Por FABIOLA SÁNCHEZ Associated Press
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bajo la amenaza de una posible postergación de las elecciones y dudas sobre la imparcialidad y fiabilidad del proceso, miles de aspirantes se registraron para los comicios judiciales de 2025 que darán paso a la mayor reestructuración de Poder Judicial de la historia reciente de México.
El registro de candidatos, que se inició el 5 de noviembre y culminó a la medianoche del domingo, marcó la primera fase del proceso, impulsado por el partido gobernante, que finalizará el 1 de junio del año próximo con la inédita elección de 881 jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Para 2027 está prevista una segunda consulta en la que se elegirán otros 800 jueces para completar lo previsto en la reforma judicial que se aprobó en septiembre en medio de gran polémica y los cuestionamientos de especialistas y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que manifestaron inquietud de que los cambios puedan poner en riesgo la independencia judicial.
Los críticos de la reforma aseguran que con la elección de los jueces por voto popular los tribunales se llenarán de personas afines al partido gobernante Morena y con poca experiencia y se abrirá el camino para que políticos y delincuentes puedan influir en las decisiones de los tribunales. Pero los defensores de la reforma sostienen que los cambios permitirán una depuración del Poder Judicial que por años ha sido señalado de estar contaminado de corrupción.
El arranque del proceso estuvo rodeado de incertidumbre por las acciones judiciales que se emprendieron contra la reforma, algunas aún pendientes de decisión, que llevaron a las autoridades electorales a demorar los preparativos e incluso a solicitar al Congreso, de mayoría oficialista, un aplazamiento de la consulta. Al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró el lunes confiada en que los comicios judiciales se darán en los tiempos previstos.
El proceso también se vio afectado por las protestas y reclamos contra la reforma que mantuvieron empleados judiciales, jueces y ministros del alto tribunal, algunos de los cuales prefirieron no inscribir sus candidaturas y renunciar para no perder sus beneficios de retiro.
La improvisación también marcó esta fase. Poco antes del cierre del registro los organizadores abrieron nuevas cuentas de correo para que los candidatos pudieran postularse.
Pese a los contratiempos, ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo se inscribieron 18.447 personas —muchas de ellas a última hora—, informó el lunes el exministro Arturo Zaldívar, integrante del cuerpo. El Congreso también reportó el registro de 11.904 personas, mientras que el Poder Judicial recibió 3.805 inscripciones. Según explicaron los organizadores es muy posible que algunos aspirantes se hayan anotado en los tres comités a la vez, por lo que habrá que esperar la depuración de las listas para saber cuántos son los candidatos.
Los comités de evaluación de los tres poderes cotejarán y depurarán las listas en las próximas tres semanas para iniciar la fase de evaluación de los aspirantes que culminará a inicios de febrero con la selección de 1.793 candidatos.
En la votación del 1 de junio se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte, cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y 15 magistrados de las salas regionales del máximo tribunal electoral de las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca. También se votará por 464 magistrados de los tribunales de circuito y apelación y 386 jueces de distrito.
Entre los requisitos está tener un título de licenciado en Derecho con un promedio general de calificaciones de 8 puntos, al menos cinco años de ejercicio profesional, entrega de ensayos y cinco cartas de referencia de vecinos y colegas que respalden la idoneidad. En la reforma los legisladores eliminaron la exigencia de la edad mínima de 35 años.
El inédito proceso electoral atrajo desde jóvenes abogados, activistas y jueces activos hasta ministros de la Suprema Corte.
La académica y expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado norteño de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, no dudó en inscribir su candidatura para ministra de la Suprema Corte y aseguró que el proceso permitirá hacer frente a la «crisis de legitimidad» que padece la justicia mexicana.
«Necesitamos un sistema de justicia que dé resultados», dijo Martínez Garza a The Associated Press al reconocer que la reforma ayudará a erradicar la corrupción y lograr una justicia más expedita. «Este cambio pues es profundo».
Luego de dedicar casi 50 años a la docencia y a la defensa de los derechos humanos, ahora la académica, de 70 años, enfrentará el reto de entrar a una contienda electoral inédita para lograr uno de los nueve cargos en la Suprema Corte.
A pesar del optimismo que manifestaron las autoridades por el proceso la elección judicial sigue generando dudas.
Así lo reconoció Sergio Méndez Silva, coordinador de litigio constitucional de la organización humanitaria local Fundación para la Justicia, al advertir que no primó la imparcialidad al conformar los comités de evaluación de los tres poderes, que en algunos casos quedaron integrados por personas afines al oficialismo.
Méndez Silva también expresó dudas sobre la elección de ministros y magistrados y afirmó que ocupar un cargo de juez requiere «trayectorias probadas, experiencias probadas y conocimientos sólidos». «Uno no elige a un doctor o un médico para una operación por popularidad, lo elige por su conocimiento técnico, por su pericia, por su habilidad… Eso igual aplica para un juez», sostuvo.

Por JIM GOMEZ undefined
MANILA (AP) — El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., describió el lunes una amenaza pública de la vicepresidenta de mandar a matarlo como un complot criminal y prometió combatirlo, en un inminente enfrentamiento entre los dos principales líderes del país.
