado de Ohio cuyo compañero fue asesinado por uno de los hombres cuya sentencia de muerte fue convertida, dijo que la ejecución de «la persona que mató a mi compañero de policía y mejor amigo no me habría traído paz».
«El presidente ha hecho lo correcto aquí», dijo Oliverio en un comunicado también emitido por la Casa Blanca, «y lo que es consistente con la fe que él y yo compartimos».
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Weissert informó desde West Palm Beach, Florida.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.