El presidente Donald Trump lleva menos de un mes en el cargo, y el vasto imperio empresarial de Elon Musk ya se está beneficiando, o está ahora en una posición notoriamente mejor para beneficiarse.
Trump y Musk, el hombre más rico del mundo a quien el presidente ha otorgado un enorme poder, han estado desmantelando agencias federales en todo el gobierno. Trump ha despedido a altos funcionarios y expulsado a empleados de carrera. Muchos de ellos dirigían investigaciones, asuntos de aplicación de la ley o demandas pendientes contra las empresas de Musk.
También se ha beneficiado de las dimisiones de los reguladores del gobierno de Joe Biden, que cambiaron el control de las principales agencias reguladoras, dejando a funcionarios republicanos más afines supervisando esas demandas.
Al menos 11 agencias federales que se han visto afectadas por esos movimientos tienen más de 32 investigaciones en curso, denuncias pendientes o acciones coercitivas contra las seis empresas de Musk, según un estudio de The New York Times.
Los despidos de Trump afectan a las agencias que supervisan a las empresas de Musk
Los cambios de personal, incluido el despido de varios altos funcionarios, han afectado a las agencias con investigaciones federales o batallas reguladoras con las empresas de Elon Musk.
Los acontecimientos de las últimas semanas han puesto en tela de juicio el progreso y los resultados de muchas de esas investigaciones pendientes sobre sus empresas.
Las investigaciones incluyen las multas de la Administración Federal de Aviación (FAA por su sigla en inglés) a la empresa de cohetes de Elon Musk, SpaceX, por infracciones de seguridad y una demanda de la Comisión de Bolsa y Valores que presiona a Musk para que pague al gobierno federal quizá hasta 150 millones de dólares, acusándolo de haber infringido la ley federal de valores.
Por su parte, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB por su sigla en inglés), organismo independiente de vigilancia de los derechos de los trabajadores, tiene abiertas 24 investigaciones sobre las empresas de Musk, según la revisión realizada por el Times.
Desde enero, Donald Trump ha despedido a tres funcionarios de ese organismo, incluido un miembro de la Junta, lo que ha paralizado la capacidad de la misma para resolver los casos. Hasta que Trump no nombre a nuevos miembros, los casos que necesitan un dictamen del consejo no pueden seguir adelante, según la agencia.
En la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (o CFPB por su sigla en inglés), una base de datos pública muestra cientos de quejas sobre la empresa de coches eléctricos Tesla, la mayoría relativas a problemas de cobro de deudas o préstamos. La agencia ha sido puesta fuera de servicio, al menos temporalmente, por el gobierno de Trump, el cual ha ordenado a su personal que suspenda todas las investigaciones. La CFPB también es una agencia que habría regulado los nuevos esfuerzos de Musk para llevar un servicio de pagos a X.
“CFPB RIP (descanse en paz, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor)”, escribió Musk en una publicación en las redes sociales la semana pasada, cuando el gobierno de Trump se disponía a cerrar la oficina.
Musk no solo tiene numerosos contratos supervisados por varias agencias gubernamentales, como la espacial, la de medios de comunicación, la de valores financieros y la de seguridad vial. Él y su equipo también tienen un cargo extraordinario creado por el presidente Trump que le permite revisar el gasto y la dotación de personal de todos los departamentos del poder ejecutivo a través de su iniciativa de recorte de costos denominada Departamento de Eficiencia Gubernamental.
Las normas federales tradicionales sobre conflictos de intereses parecen casi anticuadas, si Musk está decidido a participar en decisiones concretas sobre los organismos con los que sus empresas hacen negocios.
Por eso el papel de Musk preocupa tanto a los antiguos abogados de ética de la Casa Blanca, tanto de las administraciones demócratas como republicanas.
Ninguna de las investigaciones o demandas relacionadas con Musk y sus empresas, al menos hasta ahora, se ha archivado formalmente desde el inicio de la nueva administración, según más de una decena de funcionarios federales actuales y anteriores entrevistados por el Times.
El Times tampoco encontró pruebas de que Musk ordenara directamente que se cerrara o paralizara alguna investigación sobre una de sus empresas.
Los cambios en las agencias reflejan en muchos casos cambios en las prioridades nacionales que vienen con un presidente que se ha quejado durante mucho tiempo de que la regulación gubernamental ha sido demasiado agresiva, una opinión muy extendida en la comunidad empresarial.
Pero la turbulencia en las agencias federales representa una de las primeras pruebas de una amplia gama de conflictos de intereses que Musk ha llevado a la Casa Blanca, incluidos 100 contratos con 17 agencias federales.
Musk controla seis empresas, incluida Tesla, que cotiza en bolsa. Es fundador de SpaceX, de la empresa de inteligencia artificial xAI, de Boring Company, una empresa de construcción de túneles, y de Neuralink, que desarrolla implantes informáticos cerebrales. Todas ellas son privadas. También es propietario de la plataforma de medios sociales X, antes Twitter.
Las empresas de Musk consiguieron 13.000 millones de dólares en contratos en los últimos cinco años, lo que convierte a SpaceX, que recauda la mayor parte de ese dinero, en uno de los mayores contratistas del gobierno. Durante el gobierno de Trump ya se habla de ampliar estos acuerdos, sobre todo en la Fuerza Aérea.
