Por THE ASSOCIATED PRESS Associated Press
El embajador de Israel en Washington aseguró el lunes que «en cuestión de días» podría concretarse un acuerdo de cese del fuego para poner fin a los combates entre Israel y Hezbollah en Líbano.
El embajador Mike Herzog declaró a la Radio del Ejército de Israel que aún quedan «puntos por finalizar» y cualquier acuerdo requiere de la aprobación del gobierno. Señaló, sin embargo, que «estamos cerca de un acuerdo» y «que podría ocurrir en cuestión de días».
Funcionarios israelíes dijeron que el gabinete de seguridad del primer ministro Benjamin Netanyahu tiene previsto reunirse el martes para discutir la propuesta de alto el fuego.
Los puntos pendientes incluyen la demanda de Israel de reservarse el derecho de emprender acciones en caso de que Hezbollah viole sus obligaciones previstas en el pacto. El acuerdo pretende retirar al grupo político-paramilitar y a las fuerzas israelíes del sur del Líbano.
Israel acusa a Hezbollah de no adherirse a la resolución de Naciones Unidas que puso fin a la guerra de 2006 entre ambas partes y en el cual se establecen disposiciones similares. Además, a Israel le preocupa que, si mantiene una presencia en el sur de Líbano, Hezbollah pueda llevar a cabo un ataque transfronterizo similar al que perpetró Hamás.
Líbano afirma que Israel también violó la resolución de 2006, y se queja de que aviones militares y buques de guerra israelíes ingresan al territorio libanés incluso cuando no hay un conflicto activo.
De momento se desconoce si Líbano aceptará la demanda.
El optimismo en torno a un acuerdo se produce después de que un alto enviado de Estados Unidos mantuvo conversaciones con ambas partes la semana pasada en un intento por poner fin al conflicto.
Hezbollah comenzó a atacar Israel el 8 de octubre de 2023, un día después de la incursión de Hamás en el sur de Israel que detonó más de un año de combates. Estos ataques se convirtieron en una guerra a gran escala con una intensa ofensiva aérea israelí en Líbano y posteriormente una incursión terrestre en el sur del país.
Hezbollah ha lanzado miles de cohetes hacia ciudades y poblados israelíes, incluidos unos 250 el domingo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por BILL BARROW undefined
WASHINGTON (AP) — Las elecciones de personal de Donald Trump para su nuevo gabinete y para la Casa Blanca reflejan sus posiciones distintivas sobre inmigración y comercio, pero también una gama de puntos de vista y antecedentes que plantean preguntas sobre qué anclas ideológicas podrían guiar su nueva estancia en la Oficina Oval.
En el ensamblaje rápido de su segundo gobierno —más rápido que su esfuerzo hace ocho años— el expresidente y presidente entrante ha combinado personalidades de la televisión, exdemócratas, un ejecutivo de la lucha libre y republicanos electos tradicionales en una mezcla que ratifica sus intenciones de imponer aranceles a los bienes importados y tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, y que deja abierta una gama de posibilidades para otras actividades políticas.
«El presidente tiene dos grandes prioridades, y no siente la misma convicción por nada más. Así que será un verdadero caso de incertidumbre y cambios de rumbo», predijo Marc Short, jefe de despacho del vicepresidente Mike Pence durante el mandato de Trump de 2017 a 2021. «En su primer gobierno, se rodeó de pensadores más conservadores y los resultados mostraron que, en general, remamos en la misma dirección. Este es más ecléctico».
Tan es así que el designado para secretario de Estado, Marco Rubio, el senador de Florida que ha ridiculizado a los regímenes autoritarios en todo el mundo, va rumbo a servir como el diplomático de más alto rango para un presidente que elogia a líderes autocráticos como Vladímir Putin, de Rusia, y Viktor Orbán, de Hungría.
La representante republicana Lori Chavez-DeRemer, de Oregon, ha sido elegida para sentarse en la mesa del gabinete como secretaria de Trabajo prosindicatos junto a múltiples multimillonarios, exgobernadores y otros que se oponen a facilitar que los trabajadores se organicen por su cuenta.
Scott Bessent, el futuro secretario del Tesoro, quiere reducir los déficits para un presidente que prometió más recortes de impuestos, mejores servicios para los veteranos y ninguna reducción de los mayores desembolsos federales: la defensa nacional, la seguridad social y Medicare.
