Las recientes acciones sobre Citgo de parte del gobierno de los Estados Unidos se inscriben en una serie de cambios que se están producendo en la politica del gobierno de ese pais sobre Venezuela.
El periodista Víctor Salmerón, especializado en asuntos económicos, a través de su cuenta Twitter, ofrece un análisis de la situación de Citgo, la deuda externa venezolana y las perspectivas de la pugna que mantendrán las partes en los litigios sobre esa deuda.
Aquí se ofrece buena parte de opiniones suyas y otras de la parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Salmerón explica que durante un boom de altos precios del petróleo, el chavismo asumió una voluminosa deuda emitiendo bonos y expropiando empresas que ahora reclaman su pago.
Tres obstáculos para los acreedores
En su analisis, Salmerón advierte que en el propósito de embargar activos de Venezuela en el exterior, los acreedores tienen tres obstáculos: los juicios, las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y la política exterior de Washington.
Señala que en dos de ellos se comenzaron a ar cambios:
En el caso de la política exterior de Washington y las licencias de la OFAC hay cambios relevantes que benefician a los acreedores.
Explica que en 2019, para apoyar una eventual transición política en Venezuela, Donald Trump estableció una estrategia de protección de activos del país que impide embargos sin licencias de la OFAC.
Fuentes cercanas al proceso explican que Washington comenzó a cambiar su política, ante la evidencia de que no ocurrió la transición, ya no existe la figura del presidente encargado y la oposición venezolana se debilitó.
El punto Citgo y Cristallex
La administración de Joe Biden, a través de una carta del Departamento de Justicia fechada el 7 de abril, afirmó en la corte de Delaware que no bloqueará la subasta forzosa de acciones de Citgo, el activo más valioso del país en el exterior.
En la carta que el Departamento de Justicia envió a la corte de Delaware se afirma que la OFAC tiene la Intención de implementar una política de licencias favorable a la ejecución de una venta de acciones de Citgo.
El periodista recuerda que el acreedor que posee una orden de embargo que ya no es apelable es Crystallex, la empresa a la que en 2008 le fue expropiada la mina de oro Las Cristinas en Guayana.
Crystallex acudió al Centro de Arbitrajes del Banco Mundial y obtuvo una decisión que le permite cobrar $1.400 millones. Posterior a este fallo recibió un pago de $400 millones por el gobierno de Maduro, pero reclama el resto.
Cristallex introdujo una demanda en Delaware para intentar cobrar la deuda y el juez decidió en 2018 que Pdvsa y el gobierno venezolano son una misma entidad. Por tanto, Crystallex puede cobrar la deuda mediante una subasta de acciones de la filial de Pdvsa propietaria de Citgo.
Según el gobierno de Maduro, se trató de la tesis “espejo”, que esa administración denuncia que para ello, Cristallex obtuvo la colaboración, para el juicio en el tribunal, del abogado venezolano José Ignacio Hernández, quien fuera nombrado después procurador especial del gobierno interino.
Defensa efectiva
Por otra parte, Salmerón estima que el proceso de juicio de la subasta tardaría alrededor de un año. “La situación sería muy comprometida en 2024 de no haber una defensa legal efectiva”, dice el periodista.
“En diciembre de 2016 -señala Salmerón- el gobierno de Nicolás Maduro hipotecó a Citgo al emitir unos bonos de Pdvsa que vencieron en 2020. Estos bonos están garantizados con el 50,1% de las acciones de Citgo.
El pasado primero de mayo la OFAC aclaró que no actuará “contra ninguna persona por tomar medidas para preservar la capacidad de hacer cumplir los derechos de los tenedores de bonos sobre las acciones de Citgo”, precisa Salmerón.
Actuación del gobierno interino
El gobierno interino consideró ilegal la emisión de estos bonos, bajo el argumento de que no podía comprometerse a Citgo sin la autorización de la Asamblea Nacional, e introdujo una demanda ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que todavía evalúa el caso.
La deuda que tiene el país por los bonos emitidos a través de Finanzas y Pdvsa suma $86 mil millones, incluyendo capital e intereses. En 2017 la administración de Maduro suspendió el pago. Los inversionistas tienen seis años, a partir del comienzo de la mora, para demandar.
El lapso para demandar comienza a vencerse en octubre de este año. “Para evitar una seguidilla de demandas -señala Salmerón- el gobierno de Venezuela puede negociar una extensión de esta fecha, pero, para EEUU, ¿cuál es el gobierno de Venezuela?, se pregunta.
La administración de Maduro notificó a los inversionistas que decidió suspender el plazo en que pueden tomar acciones legales hasta 90 días después de que el gobierno de Estados Unidos retire las sanciones o hasta el 31 de diciembre de 2028.
El problema es que Estados Unidos no reconoce al gobierno de Maduro como legítimo y por tanto no puede representar legalmente a Pdvsa y al país, dentro de EEUU. La OFAC emitió una licencia donde autoriza a la Asamblea Nacional elegida en 2015 a negociar con los acreedores.
La deuda total del país suma 170 mil millones de dólares. No hay pasos hacia una reestructuración exitosa que permita que el país recupere el crédito e instrumente un programa exitoso de reformas, concluye el periodista Víctor Salmerón.
