Por LARRY NEUMEISTER, MICHAEL R. SISAK y JAKE OFFENHARTZ Associated Press
NUEVA YORK (AP) — Una jueza federal declaró a la ciudad de Nueva York en desacato el miércoles por no detener la violencia y brutalidad en sus cárceles, un severo fallo que pone al problemático complejo carcelario de Rikers Island al borde de una toma de control federal.
En un fallo escrito, la jueza federal de distrito en Manhattan, Laura Taylor Swain, dijo que la ciudad había puesto a las personas encarceladas en un «peligro inconstitucional» al no cumplir con 18 disposiciones separadas de las órdenes judiciales relacionadas con la seguridad, el personal, la supervisión, el uso de la fuerza y la seguridad de los detenidos jóvenes.
Las sórdidas condiciones han empeorado significativamente en los nueve años desde que la ciudad resolvió acusaciones de abuso y violencia, escribió, exacerbadas por la «falta de voluntad o incapacidad» del cuerpo gobernante de la cárcel para implementar las reformas ordenadas.
Como resultado, Swain ordenó a la ciudad y a los abogados que demandan en nombre de los detenidos que se reúnan con un monitor designado por el tribunal para analizar un marco propuesto para una administración judicial federal, una intervención extraordinaria que cedería a la ciudad el control de uno de los sistemas carcelarios más grandes y famosos de la nación.
El alcalde Eric Adams, que se ha opuesto vehementemente a una toma de control federal, dijo el miércoles que la ciudad había hecho «importantes avances para abordar la negligencia y los problemas de décadas en Rikers Island».
«Estamos orgullosos de nuestro trabajo, pero reconocemos que hay más por hacer y esperamos trabajar con el equipo de monitoreo federal para lograr nuestro objetivo compartido de mejorar continuamente la seguridad de todos en nuestras cárceles», afirmó.
Pero en su fallo, Swain encontró que los esfuerzos de la administración eran «insuficientes para cambiar la tendencia en un período razonable». La ciudad parece haber actuado en ocasiones de mala fe en su incumplimiento de las reformas ordenadas por el tribunal, repetidamente «ocultando información esencial» al monitor, escribió.
«El Tribunal se inclina a imponer una administración judicial: es decir, una solución que hará que la gestión del uso de la fuerza y los aspectos de seguridad de las cárceles de Rikers Island dependan, en última instancia, directamente del Tribunal», escribió Swain, y ordenó a las partes que le proporcionen para el 14 de enero un plan para una «administración judicial eficiente y efectiva».
La sentencia, de 65 páginas, derivó de un litigio que comenzó hace más de una década con acusaciones presentadas por la Sociedad de Ayuda Legal y otros organismos de que el Departamento de Correccionales de la ciudad había participado en un patrón de fuerza excesiva e innecesaria.
La Sociedad de Ayuda Legal y el bufete de abogados Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP celebraron la «decisión histórica» y dijeron que «finalmente creará un camino para la reforma que puede proteger a aquellos a quienes les ha fallado» el cuerpo gobernante de la cárcel.
«El reconocimiento del tribunal de que la estructura actual ha fallado, y de que una administración judicial libre de influencias políticas y externas de otro tipo es el camino a seguir, puede garantizar que todos los neoyorquinos, independientemente de su estado de encarcelamiento, sean tratados con el respeto y la dignidad que les garantiza la ley», dijeron.
En una declaración separada, Benny Boscio, presidente del sindicato que representa a los oficiales de las correccionales, afirmó que el fallo se basaba en una «narrativa errónea», y añadió que el personal de la cárcel «carece de financiación y personal suficiente, ha sido convertido en chivo expiatorio y atado de manos» por los legisladores de la ciudad y el monitor federal.
Por ahora, salvo que Swain emprenda acciones posteriores, la ciudad sigue teniendo el control de sus cárceles.
El complejo carcelario, ubicado en una isla de difícil acceso en el East River, ha sufrido durante mucho tiempo de desorden y negligencia rampantes. Pero las tasas de violencia, uso de la fuerza, autolesiones y muertes bajo custodia en las cárceles de la ciudad han empeorado «demostrablemente» desde octubre de 2015, cuando la ciudad y las partes llegaron a un acuerdo, establecieron un decreto de consentimiento y acordaron el nombramiento de un monitor federal, dijo Swain.