El defensor del derecho al aborto Robert F. Kennedy Jr. es el elegido de Trump para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), al cual la base cristiana conservadora de Trump ha señalado desde hace tiempo como una agencia en la que el movimiento antiaborto debe ejercer más influencia.
Newt Gingrich, expresidente republicano de la Cámara de Representantes, admitió que los miembros de la lista de candidatos de Trump no siempre estarán de acuerdo con el presidente y ciertamente no entre ellos, pero minimizó la posibilidad de diferencias irreconciliables: «Un gabinete fuerte, por definición, significa que vas a tener gente con opiniones distintas y habilidades diferentes».
Ese tipo de imprevisibilidad está en el centro de la identidad política de Trump. Él es la exestrella de reality TV que ya puso de cabeza a Washington una vez y regresa al poder con promesas amplias, a veces contradictorias, que convencieron a los votantes —especialmente a los de la clase trabajadora— de que lo volverá a hacer todo.
«Lo que Donald Trump ha hecho es reorientar el liderazgo político y el activismo hacia un espíritu más emprendedor», dijo Gingrich.
También hay mucho margen para el conflicto, dada la amplitud de las promesas de campaña de Trump para 2024 y su patrón de rotar miembros del gabinete y personal de seguridad nacional durante su primer mandato.
Esta vez, Trump se ha comprometido a imponer aranceles a los productos extranjeros, poner fin a la inmigración ilegal y lanzar una operación de deportación masiva, aumentar la producción energética de Estados Unidos y cobrar represalias contra las personas que se opusieron a él, y que lo procesaron. Ha añadido promesas de reducir los impuestos, aumentar los salarios, poner fin a las guerras en Israel y Ucrania, optimizar el gobierno, proteger el Seguro Social y Medicare, ayudar a los veteranos y acabar con el progresismo sociocultural.
Trump aludió a algunas de esas promesas en semanas recientes mientras completaba su plantilla propuesta de jefes de departamentos federales y nombró a los principales miembros del personal de la Casa Blanca. Pero sus anuncios pasaron por alto cualquier paradoja política o posibles complicaciones.
Bessent se ha declarado como partidario de la austeridad en materia de déficit, y ha advertido que la creciente deuda nacional, combinada con tasas de interés más altas, impulsa la inflación al consumidor. Pero también apoya extender los recortes impositivos de Trump de 2017 que aumentaron la deuda general y los pagos anuales del servicio de la deuda a los inversores que compran bonos del Tesoro.
Bessent, un multimillonario de fondos de cobertura, construyó su riqueza en los mercados mundiales. No obstante, en términos generales, ha respaldado los aranceles de Trump. Rechaza la idea de que impulsan la inflación y, en cambio, enmarca los aranceles como ajustes de precios puntuales y apalancamiento para alcanzar los objetivos tanto de la política exterior estadounidense como los económicos internos.
Trump, por su parte, declaró que Bessent «me ayudará a marcar el comienzo de una nueva Edad de Oro para Estados Unidos».
Chavez-DeRemer, prometió Trump, «logrará una cooperación histórica entre las empresas y los trabajadores que restaurará el sueño americano para las familias trabajadoras».
Trump no hizo referencia al firme apoyo de la congresista de Oregon a la Ley para Proteger el Derecho a Organizarse (PRO-Act, por sus siglas en inglés), una medida respaldada por los demócratas que facilitaría a los trabajadores la sindicalización, entre otras disposiciones. Esa propuesta fue aprobada en la Cámara de Representantes cuando los demócratas tenían mayoría, pero nunca ha tenido un apoyo republicano importante en ninguna de las cámaras del Capitolio, y Trump no la ha incluido en su agenda.
Cuando Trump nombró a Kennedy como su candidato para convertirse en secretario de Salud, no mencionó el apoyo del exdemócrata al derecho al aborto. En cambio, Trump puso el foco en la intención de Kennedy de enfrentarse a los sectores de la agricultura, el procesamiento de los alimentos y la fabricación de medicamentos de Estados Unidos.
Destacan también los caprichos de Trump sobre la política exterior. Mike Waltz, el representante de Florida elegido por Trump para ser su asesor de seguridad nacional, ofreció mensajes contradictorios el domingo al discutir la guerra entre Rusia y Ucrania, que Trump afirma que nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente, porque él habría convencido a Putin de no invadir a su país vecino.
