Associated Press undefined
QUITO (AP) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el lunes que el Estado no encubrirá a quienes hayan participado en el caso de la desaparición de cuatro niños, supuestamente a manos de militares, mientras organismos de defensa de derechos humanos y ciudadanos exigen en un plantón que el caso se investigue como desaparición forzada.
Los cuatro niños, de 11 años, dos de 14 y uno de 15, desaparecieron la noche del ocho de diciembre luego de jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, al sur de la ciudad costera Guayaquil, 265 kilómetros al suroeste de la capital, Quito.
Según la versión de su padre, dos vehículos con personas que llevaban uniforme militar llegaron a la zona, ante lo cual varios menores huyeron y cuatro fueron alcanzados y llevados en los autos, sin que se conozca hasta el momento su paradero.
«Estamos del lado de la justicia y haya sido un civil, un cura, un policía, un militar involucrado, al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie», aseguró el mandatario ecuatoriano en una entrevista con radio Democracia.
Consultado sobre si se puede calificar al caso como una desaparición forzada, aseguró que es prematuro mientras la Fiscalía investiga y a la que solicitó que tome declaración «a todas las personas que estuvieron directa o indirectamente involucrados en esos días y en esas horas» en operativos.
«Tiene que haber completa colaboración de todas las instituciones del Estado, no pueden atrasar absolutamente nada, ésa es la disposición», aseveró.
Pero en una nueva versión sobre el caso, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseveró el lunes que, según un informe militar, los menores fueron detenidos por una patrulla con 16 agentes quienes «observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer». Posteriormente, son neutralizados y aprehendidas tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía, dijo en declaraciones a radio City.
Loffredo agregó que tras la aprehensión, los militares dejaron libres a los menores y no los entregaron a la Policía. «Imagino yo», infirió el ministro, porque «no han hecho nada grave (…) nadie iba a poner una denuncia».
No obstante, en declaraciones previas, las autoridades de seguridad habían descartado «cualquier participación de la Fuerza Pública» en los hechos posteriores al operativo militar, aseguró el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Jaime Vela, mientras el ministro de Defensa adjudicó la desaparición de los menores a «grupos delincuenciales».
En los exteriores de la fiscalía en Guayaquil, decenas de personas se convocaron para reclamar respuestas sobre la ubicación de los niños, pero también para exigir que se investigue el caso como desaparición forzada, dijo a The Associated Press, Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente para la defensa de los Derechos Humanos.
Esto implica, señaló el activista, que estamos frente a «una grave violación de derechos humanos y que se debe procesar penalmente a los militares involucrados». Bastias afirmó que «en la madrugada se realizaron allanamientos a Taura (una base militar) y se habrían identificado los carros utilizados para detener a los menores», por lo que cuestionó la versión del ministro Loffredo asegurando que estarían involucrados grupos de delincuenciales.
La AP solicitó información a la Fiscalía sobre el presunto allanamiento pero no obtuvo respuesta de inmediato.
El caso que ha conmocionado al país y se difunde en redes sociales como «Los cuatro de Guayaquil», llevó a la Asamblea a solicitar la presencia el lunes de varias autoridades del Estado para que informen sobre «la presunta desaparición forzada de los menores de edad».
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas de Ecuador (ASFADEC) expresó en un comunicado su «profunda preocupación» por el caso y recordó que la desaparición de personas constituye un delito de lesa humanidad. «La desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir terror «, agregó el reporte y solicitó celeridad en las investigaciones.
La desaparición forzada cometida por un agente estatal en violación de los derechos y garantías constitucionales es penada la legislación ecuatoriana con 26 años de prisión.

Associated Press undefined
BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Fabio Ochoa Vásquez, quien fuera uno de los capos del temido Cártel de Medellín y socio de Pablo Escobar, llegaría el lunes deportado de Estados Unidos donde purgó una condena de más de dos décadas por narcotráfico, informó Migración Colombia.
La autoridad migratoria señaló el lunes en un comunicado que Ochoa arribará al país en horas de la tarde en un vuelo de deportados procedente de Estados Unidos. Se espera que el excapo ingrese a Colombia «sin novedad» una vez finalice el proceso de control migratorio y las autoridades verifiquen que no tiene anotación judicial alguna, agregó Migración.
Fabio es el menor del clan de los hermanos Ochoa Vásquez, junto a Jorge Luis y Juan David, quienes incursionaron en el narcotráfico en la década de 1970 y se convirtieron en socios del Cártel de Medellín que terminó liderando Escobar, muerto por la policía en 1993.
