(AP) — El gobierno de Venezuela ordenó el miércoles la expulsión de la jefa de la delegación de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, y le dio 72 horas para abandonar el país tras la decisión del bloque de imponer sanciones a casi dos decenas de funcionarios venezolanos acusados de minar la democracia o violar derechos humanos en el país sudamericano.
El canciller venezolano Jorge Arreaza indicó que se declaró “persona no grata” a Brilhante Pedrosa “por decisión» del presidente Nicolás Maduro.
“Las circunstancias de agresión no dejan opción» por «el irrespeto al derecho internacional público” y de acuerdo a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, dijo Arreaza en una declaración a la prensa luego de un encuentro con la diplomática europea en la sede de la cancillería.
“Lo hacemos porque van ya 55 decisiones, de eso que llaman en la Unión Europea o en el sistema estadounidense sanciones, como si tuvieran ellos alguna una autoridad moral, que no la tienen, tampoco legal, para imponer castigos alguno a ciudadanos de cualquier otro país», añadió.
La decisión se anunció dos días después que los ministros de exteriores de la Unión Europea sancionaron a 19 funcionarios venezolanos, congelaron sus activos y les prohibieron los viajes al bloque citando la situación de deterioro que enfrenta Venezuela después de las elecciones de diciembre de 2020. Los principales partidos de la oposición boicotearon esos comicios.
Hasta ahora 55 funcionarios venezolanos han sido sancionados por la Unión Europea.
“Los individuos agregados a la lista son responsables, principalmente, de socavar los derechos electorales de las oposiciones y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional y de serias violaciones de derechos humanos y restricciones a libertades fundamentales”, señalaron los ministros de la UE.
Esta la segunda ocasión en casi ocho meses que Brilhante Pedrosa es declarada “persona no grata” y el gobierno venezolano ordena su expulsión. En ambas oportunidades las medidas han estado relacionadas con las sanciones impuestas por el bloque europeo a funcionarios y aliados de Maduro.
En junio la expulsión quedó sin efecto luego de una conversación telefónica entre el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y el canciller Arreaza. Entonces los diplomáticos coincidieron en la necesidad de mantener las relaciones diplomáticas.
El miércoles Arreaza lamentó que se impusieran nuevamente sanciones después de que el “año pasado se logró establecer una comunicación estable con el Alto Representante de las Relaciones Exteriores de la Unión Europea”.
“Generoso fue el presidente Maduro al haber permitido que en Venezuela permaneciesen los jefes de misiones y las misiones incluso de países de la Unión Europea, cuando en febrero de 2019 le desconocieron” como mandatario legítimo de Venezuela, acotó el canciller venezolano en alusión al reconocimiento dado entonces al líder opositor Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional se declaró presidente interino en 2019 y fue reconocido por 60 países como gobernante legítimo de Venezuela en lugar de Maduro, argumentando que su reelección en 2018 había sido fraudulenta.
Entre los países que reconocieron en su momento a Guaidó como presidente encargado figuran España, Francia, el Reino Unido y Alemania.
Poco después, Arreaza entregó “Notas de Protesta firme” a los embajadores de Francia, Romain Nadal, y Alemania, Daniel Kriener, así como a los jefes de misión de España, Juan Fernández Trigo, y Países Bajos, Robert Schuddeboom. El gobierno de Caracas considera que esos cuatro países europeos orquestaron las nuevas sanciones y “no lo pueden negar, que actuaron con mayor mala intención para fomentar nuevos ataques” contra de Venezuela.
Además de las Notas de Protestas en las que Venezuela exige que esos gobiernos rectifiquen, los cuatro diplomáticos europeos recibieron de manos del canciller venezolano copias de la Constitución del país y de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sosteniendo que un embajador debe conocer los contenidos de esos documentos y “pareciera que no es así, el obsequio ha sido necesario”, acotó Arreaza.
Maduro repetidamente ha dicho que es atacado por el bloque europeo y Estados Unidos para sacarlo del poder.
Venezuela está hundida en una profunda crisis política, social y económica, que los atribuyen a dos décadas de gobiernos socialistas que han dejado al otrora rico país petrolero en la bancarrota. Venezuela además cursa su sexto año en recesión y su población es azotada por los altos precios de los alimentos y los bajos salarios en un escenario de alta inflación de cuatro dígitos que condena a millones a vivir en pobreza.