En declaraciones al programa «Fox News Sunday», Waltz repitió las preocupaciones de Trump sobre las escaladas recientes, que incluyen la aprobación por parte del presidente Joe Biden de enviar minas antipersonales a las fuerzas ucranianas.
«Necesitamos restaurar la disuasión, restaurar la paz y adelantarnos a esta escalada, en lugar de responder a ella», dijo Waltz. Pero en la misma entrevista, Waltz declaró que esas minas son necesarias para ayudar a Ucrania a «detener los avances rusos» y dijo que trabaja «mano a mano» con el equipo de Biden durante la transición.
Mientras tanto, Tulsi Gabbard, elegida por Trump para ser directora de Inteligencia Nacional, el puesto de inteligencia más importante del gobierno, es una defensora abierta de Putin y del presidente sirio Bashar al Assad, un aliado cercano de Rusia e Irán.
Tal vez los elementos más impredecibles en la constelación del gobierno de Trump son los asesores de presupuesto y gasto Russell Vought, Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Vought dirigió la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) de Trump en su primer mandato, y está en la lista de candidatos para el mismo puesto otra vez. Musk, el hombre más rico del mundo, y Ramaswamy, un capitalista de riesgo archimillonario, lideran un panel asesor externo conocido como «Departamento de Eficiencia Gubernamental».
Este último es un ejercicio cuasi oficial para identificar el despilfarro. No tiene autoridad legal, pero Trump puede encaminar las recomendaciones de Musk y Ramaswamy a las vías oficiales del gobierno, incluso a través de Vought.
Vought, uno de los principales autores del Proyecto 2025 —el plan del movimiento conservador para un giro a la extrema derecha en el gobierno y la sociedad de Estados Unidos— imagina a la OMB no solo como una oficina influyente para dar forma a las propuestas presupuestarias de Trump para el Congreso, sino como un centro de poder del poder ejecutivo «lo suficientemente poderoso como para anular las burocracias de las agencias implementadoras».
En cuanto a cómo Trump podría manejar las diferencias en su gobierno, Gingrich señaló a Chavez-DeRemer.
«Puede que no esté de acuerdo con ella en cuestiones sindicales, pero quizá no le impida que ella las impulse», dijo Gingrich sobre la Ley para Proteger el Derecho a Organizarse. «Y escuchará a cualquiera. Si lo convences, sin duda utilizará su capital presidencial».
Short agregó que otros factores tienen más probabilidades de influir en Trump: la personalidad y, por supuesto, la lealtad.
Vought «le trajo recortes de gastos potenciales» en su primer gobierno, dijo Short, «con los que Trump no estuvo de acuerdo». Esta vez, continuó Short, «tal vez Elon y Vivek le brinden respaldo» y den a Vought el sello de aprobación de dos empresarios muy ricos.
«Siempre tomará en cuenta quién ha sido bueno con él», dijo Short. «Ya lo ves: los sindicatos obtuvieron a la secretaria de Trabajo que querían, y Putin y Assad obtuvieron a la DNI (jefa de Inteligencia) que querían. … Esta no es tanto una situación de un equipo de rivales. Creo que se parecerá mucho a un reality show».

ATLANTA (AP) — Las autoridades federales han publicado una actualización sobre la investigación de los incendios en la planta química BioLab cerca de Atlanta, que produjo una nube química tóxica y obligó a los residentes cercanos a refugiarse en sus hogares.
Los incendios se desataron el 29 de septiembre en la planta de BioLab en Conyers, enviando una enorme columna de humo naranja y negro al cielo. El viernes, la Junta de Seguridad Química y de Investigación de Peligros de Estados Unidos publicó una actualización de la investigación.
BioLab produce químicos que eliminan algas y bacterias en el agua, principalmente para piscinas y jacuzzis, según el informe. La compañía es una subsidiaria de KIK Consumer Products, con sede en Lawrenceville, Georgia.
La empresa declaró en un comunicado que tiene un «sólido historial de trabajo constructivo» con los reguladores y continuará cooperando con las autoridades federales que están investigando.
«Permanecemos firmemente comprometidos a entender las causas del incidente y a rectificar la situación para los residentes y dueños de negocios afectados en el área», dice el comunicado.