Ochoa fue capturado en 1999 en Colombia y extraditado hacia Estados Unidos en 2001, donde fue condenado a 30 años de prisión por conspiración para poseer e importar cinco o más kilos de cocaína a ese país. A sus 67 años, cumplió su sentencia el 3 de diciembre luego de purgar 25 años de prisión.
Su deportación se dilató unos días en espera de que se resolviera un requerimiento judicial para que compareciera en Jacksonville, Florida, el 28 de enero, debido a una acusación formal pendiente por un caso de narcotráfico.
Finalmente, el fiscal retiró la solicitud de comparecencia y pidió a una corte federal en Florida que se reanudara su proceso de deportación, en cumplimiento del tratado de extradición vigente con Colombia.

Por SUSAN HAIGH undefined
La policía de la ciudad de Nueva York trabajaba el lunes para identificar a la mujer que murió luego que alguien le prendió fuego en el metro, así como para obtener más información sobre el hombre detenido que ha sido calificado de «persona de interés» en el crimen.
El jefe de tránsito, Joseph Gulotta, dijo el domingo que las preguntas sobre el historial del sospechoso y si la víctima era una persona sin hogar formaban parte de una investigación policial activa.
La policía de tránsito detuvo al hombre, que aún no ha sido identificado públicamente, después de recibir un informe de tres estudiantes de secundaria que lo habían reconocido. Habían visto imágenes del sospechoso tomadas de videos de vigilancia y cámaras corporales de la policía y distribuidas ampliamente.
«Los neoyorquinos volvieron a responder», dijo el domingo la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch. Describió el caso como «uno de los crímenes más depravados que una persona podría cometer contra otro ser humano».
Tisch dijo que el sospechoso y la mujer habían estado viajando en un tren de metro sin ninguna interacción entre ellos hasta el final de la línea en Brooklyn alrededor de las 7:30 de la mañana del domingo.
Después de que el tren se detuvo, un video de vigilancia del vagón de metro muestra al hombre caminando «con calma» hacia la víctima, que estaba sentada inmóvil, posiblemente durmiendo, y prendió fuego a su ropa con lo que parece ser un encendedor. La ropa de la mujer entonces «se envuelve completamente en llamas en cuestión de segundos», dijo Tisch.
La policía no cree que los dos se conocían.
Oficiales en una patrulla rutinaria en la estación de metro Coney Island-Stillwell Avenue olieron y vieron humo, y descubrieron a la mujer en llamas, de pie en medio del vagón de metro. Después de que el fuego fue extinguido, el personal médico de emergencia declaró a la mujer muerta en el lugar.
Sin que los oficiales lo supieran, el sospechoso había permanecido en la escena y estaba sentado en un banco en la plataforma del metro, justo fuera del vagón de tren, dijo Tisch. Las cámaras corporales de los oficiales captaron una «imagen clara y detallada» del sospechoso y esas imágenes fueron diseminadas públicamente.
Después de recibir la llamada de los adolescentes, otros oficiales de tránsito identificaron al hombre en otro tren de metro y radiaron a la siguiente estación, donde más oficiales mantuvieron las puertas del tren cerradas, registraron cada vagón y finalmente lo detuvieron sin incidentes, dijo Gulotta. El hombre tenía un encendedor en su bolsillo cuando fue detenido, dijo Tisch.
El caso marcó la segunda fatalidad en un metro de Nueva York ese domingo.
A las 12:35 de la madrugada, la policía respondió a una llamada de emergencia por un asalto en progreso en la estación 61st Street-Woodside en Queens y encontró a un hombre de 37 años con una puñalada en el torso y a un hombre de 26 años con múltiples cortes en todo el cuerpo. El hombre mayor fue declarado muerto en un hospital cercano mientras que el hombre más joven estaba en condición estable, dijo la policía.
La investigación continuaba.
Este año, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha enviado a la Guardia Nacional al sistema de metro de la ciudad para ayudar a la policía a registrar las bolsas de los pasajeros en después de una serie de crímenes notorios en los trenes de la ciudad. Hochul recientemente desplegó miembros adicionales para ayudar a patrullar durante la temporada navideña.
Hace aproximadamente un año, Hochul apoyó la financiación para instalar cámaras de video en cada vagón del sistema de metro de Nueva York, dijo Michael Kemper, jefe de seguridad de la Autoridad de Transporte Metropolitano. Él y otros funcionarios el domingo atribuyeron a las cámaras el haber ayudado a localizar al sospechoso tan rápidamente.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por MICHAEL R. SISAK y JAKE OFFENHARTZ undefined
NUEVA YORK (AP) — El hombre acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare se declaró inocente el lunes de cargos estatales de asesinato y terrorismo, mientras su abogada se quejaba de que las declaraciones del alcalde de Nueva York dificultarían recibir un juicio justo.