«Peor aún, las condiciones inseguras y peligrosas en las cárceles, que se caracterizan por tasas sin precedentes de uso de la fuerza y violencia, se han normalizado a pesar de que son claramente anormales e inaceptables», escribió la jueza.
Diecinueve personas murieron bajo custodia en Rikers Island en 2022. Nueve más murieron en 2023, y cinco murieron en los primeros ocho meses de este año. Al mismo tiempo, las tasas de apuñalamientos y cortes, peleas y ataques al personal «siguen siendo extraordinariamente altas», dijo Swain.
No se ha producido una «reducción sustancial en el riesgo de daño que enfrentan actualmente quienes viven y trabajan en las cárceles de Rikers Island», escribió la jueza.
Según un plan aprobado por el consejo de la ciudad en 2019, la ciudad de Nueva York está legalmente obligada a cerrar Rikers Island y reemplazarlo con cuatro cárceles más pequeñas y modernas para 2027. Pero a medida que ha crecido la población carcelaria en los últimos años, Adams, de tendencia demócrata, ha expresado su resistencia al cierre y ha instado a los legisladores a idear un «Plan B». Hace unos meses, el director de presupuesto de la ciudad reconoció que probablemente no se cumpliría el plazo obligatorio.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por JOSH BOAK Associated Press
WASHINGTON (AP) — A Donald Trump le gustaba imponer aranceles sobre los productos extranjeros durante su primera presidencia. Sin embargo, su impacto fue apenas perceptible en la economía general, aunque sus repercusiones fueron claras en industrias específicas.
Los datos muestran que nunca cumplieron completamente su promesa de crear empleos en fábricas. Tampoco provocaron la avalancha de inflación que temían los críticos.
Esta vez, sin embargo, sus amenazas arancelarias podrían ser diferentes.
El presidente electo está hablando de ir mucho más allá, en una escala potencial que crea más incertidumbre sobre si hará lo que dice y cuáles podrían ser las consecuencias.
«Va a haber muchos más aranceles, quiero decir, está bastante claro», dijo Michael Stumo, el director general de Coalition for a Prosperous America, un grupo que ha apoyado los impuestos a la importación para ayudar a la manufactura doméstica.
El presidente electo publicó en redes sociales el lunes que en su primer día en el cargo impondría aranceles del 25% a todos los productos importados desde México y Canadá hasta que esos países detengan satisfactoriamente la inmigración ilegal y el flujo de drogas ilegales como el fentanilo hacia Estados Unidos.
Esos aranceles podrían esencialmente destruir el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá que el equipo de Trump negoció durante su primer mandato.
Las importaciones chinas enfrentarían aranceles adicionales del 10% hasta que Beijing tome medidas enérgicas contra la producción de materiales utilizados en la fabricación de fentanilo, publicó Trump.
Los demócratas y los grupos empresariales advierten sobre los riesgos de las amenazas arancelarias de Trump
Los grupos empresariales advirtieron rápidamente que la imposición de aranceles podría provocar un aumento de la inflación, mientras que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que contrarrestaría la medida con aranceles sobre productos estadounidenses. Los demócratas de la Cámara de Representantes elaboraron un proyecto de ley para quitar la capacidad de un presidente de aplicar unilateralmente aranceles tan drásticos, advirtiendo que probablemente llevarían a precios más altos para autos, zapatos, viviendas y alimentos.
Sheinbaum dijo el miércoles que su gobierno ya está elaborando una lista de posibles aranceles de represalia «si es necesario».
«La Secretaría de Economía lo está preparando», dijo Sheinbaum. «Si hay aranceles, México subiría aranceles, es una tarea técnica que también beneficia a México», señaló, insinuando que su país impondrá derechos de importación específicos sobre productos estadounidenses de áreas delicadas.
En Estados Unidos, los representantes demócratas presentaron el martes un proyecto de ley que requeriría la aprobación del Congreso para que un presidente imponga aranceles debido a reclamos de una emergencia nacional, una acción en gran parte simbólica dado el próximo control de los republicanos tanto de la Cámara de Representantes como del Senado.
«Esta legislación permitiría al Congreso limitar esta amplia autoridad de emergencia y establecer la supervisión necesaria del Congreso antes de que cualquier presidente, demócrata o republicano, pueda aumentar indiscriminadamente los costos para el pueblo estadounidense a través de aranceles», dijo la representante Suzan DelBene.