Un empleado de BioLab encargado de la vigilancia contra incendios en el almacén de la planta 12 informó que escuchó un estallido al salir de la sala de descanso para realizar una revisión a las 5 a.m. y vio inmediatamente que un producto reactivo al agua estaba mojado, según el informe. El empleado llamó al único otro empleado de BioLab en el sitio.
Aunque inicialmente no se observaron llamas, el empleado encargado de la vigilancia contra incendios intentó aislar sin éxito el producto y llamó al 911 alrededor de las 5:10 a.m. mientras se formaban «grandes columnas de vapor tóxico» dentro del edificio.
Para las 6:30 a.m., se podían ver llamas a través del techo del área donde los empleados primero notaron la reacción química. Una orden inicial de refugio en el lugar fue emitida alrededor de las 7:40 a.m., y el incendio fue extinguido por los bomberos del Condado de Rockdale unos 30 minutos después.
Un segundo incendio estalló alrededor del mediodía, produciendo «humo negro espeso, seguido de columnas de varios colores», dice el informe. Las evacuaciones del área circundante comenzaron alrededor de las 12:30 p.m., y el jefe de bomberos del condado dijo que el fuego fue extinguido a las 4 p.m.
Partes del edificio donde ocurrió la reacción inicial se derrumbaron durante el incendio y el edificio fue destruido. El edificio de la Planta 12 cubría un área más grande que cinco campos de fútbol y permaneció como una «escena activa de respuesta a emergencias» durante casi cuatro semanas, según el informe.
El almacén de la Planta 12 era un área de almacenamiento a granel separada del almacén principal por un muro cortafuegos y persianas contra incendios, dice el informe. BioLab informó a los investigadores federales que habían establecido una vigilancia permanente contra incendios dos o tres meses antes del evento «después de detectar fuertes olores de oxidantes en dos edificios de almacenamiento», incluyendo la Planta 12.
La Interestatal 20, que corre paralela a la instalación, fue cerrada poco después de que el edificio se derrumbara justo antes de la 1 p.m. y permaneció cerrada hasta aproximadamente las 7 a.m. del día siguiente. Las carreteras más pequeñas cerca de la instalación permanecieron cerradas y la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado Rockdale emitió advertencias de refugio en el lugar dentro de un radio de dos millas que duraron varias semanas. La orden final expiró el 17 de octubre.
El humo se desplazó hacia Atlanta, causando una neblina o bruma que olía a cloro en partes de la ciudad y sus alrededores.
Se han presentado más de una docena de demandas en conexión con el incendio.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Por FABIOLA SÁNCHEZ Associated Press
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bajo la amenaza de una posible postergación de las elecciones y dudas sobre la imparcialidad y fiabilidad del proceso, miles de aspirantes se registraron para los comicios judiciales de 2025 que darán paso a la mayor reestructuración de Poder Judicial de la historia reciente de México.
El registro de candidatos, que se inició el 5 de noviembre y culminó a la medianoche del domingo, marcó la primera fase del proceso, impulsado por el partido gobernante, que finalizará el 1 de junio del año próximo con la inédita elección de 881 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Para 2027 está prevista una segunda consulta en la que se elegirán otros 800 jueces para completar lo previsto en la reforma judicial que se aprobó en septiembre en medio de gran polémica y los cuestionamientos de especialistas y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que manifestaron inquietud de que los cambios puedan poner en riesgo la independencia judicial.
Los críticos de la reforma aseguran que con la elección de los jueces por voto popular los tribunales se llenarán de personas afines al partido gobernante Morena y con poca experiencia y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales. Pero los defensores de la reforma sostienen que los cambios permitirán una depuración del Poder Judicial que por años ha sido señalado de estar contaminado de corrupción.
El arranque del proceso estuvo rodeado de incertidumbre por las acciones judiciales que se emprendieron contra la reforma, algunas aún pendientes de decisión, que llevaron a las autoridades electorales a demorar los preparativos e incluso a solicitar al Congreso, de mayoría oficialista, un aplazamiento de la consulta. Al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró el lunes confiada en que los comicios judiciales se darán en los tiempos previstos.
