Estos son los seis puntos que están discutiendo desde ayer en el hotel Humboldt del Waraira Repano (El Avila) las delegaciones del gobierno de Gustavo Petro y representantes de la guerrilla del ELN.
Se trata de los mismos que quedaron pendientes hace años (en 2016) cuando se suspendieron similares conversaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
Según El País de España, son los siguientes:
1. Participación de la sociedad en la construcción de paz
El primer punto de la agenda es cómo crear un mecanismo para que la sociedad civil participe con propuestas de paz. El documento de 2016 habla de un “ejercicio dinámico y activo, incluyente y pluralista” para construir una “visión común de la paz”. Según dijo Beltrán este lunes, no se trata de la visión de paz del Gobierno ni la del ELN. Aseguró, sin dar más detalles, que ya hay ejercicios previos en ese sentido. “Para nosotros (esta negociación) no es un trueque de favores. Aprovechamos para dejar esta constancia. Nos han dicho, ¿cuántas curules quieren? Nosotros no las solicitamos, lo que queremos es que mejore Colombia”, dijo. No es claro si los diálogos regionales vinculantes, que realiza el Gobierno, sean la herramienta que serviría a este punto o desarrollarían otra. Tampoco y quiénes serían los representantes de esa sociedad civil.
2. Democracia para la paz
Aquí, además de revisar los mecanismos de participación ciudadana, discutirán el marco normativo y las garantías para la manifestación y movilización pública. En concreto, en este punto abordarían el “tratamiento de la situación jurídica de los sindicados y condenados en actos por el desarrollo de la movilización social”, dice el documento de 2016. No es claro si se refiere a los detenidos que hayan tenido vínculos con el ELN ni cómo se relaciona esto con los detenidos durante el estallido social de 2019 y 2021, posteriores a la construcción de esta agenda. El Gobierno de Petro se ha comprometido públicamente a no estigmatizar la protesta social, algo que podría considerarse un avance en la negociación. Sin embargo, en la Ley de Paz Total recién aprobada por el Congreso se excluyeron dos artículos que beneficiarían a los detenidos en el marco de las protestas. En ese caso, la oposición tuvo la última palabra.
3. Transformaciones para la paz
En este punto discutirán las propuestas de paz de la sociedad civil y la creación de programas para superar la pobreza y la exclusión social, así como la degradación del medio ambiente. Aunque el Alto Comisionado dijo que perciben buena disposición, se sabe que algunos de los frentes del ELN tienen vinculaciones con minería ilegal, que destruye el medio ambiente. Esa podría ser una diferencia y llevar a una discusión sobre cómo se alejarán de ese negocio. “Los diálogos tienen retos concretos en lo político, social y ambiental”, dijo Rueda, que habló de respetar la vida de los humanos, los animales y las fuentes de agua como centro de las conversaciones. La centralidad del tema se observa también en la elección del reconocido ambientalista Rodrigo Botero como delegado del Gobierno. Este punto también incluye la creación de “planes alternativos” que sean opciones económicas para las comunidades a la vez que protegen el medio ambiente o evitan la deforestación. Será clave ver cómo se hacen efectivos y en manos de quién estarían.
4. Víctimas
En la agenda que quedó de 2016 se habla de crear condiciones para que se reconozca a las víctimas y se les de un tratamiento “con base en la verdad, la justicia, la reparación y el compromiso de no repetición y el no olvido”. Según el documento, esos elementos fundamentan el “perdón y proyectan el proceso de reconciliación”. Ante las dudas sobre la centralidad de las víctimas en estos diálogos y cómo se concreten ese perdón, Rueda advirtió este lunes que “nada sobre amnistías se ha definido, pero aseguramos que nada se basa en la impunidad. Estamos reiniciando la mesa. Los derechos de las víctimas se van a respetar y los mecanismos serán novedosos para escuchar muchas voces en Colombia”. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, hasta 2018 el ELN fue responsable de 17.725 homicidios, 9.538 secuestros y el reclutamiento de 1.319 personas.
5. Fin del conflicto armado
Este podría ser el punto más importante del documento de 2016 y que se ratifica ahora porque se habla de que el objetivo es «poner punto final al conflicto armado, además de “propiciar el tránsito del ELN a la política legal”. Esto después de seis décadas de conflicto que ha dejado millones de víctimas en el país. Para eso tendrán que discutir ocho espinosos temas, como la futura situación jurídica de los integrantes de esta guerrilla; su seguridad, algo que será clave después de que al menos 340 reincorporados de las FARC han sido asesinados tras su desarme; las condiciones para la participación en política de los miembros del ELN (aunque han dicho que no buscan escaños, como las extintas FARC) y la situación de los guerrilleros que están encarcelados.
En este aparte de la agenda, también se incluye “esclarecer el fenómeno paramilitar”, el cese al fuego bilateral y, finalmente un acuerdo para sobre el destino de las armas para poner fin al conflicto. Este último y, de acuerdo con las declaraciones del comandante del ELN, alias Antonio García, puede ser complicado. García ha puesto en duda el esquema de desmovilización que se ha hecho con otros grupos armados. También ha criticado la «paz total» con la que el gobierno de Petro busca dialogar con organizaciones de crimen organizado sin motivaciones políticas.
6. Implementación
El último aparte de la agenda habla de la materialización de las transformaciones que se hayan discutido en la mesa y sirvan para pasar del conflicto a la paz. Para eso, dice el documento, crearían un Plan General de Ejecución con un cronograma que sería verificado por las partes y la comunidad internacional. Y finalmente, habla, aunque no lo especifica, de un mecanismo de refrendación “que consolide lo pactado y lo proyecte hacia el futuro”.