Pero para Trump, los aranceles ahora son una herramienta probada que parece menos controversial políticamente hablando, incluso si el mandato que recibió en las elecciones de noviembre implicaba en gran medida contener la inflación.
Los aranceles que impuso sobre los productos de China en su primer mandato fueron continuados por el presidente Joe Biden, un demócrata que incluso expandió los aranceles y restricciones sobre la segunda economía más grande del mundo. Los funcionarios del gobierno de Biden consideraron eliminar los aranceles de Trump para reducir las presiones inflacionarias, solo para descubrir que probablemente no ayudarían significativamente.
Los aranceles eran «tan nuevos y únicos que asustaron a todos en 2017», dijo Stumo, pero en última instancia fueron algo modestos.
Los aranceles del primer mandato de Trump tuvieron un impacto modesto en la economía
Trump impuso aranceles a los paneles solares y las lavadoras a principios de 2018, movimientos que podrían haber elevado los precios en esos sectores, aunque también se superpusieron con planes para abrir plantas de lavadoras en Tennessee y Carolina del Sur.
Su gobierno también impuso aranceles al acero y al aluminio, incluidos contra aliados. Luego aumentó los aranceles sobre China, lo que llevó a un conflicto comercial y a un acuerdo limitado de 2020 que no produjo las compras chinas prometidas de bienes estadounidenses.
Aún así, la disputa cambió las relaciones con China, ya que más empresas estadounidenses buscaron proveedores alternativos en otros países. La investigación económica también encontró que Estados Unidos pudo haber sacrificado algo de su «poder blando» a medida que la población china comenzó a ver menos películas estadounidenses.
La Reserva Federal mantuvo la inflación aproximadamente en el objetivo, pero el gasto en construcción de fábricas nunca aumentó de una manera que sugiriera una ganancia duradera en empleos manufactureros. Investigaciones económicas separadas encontraron que la guerra arancelaria con China no hizo nada económicamente por las comunidades afectadas por la deslocalización, pero sí ayudó a Trump y a los republicanos en esas comunidades políticamente.
Cuando Trump se convirtió en presidente en 2017, el gobierno federal recaudó 34.600 millones de dólares en aduanas, derechos e impuestos. Esa suma se duplicó con creces bajo el mando de Trump hasta alcanzar los 70.800 millones de dólares en 2019, según registros de la Oficina de Administración y Presupuesto.
Aunque esa suma podría parecer significativa, era relativamente pequeña en comparación con la economía general. El producto interno bruto de Estados Unidos es ahora de 29,3 billones de dólares, según la Oficina de Análisis Económico. Los aranceles totales recaudados en Estados Unidos equivaldrían a menos del 0,3% del PIB.
Trump quiere aranceles mucho más amplios en el futuro
Los nuevos aranceles que Trump está proponiendo ahora son drásticamente mayores y podrían tener impactos mucho más significativos.
Si México, Canadá y China enfrentaran los aranceles adicionales propuestos por Trump sobre todos los bienes importados a Estados Unidos, eso podría equivaler aproximadamente a 266.000 millones en recaudaciones fiscales, un número que no asume ninguna interrupción en el comercio o movimientos de represalia por otros países. El costo de esos impuestos probablemente sería asumido por las familias estadounidenses, importadores y empresas domésticas y extranjeras en forma de precios más altos o menores ganancias.
Exfuncionarios del gobierno de Biden señalaron que les preocupaba que las empresas pudieran aprovechar los aranceles de Trump, en caso de que se impongan, como una justificación para aumentar sus precios, al igual que muchas empresas aumentaron los costos de alimentos y energía y dieron a varias empresas importantes el espacio para aumentar los precios después de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, según sus propias llamadas de ganancias con inversores.
Pero lo que Trump realmente no explicó es qué podría hacer que retrocediera en los aranceles y declarara una victoria. Lo que está creando en cambio con sus amenazas arancelarias es una sensación de incertidumbre mientras las empresas y los países esperan los detalles para averiguar qué podría significar todo esto.
«Conocemos las principales prioridades de política económica del próximo gobierno de Trump, pero no sabemos cómo o cuándo se abordarán», explicó Greg Daco, principal economista sobre Estados Unidos en EY-Parthenon.