El proceso también se vio afectado por las protestas y reclamos contra la reforma que mantuvieron empleados judiciales, jueces y ministros del alto tribunal, algunos de los cuales prefirieron no inscribir sus candidaturas y renunciar para no perder sus beneficios de retiro.
La improvisación también marcó esta fase. Poco antes del cierre del registro los organizadores abrieron nuevas cuentas de correo para que los candidatos pudieran postularse.
Pese a los contratiempos, ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se inscribieron 18.447 personas —muchas de ellas a última hora—, informó el lunes el exministro Arturo Zaldívar, integrante del cuerpo. El Congreso también reportó el registro de 11.904 personas, mientras que el Poder Judicial recibió 3.805 inscripciones. Según explicaron los organizadores es muy posible que algunos aspirantes se hayan anotado en los tres comités a la vez, por lo que habrá que esperar la depuración de las listas para saber cuántos son los candidatos.
Los comités de evaluación de los tres poderes cotejarán y depurarán las listas en las próximas tres semanas para iniciar la fase de evaluación de los aspirantes que culminará a inicios de febrero con la selección de 1.793 candidatos.
En la votación del 1 de junio se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 magistrados de las salas regionales del máximo tribunal electoral de las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. También se votará por 464 magistrados de los tribunales de circuito y apelación y 386 jueces de distrito.
Entre los requisitos está tener un título de licenciado en Derecho con un promedio general de calificaciones de 8 puntos, al menos cinco años de ejercicio profesional, entrega de ensayos y cinco cartas de referencia de vecinos y colegas que respalden la idoneidad. En la reforma los legisladores eliminaron la exigencia de la edad mínima de 35 años.
El inédito proceso electoral atrajo desde jóvenes abogados, activistas y jueces activos hasta ministros de la Suprema Corte.
La académica y expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado norteño de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, no dudó en inscribir su candidatura para ministra de la Suprema Corte y aseguró que el proceso permitirá hacer frente a la «crisis de legitimidad» que padece la justicia mexicana.
«Necesitamos un sistema de justicia que dé resultados», dijo Martínez Garza a The Associated Press al reconocer que la reforma ayudará a erradicar la corrupción y lograr una justicia más expedita. «Este cambio pues es profundo».
Luego de dedicar casi 50 años a la docencia y a la defensa de los derechos humanos, ahora la académica, de 70 años, enfrentará el reto de entrar a una contienda electoral inédita para lograr uno de los nueve cargos en la Suprema Corte.
A pesar del optimismo que manifestaron las autoridades por el proceso la elección judicial sigue generando dudas.
Así lo reconoció Sergio Méndez Silva, coordinador de litigio constitucional de la organización humanitaria local Fundación para la Justicia, al advertir que no primó la imparcialidad al conformar los comités de evaluación de los tres poderes, que en algunos casos quedaron integrados por personas afines al oficialismo.
Méndez Silva también expresó dudas sobre la elección de ministros y magistrados y afirmó que ocupar un cargo de juez requiere «trayectorias probadas, experiencias probadas y conocimientos sólidos». «Uno no elige a un doctor o un médico para una operación por popularidad, lo elige por su conocimiento técnico, por su pericia, por su habilidad… Eso igual aplica para un juez», sostuvo.

Por JIM GOMEZ undefined
MANILA (AP) — El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., describió el lunes una amenaza pública de la vicepresidenta de mandar a matarlo como un complot criminal y prometió combatirlo, en un inminente enfrentamiento entre los dos principales líderes del país.
La vicepresidenta Sara Duterte dijo el sábado en una conferencia de prensa en línea que había contratado a un asesino para matar al presidente, a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes si ella misma es asesinada, en una amenaza que advirtió no era una broma.
La policía nacional y el ejército aumentaron inmediatamente la seguridad del presidente, y el departamento de justicia dijo que convocaría a la vicepresidenta para una investigación. El Consejo de Seguridad Nacional dijo que consideraba la amenaza como una preocupación de seguridad nacional.
La vicepresidenta, abogada, luego intentó retractarse de sus comentarios diciendo que no era una amenaza real sino una expresión de preocupación por su propia seguridad ante una amenaza no especificada.
«¿Por qué lo mataría si no es por venganza desde la tumba? No tengo ninguna razón para matarlo. ¿Qué beneficio obtengo?», dijo Duterte a los periodistas.
