La decisión de mantener el salario mínimo congelado, apelando a la fórmula de ajustar sólo el bono de alimentación y asignando una transferencia de naturaleza discrecional (el llamado “bono de guerra”) como mecanismos de compensación de cara a un
fenómeno de galopante inflación, pone en evidencia, no sólo la crítica situación fiscal que atraviesa la República, sino que compromete gravemente, además, la existencia del sistema de protección social en Venezuela, ya muy frágil.
De esta forma, la Academia de Ciencias Económicas respondió a los anuncicos oficiales del 1 de mayo con motivo del Día del Trabajador, en un comunicado este lunes.
Eliminación de importantes componentes
La academia advierte que en la medida que la moneda soberana, el bolívar, se siga debilitando frente a otros activos monetarios, el poder de compra del salario mínimo (que sigue marcado en bolívares), como su expresión en otras monedas se irá reduciendo.
De no ser detenido el proceso de inflación que viene azotando a la sociedad venezolana y de instalarse éste diseño en las remuneraciones, tres importantes componentes del sistema de protección social venezolano corren peligro de quedar eliminados en poco tiempo, a saber: el salario mínimo, las pensiones y la indemnización por cesantía (prestaciones sociales).
La Academia explica un hecho discriminatrio:
“Los jubilados y pensionados en Venezuela no son beneficiarios del bono de alimentación, sólo los trabajadores activos, y el llamado bono de guerra se otorga en montos muy diferentes, sea el beneficiario trabajador activo (US$ 30), jubilado de la administración pública nacional (US$ 49) o pensionado de la seguridad social (US$ 20)”, señala el comunicado de este lunes.
Para la Acaema de Ciencias económicas, parece claro que entre las razones que deben haber motivado el diseño de estas medidas “priva la crisis de las finanzas públicas que se posa sobre la República”.
“Se intenta con estas medidas minimizar la carga que supone el aumento del salario mínimo y sus beneficios sobre las finanzas del Estado. En éste sentido, la Academia advierte, una vez más, que ante el disminuido tamaño de la economía y la drástica reducción de la renta de origen petrolero, se hace imperioso el redimensionamiento del Estado venezolano, la eficiencia en la gestión de sus recursos, y el combate al reparto de sus activos y a la corrupción”, dice.
Si estas acciones no son suficientes para mantener e incluso fortalecer el sistema de protección social que priva en las leyes venezolanas, entonces “procede un rediseño del sistema de seguridad social en Venezuela que lo haga acorde a las circunstancias actuales, en aras de que la población vulnerable tenga acceso a beneficios que verdaderamente dignifiquen su calidad de vida y a servicios de buena calidad”, sostiene la Academa.
Lo que no parece admisible es apostar, como parece ser la tendencia, a la desaparición del sistema de protección al que se debe el Estado, en un país con graves carencias y un altísimo grado de vulnerabilidad social, concluye, recomendando además abordar los desafíos con la concurrencia de todas las fuerzas políticas y sociales..
