PUERTO PRÍNCIPE (AP) — Más de 5.600 personas fueron reportadas como asesinadas en Haití el año pasado mientras una misión respaldada por la ONU liderada por Kenia lucha por contener la violencia de las pandillas, informaron funcionarios el martes.
El número de asesinatos aumentó en más del 20% en comparación con todo el 2023, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Además, se reportaron más de 2.200 personas heridas y casi 1.500 secuestradas, indicó.
«Estas cifras por sí solas no pueden capturar los horrores que se están perpetrando en Haití, pero muestran la violencia incesante a la que está siendo sometida la gente», señaló en un comunicado Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
Entre las víctimas hay dos periodistas y un policía asesinados cuando hombres armados abrieron fuego contra una multitud que se había reunido en Nochebuena para la reapertura del hospital público más grande de Haití, cuya clausura las pandillas forzaron previamente.
Otras víctimas incluyen a más de 200 personas asesinadas a principios de diciembre en un barrio marginal controlado por pandillas, muchas de ellas personas de edad avanzada, después de que un líder pandillero buscara vengar la muerte de su hijo creyendo que lo habían matado practicantes del vudú, según la ONU. Fue una de las mayores masacres reportadas en Puerto Príncipe en la historia reciente.
Las víctimas también incluyen a 315 presuntos miembros de pandillas o personas asociadas con ellos que fueron linchados y más de 280 personas asesinadas por la policía en presuntas ejecuciones sumarias, dijo la ONU.
«Ha quedado claro desde hace tiempo que la impunidad por violaciones y abusos de derechos humanos, así como la corrupción, siguen siendo prevalentes en Haití», dijo Türk. Pidió más apoyo logístico y financiero para la misión respaldada por la ONU que comenzó a principios de junio mientras Estados Unidos y otros países piden una misión de mantenimiento de la paz.
Unos 400 policías de Kenia están liderando la misión y se les unieron hace días unos 150 policías militares centroamericanos, la mayoría de Guatemala. Jamaica, Bahamas y Belice han enviado algunos efectivos, mientras que otras naciones incluyendo Barbados, Bangladesh y Chad han prometido hacer lo mismo, pero no está claro cuándo serán desplegados.
El número sigue siendo muy inferior a los 2.500 oficiales esperados para la misión.
En otro golpe a la estabilidad de Haití, Sunrise Airways anunció el lunes que suspendería temporalmente los vuelos hacia y desde la capital de Puerto Príncipe, el 85% de la cual está controlada por pandillas.
Esto deja al principal aeropuerto internacional del país sin ningún vuelo comercial por tercera vez este año.
Sunrise Airways no explicó el motivo, diciendo solo que la decisión se basó en circunstancias fuera de su control, agregando que la seguridad de los pasajeros y miembros de la tripulación es su prioridad.
En noviembre, el aeropuerto en Puerto Príncipe cerró después de que pandillas abrieran fuego e impactaran tres aviones, incluyendo uno de Spirit Airlines que estaba en pleno vuelo, hiriendo a una azafata.
Aunque el aeropuerto ha reabierto desde entonces, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos extendió en diciembre una prohibición de vuelos estadounidenses hacia la capital de Haití hasta el 12 de marzo por seguridad.
En general, la violencia de pandillas en los últimos años ha dejado a más de 700.000 personas sin hogar, y muchas de ellas han quedado apiñadas en refugios improvisados e insalubres.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por SOPHIA TAREEN Associated Press
CHICAGO (AP) — Dos hijos del famoso narcotraficante mexicano, Joaquín «El Chapo» Guzmán, que enfrentan cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, están en negociaciones de declaración de culpabilidad con el gobierno federal, reconocieron los abogados el martes en un tribunal de Chicago.
Ni Ovidio Guzmán López, de 34 años, ni Joaquín Guzmán López, de 38, comparecieron en la breve audiencia.
La noticia de un posible acuerdo para Ovidio Guzmán López, quien se ha declarado inocente, se divulgó por primera vez durante una audiencia en octubre, meses después de que su hermano, Joaquín Guzmán López, fuera arrestado en una sorprendente captura realizada por las autoridades estadounidenses en Texas junto a Ismael «El Mayo» Zambada, un líder de larga data del cartel de Sinaloa en México.
Los abogados también confirmaron públicamente el martes que ya habían comenzado las negociaciones de declaración de culpabilidad para Joaquín Guzmán López, quien también se ha declarado inocente.