«Ese complot criminal no debe ser permitido», dijo Marcos en una declaración televisada, sin mencionar a Duterte por su nombre. «Lo combatiré».
«Como país democrático, necesitamos mantener el estado de derecho», dijo Marcos.
Marcos se postuló con Duterte como su compañera de fórmula en las elecciones de mayo de 2022 y ambos ganaron con victorias aplastantes en una campaña que llamaba a la unidad nacional. En Filipinas, las dos posiciones se eligen por separado.
Sin embargo, los dos líderes y sus equipos pronto tuvieron una amarga ruptura por diferencias clave, incluyendo en sus enfoques hacia las agresivas reclamaciones territoriales de China en el disputado Mar del Sur de China. Duterte renunció al gabinete de Marcos en junio como secretaria de educación y jefa de un cuerpo antiinsurgencia.
El lunes, el subsecretario de Justicia, Jesse Andres, dijo en una conferencia de prensa que Duterte sería citada para enfrentar una investigación.
Andres llamó a la vicepresidenta la «autoproclamada cerebro» de un «complot premeditado para asesinar al presidente». Todos los recursos gubernamentales y agencias de aplicación de la ley serán movilizados para identificar al presunto asesino y determinar la responsabilidad criminal, dijo.
«Tenemos que mantener el orden en una sociedad civilizada mediante la adhesión al estado de derecho y aplicaremos la plena fuerza y potencia de la ley en esto», dijo Andres.
Según la ley filipina, tales comentarios públicos pueden constituir un delito de amenazar con infligir daños a una persona o a su familia y son punibles con una pena de cárcel y multa.
La Constitución de Filipinas dice que si un presidente muere, sufre una discapacidad permanente, es destituido del cargo o renuncia, el vicepresidente asume y sirve el resto del mandato.
Duterte dijo que estaba lista para enfrentar a los investigadores o una denuncia de juicio político en el Congreso, pero agregó que también exigirá respuestas a sus acusaciones contra Marcos y sus aliados.
«Tampoco permitiré que lo que me hicieron pase», dijo a los periodistas.
La vicepresidenta es hija del predecesor de Marcos, Rodrigo Duterte, cuya represión antidrogas aplicada por la policía cuando era alcalde de la ciudad y luego presidente dejó miles de muertos, en su mayoría sospechosos de drogas menores, en asesinatos que la Corte Penal Internacional ha estado investigando como un posible crimen contra la humanidad.
La vicepresidenta se convirtió en una crítica vocal de Marcos, su esposa Liza Araneta-Marcos y el presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, primo del presidente, acusándolos de corrupción, incompetencia y persecución política a la familia Duterte y sus partidarios.
El mes pasado, la vicepresidenta dijo a los periodistas que su relación con Marcos se había vuelto tan tóxica que había imaginado «cortarle la cabeza».
Romualdez dijo a la Cámara de Representantes que la vicepresidenta estaba tratando de distraer la atención de su presunto mal uso de fondos públicos, que el Congreso está investigando. Varios legisladores reafirmaron su confianza en el presidente de la Cámara y condenaron las declaraciones de Duterte.
Su última diatriba fue provocada por la decisión de los miembros de la Cámara aliados con Romualdez y Marcos de detener a la jefa de personal de Duterte, Zuleika Lopez, quien fue acusada de obstaculizar una investigación congresional sobre el posible mal uso del presupuesto de Duterte como vicepresidenta y secretaria de educación. Lopez ha sido detenida en un hospital después de haber sido traumatizada por un plan de los legisladores de detenerla temporalmente en prisión.
En una conferencia de prensa en línea antes del amanecer del sábado, una enojada Duterte acusó a Marcos de incompetencia como presidente y de ser un mentiroso junto con su esposa y el presidente de la Cámara, en comentarios llenos de expletivos.
Cuando se plantearon preocupaciones sobre su seguridad, Duterte, de 46 años, sugirió que había un complot no especificado para matarla. «No se preocupen por mi seguridad porque he hablado con alguien. Dije ‘si me matan, maten a BBM, Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma, no es broma'», dijo la vicepresidenta, sin dar más detalles y usando las iniciales que muchos usan para referirse al presidente.
«He dado mi orden, ‘Si muero, no paren hasta que los hayan matado»», dijo la vicepresidenta.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.