La vicepresidenta Sara Duterte dijo el sábado en una conferencia de prensa en línea que había contratado a un asesino para matar al presidente, a su esposa y al presidente de la Cámara de Representantes si ella misma es asesinada, en una amenaza que advirtió no era una broma.
La policía nacional y el ejército aumentaron inmediatamente la seguridad del presidente, y el departamento de justicia dijo que convocaría a la vicepresidenta para una investigación. El Consejo de Seguridad Nacional dijo que consideraba la amenaza como una preocupación de seguridad nacional.
La vicepresidenta, abogada, luego intentó retractarse de sus comentarios diciendo que no era una amenaza real sino una expresión de preocupación por su propia seguridad ante una amenaza no especificada.
«¿Por qué lo mataría si no es por venganza desde la tumba? No tengo ninguna razón para matarlo. ¿Qué beneficio obtengo?», dijo Duterte a los periodistas.
«Ese complot criminal no debe ser permitido», dijo Marcos en una declaración televisada, sin mencionar a Duterte por su nombre. «Lo combatiré».
«Como país democrático, necesitamos mantener el estado de derecho», dijo Marcos.
Marcos se postuló con Duterte como su compañera de fórmula en las elecciones de mayo de 2022 y ambos ganaron con victorias aplastantes en una campaña que llamaba a la unidad nacional. En Filipinas, las dos posiciones se eligen por separado.
Sin embargo, los dos líderes y sus equipos pronto tuvieron una amarga ruptura por diferencias clave, incluyendo en sus enfoques hacia las agresivas reclamaciones territoriales de China en el disputado Mar del Sur de China. Duterte renunció al gabinete de Marcos en junio como secretaria de educación y jefa de un cuerpo antiinsurgencia.
El lunes, el subsecretario de Justicia, Jesse Andres, dijo en una conferencia de prensa que Duterte sería citada para enfrentar una investigación.
Andres llamó a la vicepresidenta la «autoproclamada cerebro» de un «complot premeditado para asesinar al presidente». Todos los recursos gubernamentales y agencias de aplicación de la ley serán movilizados para identificar al presunto asesino y determinar la responsabilidad criminal, dijo.
«Tenemos que mantener el orden en una sociedad civilizada mediante la adhesión al estado de derecho y aplicaremos la plena fuerza y potencia de la ley en esto», dijo Andres.
Según la ley filipina, tales comentarios públicos pueden constituir un delito de amenazar con infligir daños a una persona o a su familia y son punibles con una pena de cárcel y multa.
La Constitución de Filipinas dice que si un presidente muere, sufre una discapacidad permanente, es destituido del cargo o renuncia, el vicepresidente asume y sirve el resto del mandato.
Duterte dijo que estaba lista para enfrentar a los investigadores o una denuncia de juicio político en el Congreso, pero agregó que también exigirá respuestas a sus acusaciones contra Marcos y sus aliados.
«Tampoco permitiré que lo que me hicieron pase», dijo a los periodistas.
La vicepresidenta es hija del predecesor de Marcos, Rodrigo Duterte, cuya represión antidrogas aplicada por la policía cuando era alcalde de la ciudad y luego presidente dejó miles de muertos, en su mayoría sospechosos de drogas menores, en asesinatos que la Corte Penal Internacional ha estado investigando como un posible crimen contra la humanidad.
La vicepresidenta se convirtió en una crítica vocal de Marcos, su esposa Liza Araneta-Marcos y el presidente de la Cámara de Representantes, Martin Romualdez, primo del presidente, acusándolos de corrupción, incompetencia y persecución política a la familia Duterte y sus partidarios.
El mes pasado, la vicepresidenta dijo a los periodistas que su relación con Marcos se había vuelto tan tóxica que había imaginado «cortarle la cabeza».
Romualdez dijo a la Cámara de Representantes que la vicepresidenta estaba tratando de distraer la atención de su presunto mal uso de fondos públicos, que el Congreso está investigando. Varios legisladores reafirmaron su confianza en el presidente de la Cámara y condenaron las declaraciones de Duterte.
Su última diatriba fue provocada por la decisión de los miembros de la Cámara aliados con Romualdez y Marcos de detener a la jefa de personal de Duterte, Zuleika Lopez, quien fue acusada de obstaculizar una investigación congresional sobre el posible mal uso del presupuesto de Duterte como vicepresidenta y secretaria de educación. Lopez ha sido detenida en un hospital después de haber sido traumatizada por un plan de los legisladores de detenerla temporalmente en prisión.
En una conferencia de prensa en línea antes del amanecer del sábado, una enojada Duterte acusó a Marcos de incompetencia como presidente y de ser un mentiroso junto con su esposa y el presidente de la Cámara, en comentarios llenos de expletivos.
Cuando se plantearon preocupaciones sobre su seguridad, Duterte, de 46 años, sugirió que había un complot no especificado para matarla. «No se preocupen por mi seguridad porque he hablado con alguien. Dije ‘si me matan, maten a BBM, Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma, no es broma'», dijo la vicepresidenta, sin dar más detalles y usando las iniciales que muchos usan para referirse al presidente.
«He dado mi orden, ‘Si muero, no paren hasta que los hayan matado»», dijo la vicepresidenta.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.