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El periodista de The Associated Press Mark Stevenson en la Ciudad de México contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por DYLAN LOVAN y BRUCE SCHREINER undefined
LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — Dos vecinos de una planta en Kentucky donde ocurrió una explosión masiva están demandando a la empresa, alegando que la explosión a principios de este mes dañó sus hogares y causó trauma emocional.
Edward Roberts y Ana Carolina Gomez Bridge presentaron una demanda el martes contra Givaudan Flavors Corporation y su empresa matriz, Givaudan U.S. Alegan que la empresa fue negligente antes de la explosión del 12 de noviembre de un recipiente de cocina dentro de la planta que destruyó el edificio, mató a dos trabajadores y lanzó escombros en los patios y hogares cercanos. Los dos residentes viven en la misma casa que colinda con la planta.
«Givaudan fracasó miserablemente en operar su negocio de manera responsable, y las consecuencias fueron catastróficas», dijo Tad Thomas, un abogado de Louisville que representa a los dos residentes, en un comunicado de prensa.
La empresa ha dicho que son responsables de los daños a los hogares circundantes. La presidenta de la empresa, Ann Leonard, dijo en una reunión comunitaria la semana pasada que es probable que la planta sea trasladada fuera del vecindario y reconstruida en otro lugar.
La semana pasada, la familia de uno de los trabajadores de la planta que murió en la explosión contrató abogados que dijeron estar explorando una demanda. Otra demanda presentada contra la empresa la semana pasada fue de un conductor de entrega de alimentos que estaba en el área cuando ocurrió la explosión. Charles Fowler dijo en la demanda que la explosión desencadenó un trastorno de estrés postraumático debido a su servicio durante la guerra de Irak.
Docenas de hogares alrededor de la planta tuvieron sus ventanas destrozadas, y la percusión de la explosión derribó cuadros de las paredes y agrietó el yeso en algunos hogares. Algunos residentes en la reunión comunitaria dijeron a la empresa que sus hijos estaban traumatizados por el sonido.
En llamadas al 911 obtenidas por The Associated Press esta semana, los residentes se quejan de un sonido fuerte y humo después de la explosión de la tarde.
En una llamada, una mujer dice que escuchó «como una explosión» fuera de su casa. «Sacudió la casa», dijo.
En otra llamada, un hombre informó que «un edificio simplemente explotó cerca» y describió en detalle lo que escuchó y vio.
«Hubo una enorme explosión», dijo. «Las luces parpadearon y hay un montón de humo saliendo de» la planta. «Huele como si algo hubiera explotado», añadió.
Según la última demanda, Roberts estaba en el sótano cuando ocurrió la explosión, lo que provocó la rotura de ventanas y daños en la cimentación. Tanto Roberts como Bridge dijeron que «han estado experimentando dolor físico y sufrimiento», y Bridge «ha sufrido un grave estrés emocional, requiriendo que busque la atención terapéutica y tratamiento necesarios», dijo la demanda.
La demanda también indica que los empleados habían advertido a la empresa sobre el sobrecalentamiento del recipiente, pero Givaudan no tomó ninguna medida correctiva y continuó con las operaciones.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los intercambios de amenazas entre Estados Unidos y México sobre una posible imposición de aranceles generaron preocupación el miércoles en el sector empresarial mexicano que afirmó que una guerra comercial en la región podría tener efectos «devastadores» para ambas economías.
Así lo planteó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), una de las principales organizaciones empresariales del país, al reconocer que las amenazas que lanzó a inicios de semana del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la imposición de aranceles a México y Canadá afectarán la estabilidad económica de la región.
«Las amenazas arancelarias generan incertidumbre en sectores estratégicos y ponen en riesgo millones de empleos que dependen del comercio entre los tres países», dijo la Coparmex en un comunicado, y agregó que esas medidas representan un «desafío directo al espíritu de cooperación y entendimiento» que ha perdurado en los últimos cuatro años entre los tres socios del tratado de libre comercial, el T-MEC.
En una primera reacción ante las amenazas de Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el martes que estaba dispuesta al diálogo, pero advirtió en una misiva que envió al futuro gobernante que «a un arancel vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgos empresas comunes».
Ante el riesgo de una posible guerra comercial entre Estados Unidos y México, la Coparmex advirtió que la escalada tendría «efectos devastadores para ambas economías, especialmente en industrias que dependen de insumos provenientes de Estados Unidos, como la automotriz y la manufacturera».
