(Carlos Subero)
Una delicada discusión se está dando ahora en el ámbito político, cuando se disponen a aprobar las reglas que regirán para la asignación de los testigos electorales que acrediten los candidatos y comandos.
El punto polémico es que se plantea que para poder ser acreditado como testigo electoral en una mesa de votación que funcionará el 28 de julio se debe ser elector de esa misma mesa.
Hay posiciones encontradas en esto. Mientras el oficialismo, por boca de Diosdado Cabello en su programa Con el Mazo Dando, avaló la propuesta restrictiva, voceros de la oposición como Guanipa destacan que eso es una medida que va contra la oposición y debe rechazarse.
Una decisión como la planteada comprometería a la opositora Plataforma Unitaria para favorecer la posición del Psuv y su candidato Nicolás Maduro. Se explica por qué.
¿Por qué son importantes los testigos?
Es necesario explicar que la importancia de los testigos es vital en la intención de los comandos de realizar su conteo propio del escrutinio electoral. Los testigos acreditados ante el Consejo Nacional electoral (CNE) son personas autorizadas para solicitar y recibir copia certificada del acta de escrutinios que emita la mesa de votación el día de la elección.
Si se colocan testigos en cada una de las 30 mil mesas de votación que funcionarán en el país, y estos obtienen copia el acta de escrutinios, pues la misma noche de la elección, el comando podrá tener certeza de la votación exacta obtenida en los comicios.
Pero no solo esto. Hay algo más importante. El comando que logre esos testigos podrá demostrar fehacientemente cada voto obtenido, en lo que se llama parte de la defensa del voto.
Hasta ahora, el asunto de la designación de estos testigos oficiales, representantes de cada candidato, era sin condiciones del sitio donde se vote. Es decir, si una persona vota en ProPatria, municipio Libertador, puede ser testigo en una mesa que esté en Petare, municipio Sucre, estado Miranda. No se había aplicado restricción alguna.
Ahora habría que estar inscrito como elector en la mesa donde se intente ser testigo. La nueva norma que se intenta aplicar trastoca esta situación y obliga a los comandos electorales a un esfuerzo complicado de organización para poder cubrir las decenas de miles de mesas electorales.
La magnitud del problema
Pero hay unos comandos que están mejor preparados para una normativa como la que está en discusión. Por ejemplo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) tiene una estructura organizativa de militantes que les incluye no solo por centro de votación, sino por cada calle del país. Si tiene sus militantes inscritos y registrados por cada uno los 15 mil 800 centros de votación, pues está en mejor posición de seleccionar sus testigos por cada mesa, con solo extraerlos de su lista.
Otra cosa ocurre con la Plataforma Democrática y su candidato Edmundo González Urrutia. Se trata de un cúmulo de partidos, organizados cada cual a su manera, y que no tienen control por cada uno de los miles de centros de votación del país. Entonces para encontrar a cada testigo tendrán que realizar un trabajo de hormiguita que consiste en chequear el listado de todas y cada una de las 30 mil mesas electorales para buscar a algún simpatizante a quien puedan postular como testigo para el 28 de julio en esa mesa.
La oposición tiene desde hace meses un programa denominado 600K, que busca precisamente prepararse para cuidar sus votos del 28 de julio. Este plan opositor estaba montado sobre la base que cualquier persona puede ser testigo en cualquier mesa de votación, sin importar si es elector de allí o no. Entonces, de aprobarse la nueva norma, trastocaría todo ese proyecto 600K y le obligaria a adaptarse urgentemente al cambio oficial de exigencias.
Comenzar otra vez
Es decir, tendrá que empezar por hacer la lista de simpatizantes y asignarlos a su mesa votación como posibles testigos, y luego ver en qué mesas faltan simpatizantes para poder buscar en ese listado quién podría servir como testigo.
Es decir que se pierde todo el trabajo de meses ya adelantado, y hay que recomenzar bajo nuevos criterios.
Y para eso tienen solo unos 40 días de trabajo.
El polémico asunto está aun en debate. Y de un momento a otro puede tomarse la decisión final, que puede tener influencia sobre las elecciones este 28-J.