Luigi Mangione, de 26 años, estaba esposado y sentado en un tribunal de Manhattan cuando se inclinó hacia un micrófono para presentar su declaración. La fiscalía de Manhattan lo acusó formalmente la semana pasada de múltiples cargos de asesinato, incluyendo asesinato como acto de terrorismo, en un caso estatal que se desarrollará en paralelo a su procesamiento federal.
Su primera aparición en el tribunal estatal de Nueva York fue anticipada por los fiscales federales que presentaron sus propios cargos por el tiroteo. Los cargos federales podrían conllevar la pena de muerte, mientras que la sentencia máxima para los cargos estatales es cadena perpetua sin libertad condicional.
Los fiscales han dicho que los dos casos procederán en paralelo, esperándose que los cargos estatales vayan a juicio primero.
Una abogada de Mangione le dijo a un juez que funcionarios gubernamentales, incluyendo al alcalde de Nueva York, Eric Adams, han convertido a Mangione en una figura política, robándole sus derechos como acusado y contaminando al jurado.
«Estoy muy preocupada por el derecho de mi cliente a un juicio justo», dijo Karen Friedman Agnifilo.
El alcalde de la ciudad y el principal oficial de policía estuvieron entre una multitud de oficiales fuertemente armados el jueves pasado cuando Mangione fue trasladado a un helipuerto de Manhattan y escoltado lentamente por un muelle después de ser extraditado desde Pensilvania.
«Quería mirarle a los ojos y decirle que llevó a cabo este acto terrorista en mi ciudad, la ciudad que la gente de Nueva York ama», dijo el alcalde a una estación de televisión local.
Friedman Agnifilo ha acusado a los fiscales federales y estatales de avanzar teorías legales contradictorias, calificando su enfoque de confuso e inusual. «Está siendo tratado como una pelota de pingpong humana, rebotada entre jurisdicciones», dijo el lunes.
El juez del tribunal estatal, Gregory Carro, respondió que tiene poco control sobre lo que sucede fuera del tribunal, pero dijo que puede garantizar que Mangione recibirá un juicio justo.
Las autoridades dicen que Mangione asesinó a Brian Thompson mientras este caminaba hacia una conferencia de inversores en el centro de Manhattan la mañana del 4 de diciembre.
Mangione fue arrestado en un McDonald’s de Pensilvania después de una búsqueda de cinco días, llevando un arma que coincidía con la utilizada en el tiroteo y una identificación falsa, según la policía. También llevaba un cuaderno que expresaba hostilidad hacia la industria de seguros de salud y especialmente hacia los ejecutivos adinerados, según los fiscales federales.
En una conferencia de prensa anunciando los cargos estatales la semana pasada, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la aplicación de la ley de terrorismo reflejaba la gravedad de un «asesinato aterrador, bien planeado y dirigido que tenía la intención de causar conmoción, atención e intimidación».
«En sus términos más básicos, este fue un asesinato que tenía la intención de evocar terror», agregó.
Mangione está detenido en una cárcel federal de Brooklyn junto a otros famosos como Sean «Diddy» Combs y Sam Bankman-Fried.
Fuera del tribunal donde Mangione apareció el lunes, unas pocas docenas de partidarios corearon, «Liberen a Luigi», sobre el sonido de una trompeta.
Natalie Monarrez, una residente de Staten Island de 55 años, dijo que se unió a la manifestación porque perdió tanto a su madre como sus ahorros de vida como resultado de reclamos de seguro denegadas.
«Aunque fue un hecho extremo, llevó a la conversación que necesitamos tener sobre este asunto», dijo sobre el tiroteo. «Ya es suficiente, la gente está harta».
Mangione, de una prominente familia de Maryland y graduado de escuelas prestigiosas, parecía haberse distanciado de su familia y amigos en los últimos meses. Publicaba frecuentemente en foros en línea sobre su dolor de espalda. Nunca fue cliente de UnitedHealthcare, según la aseguradora.
Thompson, un padre casado de dos estudiantes de secundaria, había trabajado en UnitedHealth Group durante 20 años y se convirtió en CEO de su brazo de seguros en 2021.
El asesinato ha llevado a algunos a expresar su resentimiento hacia los aseguradores de salud de Estados Unidos, con Mangione sirviendo como símbolo de la frustración por las denegaciones de cobertura y las elevadas facturas médicas. También ha estremecido al mundo corporativo, inquietando a ejecutivos que dicen haber recibido amenazas.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.