La industria manufacturera es la que tiene el mayor peso en la economía mexicana pues genera alrededor del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) y más de cinco millones de empleos.
En un intento por contrarrestar las amenazas del republicano, Sheinbaum afirmó que un incremento de los aranceles afectaría a un sector clave para Estados Unidos como su industria automotriz, y mencionó a tres de sus empresas insignias, General Motors, Stellantis y Ford Motors Company, que mantienen en México algunas de sus principales plantas de producción. «No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo», sentenció.
Esa postura fue ratificada el miércoles por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que señaló en la conferencia presidencial matutina que las primeras afectadas por la aplicación de aranceles serán las empresas automotrices estadounidenses que aseguró que sufrirán un impacto «enorme». «Es un tiro en el pie», agregó.
Ebrard sostuvo que «al final estos impuestos van afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas y se perderían alrededor de 400.000 empleos», según estimaciones de las autoridades mexicanas. El secretario citó como ejemplo del impacto que desencadenaría la medida para los consumidores estadounidenses el caso de las camionetas pick-up que aseguró que su precio podría elevarse en 3.000 dólares por unidad.
Sheinbaum ratificó el miércoles su disposición al diálogo con Trump e indicó que su canciller, Juan Ramón de la Fuente, está en contacto con el equipo del republicano para concretar un encuentro antes del cambio de gobierno en enero.
La presidenta mexicana informó que próximamente enviará una carta al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, para entablar también un diálogo directo con Canadá.
Trump dijo el lunes, en una serie de publicaciones en su plataforma de redes sociales Truth Social, que aplicaría un impuesto del 25% a todos los productos que ingresen al país desde Canadá y México y un arancel adicional del 10% a los bienes procedentes de China.
Los nuevos aranceles permanecerían en vigor «hasta detener esta invasión de drogas, en particular del fentanilo, y de todos los extranjeros ilegales en nuestro país», explicó el presidente electo.
Por el momento no está claro si Trump cumplirá sus amenazas o si las está empleado como herramienta de negociación antes de asumir el cargo en enero. Pero, de llevarlas adelante, violaría el T-MEC que prohíbe imponer aranceles a los países miembros.
Aunque las autoridades mexicanas han centrado sus discursos en las consecuencias que tendría para Estados Unidos un alza en los aranceles, especialistas reconocieron que, de concretarse las amenazas, México cargaría con la peor parte por la alta dependencia que mantiene de su vecino del Norte.
El turbulento escenario llevó a la agencia calificadora Moody’s a modificar su perspectiva de crecimiento para México en el 2025 y llevarla de 1% a 0,6%, muy por debajo de los cálculos del gobierno, que estimó una expansión entre 2% y 3%, y de las proyecciones del Fondo Monetaria Internacional y el Banco Mundial, que proyectaron una tasa de crecimiento de 1,3% y 1,5%.
Moody’s afirmó en su reporte que la debilidad de la economía mexicana «empeorará» en 2025 ya que la «brecha comercial negativa del país se ampliará debido a que los aranceles estadounidenses reducirán la demanda de exportaciones mexicanas, pero también porque la economía de Estados Unidos crecerá más lentamente».
En la actualidad el comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos pasa por un buen momento con transacciones que superan los 800.000 millones de dólares anuales.
Los efectos también se sentirán en el sector financiero, en el flujo de remesas, y las inversiones debido a que algunas empresas estadounidenses podrían reconsiderar o cancelar sus planes de relocalización en México.
Ante la volatilidad que se desatará en los mercados el tipo de cambio y la tasa de interés se convertirán en los mecanismos de absorción del choque, lo que se traducirá en una depreciación del peso que inevitablemente se trasladará a la inflación.
Por segundo día consecutivo la moneda mexicana sufrió una depreciación que llevó la tasa de cambio al inicio de la jornada alrededor de 20,77 pesos por dólar. La volatilidad también persistió en el mercado bursátil que abrió con una leve caída.
Según la directora de análisis económico del grupo financiero local Banco Base, Gabriela Siller, de concretarse las amenazas de Trump y desatarse una guerra comercial México podría llegar a enfrentar el próximo año una inflación sobre 5% y una depreciación de la moneda que llevaría el tipo de cambio por encima de 23 pesos por dólar. México cerró en octubre con una tasa anual de inflación de 4,76%.