«Necesitamos un poco más de tiempo», dijo en la corte el fiscal federal adjunto, Andrew Erskine. «Tratamos de analizar si pudiera haber una resolución global».
No dio más detalles en la corte y, posteriormente, declinó hablar con los reporteros.
Zambada eludió a las autoridades estadounidenses durante años. Se creía que participaba más en las operaciones diarias del cartel que «El Chapo», su jefe más conocido y llamativo, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos en 2019.
En los últimos años, los hijos de Guzmán han liderado una facción del cartel conocida como «los chapitos», identificada como uno de los principales exportadores de fentanilo a Estados Unidos. En 2023, los fiscales federales presentaron acusaciones contra docenas de miembros del cartel de Sinaloa, entre los que estaban ambos hermanos, en una investigación de tráfico de fentanilo.
El FBI alega que Zambada y Joaquín Guzmán López supervisaron el tráfico de «decenas de miles de libras de drogas a Estados Unidos, junto con la violencia relacionada». Zambada debe comparecer ante el tribunal en Nueva York la próxima semana.
La dramática captura de los hombres, realizada en julio y de la que aún se desconocen muchos detalles, ha generado teorías sobre cómo la realizaron las autoridades federales. También provocó un aumento de la violencia en el estado de Sinaloa, en el norte de México, debido al enfrentamiento entre dos facciones del cartel de Sinaloa.
El abogado de Zambada afirma que su cliente fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y llevado a Estados Unidos a bordo de un avión privado que aterrizó cerca de El Paso. El abogado defensor de los hermanos, Jeffrey Lichtman, ha desestimado esas afirmaciones y negó previamente cualquier cooperación con el gobierno.
No ofreció detalles durante la audiencia del martes, a la que asistió por teléfono.
Ovidio Guzmán López debe comparecer en la corte el 27 de febrero. La próxima fecha de comparecencia para Joaquín Guzmán López es el 19 de marzo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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QUITO (AP) — El presidente Daniel Noboa firmó el martes un decreto por el cual cedió temporalmente el poder a la vicepresidenta designada por él recientemente y no a la elegida en las urnas, Verónica Abad, en un nuevo episodio de la pugna política que mantiene con quien fuera su compañera de fórmula.
En el decreto el gobernante aduce que el encargo se produce debido a «circunstancias de fuerza mayor» que lo obligan a alejarse de sus funciones entre el jueves y el domingo próximos, lapso en el que gobernará Cynthia Gellibert, a quien posesionó en el cargo aduciendo un abandono de funciones por parte de Abad. El documento no aclara cuál es la circunstancia por la que el mandatario estará ausente.
Noboa se distanció de Abad desde la campaña electoral. En un principio le encargó funciones en Israel, lo que ella consideró un exilio forzado, y ante el conflicto bélico en Medio Oriente le asignó la embajada ecuatoriana en Turquía.
Pero Abad señaló en un oficio enviado al mandatario que tomaría su derecho constitucional a vacaciones y que acudiría a Turquía en el tiempo de 30 días que la ley le concede.
Esto fue tomado por el gobierno como una ausencia del cargo y Abad fue sancionada con una suspensión de labores y sueldo por 150 días, lo que conllevó su separación de la vicepresidencia y precipitó el nombramiento de Gellibert.
El decreto se conoce días después de que Abad anunciara que desde el 5 de enero, cuando comenzó la campaña electoral para los comicios generales de febrero, asumirá temporalmente la presidencia y convocara a las Fuerzas Armadas a que aseguren el ejercicio del poder constitucional.
La política adujo que estará en el poder mientras Noboa «participa como candidato presidencial en la campaña electoral». El mandatario se ha postulado como candidato a la reelección.
Hasta ahora Abad no ha podido acceder a su despacho.
La ley ecuatoriana no establece con claridad si un gobernante debe pedir licencia cuando está buscando un nuevo mandato, pero la Constitución sí establece que un presidente que haya completado su gestión y opte por la reelección debe pedir obligatoriamente licencia para hacer campaña. Noboa asumió en noviembre de 2023 para completar el período de gobierno del presidente Guillermo Lasso, quien disolvió el Legislativo para evitar un juicio político y acortó su propio mandato.
La relación entre Noboa y Abad se fracturó desde la campaña electoral de 2023 sin que hayan aclarado el origen de la pugna. Noboa la tilda de desleal y ella lo ha calificado de misógino.