Musk ha tenido una larga y polémica relación con los reguladores de sus empresas. Ha llamado “bastardos” a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por su sigla en inglés), y SpaceX ha demandado a la NLRB , argumentando que es “inconstitucional” después de que la agencia alegara que la empresa había maltratado y despedido ilegalmente a algunos trabajadores.
“Si las normas son tales que no puedes progresar, entonces tienes que luchar contra las normas”, dijo Musk en una biografía autorizada publicada en 2015.
Los demócratas del Congreso, y abogados externos especializados en contratos gubernamentales y ética, han cuestionado la postura de Musk, afirmando que no pueden identificar un momento en la historia de Estados Unidos en el que un ejecutivo de empresa con tantos asuntos normativos, así como miles de millones de dólares en contratos federales, haya tenido tanto poder sobre las operaciones gubernamentales.
Musk controla seis empresas, incluida Tesla, que cotiza en bolsa. Es fundador de SpaceX, de la empresa de inteligencia artificial xAI, de Boring Company, una empresa de construcción de túneles, y de Neuralink, que desarrolla implantes informáticos cerebrales. Todas ellas son privadas. También es propietario de la plataforma de medios sociales X, antes Twitter.
Las empresas de Musk consiguieron 13.000 millones de dólares en contratos en los últimos cinco años, lo que convierte a SpaceX, que recauda la mayor parte de ese dinero, en uno de los mayores contratistas del gobierno. Durante el gobierno de Trump ya se habla de ampliar estos acuerdos, sobre todo en la Fuerza Aérea.
Musk ha tenido una larga y polémica relación con los reguladores de sus empresas. Ha llamado “bastardos” a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por su sigla en inglés), y SpaceX ha demandado a la NLRB , argumentando que es “inconstitucional” después de que la agencia alegara que la empresa había maltratado y despedido ilegalmente a algunos trabajadores.
“Si las normas son tales que no puedes progresar, entonces tienes que luchar contra las normas”, dijo Musk en una biografía autorizada publicada en 2015.
Los demócratas del Congreso, y abogados externos especializados en contratos gubernamentales y ética, han cuestionado la postura de Musk, afirmando que no pueden identificar un momento en la historia de Estados Unidos en el que un ejecutivo de empresa con tantos asuntos normativos, así como miles de millones de dólares en contratos federales, haya tenido tanto poder sobre las operaciones gubernamentales.
“El doble papel de Musk —dirigir una empresa con ánimo de lucro al tiempo que desempeña un cargo público— no solo crea flagrantes conflictos de intereses que plantean graves riesgos para las instituciones más sagradas de Estados Unidos, sino que también puede violar la ley federal”, escribió este mes el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut y miembro de un grupo de investigación del Senado, en una carta dirigida al asesor general y al presidente del consejo de Tesla. Blumenthal pedía respuestas sobre cómo la empresa está abordando los aparentes conflictos.
Trump, al hablar con los periodistas antes de asistir al Super Bowl el domingo, dijo que Musk “no está ganando nada” con ese cargo. Funcionarios de la Casa Blanca añadieron la semana pasada que corresponde a Musk vigilar sus propias acciones.
“Si Elon Musk se encuentra con un conflicto de intereses con los contratos y la financiación que supervisa el DOGE, entonces Elon se excusará de esos contratos”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Musk, sus empresas y una portavoz del Departamento de Eficiencia Gubernamental no respondieron a las peticiones de comentarios.
Sin embargo, en comentarios realizados el martes desde el Despacho Oval con Donald Trump, Musk defendió su participación en la contratación del Pentágono y dijo que confiaba en no tener conflictos porque son los empleados de SpaceX quienes presentan las ofertas, no él personalmente.
Musk añadió que si alguien puede encontrar un contrato que “se adjudicara a SpaceX y no fuera por mucho la mejor relación calidad-precio para el contribuyente, que me lo haga saber, porque todos ellos lo fueron”.
El lanzamiento por SpaceX de su cohete Falcon Heavy en julio de 2023 desde el Centro Espacial Kennedy de Florida obtuvo poca atención nacional, pero a su manera fue histórico: la empresa estaba poniendo un satélite de 10 toneladas, el mayor jamás enviado a lo que se denomina órbita geoestacionaria, a 35.405 kilómetros por encima de la Tierra.
De cara al público, el lanzamiento transcurrió sin problemas, pero entre bastidores se había gestado un conflicto entre SpaceX y la FAA, según muestran los documentos. Cuando estaba en marcha la cuenta atrás para el lanzamiento, la agencia comunicó a SpaceX que una nueva instalación que había construido para llenar de combustible los motores del cohete no había superado aún todas las comprobaciones de seguridad exigidas.
SpaceX siguió adelante de todos modos. La FAA propuso una multa de 283.009 dólares.
Esa medida, junto con una segunda propuesta de multa de la FAA, enfureció a Musk, quien había calificado la acción coercitiva de injustificada y de “conducta impropia y políticamente motivada”.
Posteriormente, Musk exigió la dimisión del director de la agencia, Michael G. Whitaker.
Musk cumplió su deseo cuando Whitaker, un abogado con décadas de experiencia en el sector de la aviación, dimitió el último día del gobierno de Biden, aunque había sido confirmado por unanimidad a finales de 2023 para un mandato de cinco años, con apoyo bipartidista en el Senado.
Con Trump de nuevo en la Casa Blanca, los aliados de Musk vieron una oportunidad para revocar las multas propuestas por la FAA y también para obligar a la agencia, encargada por ley de garantizar que los lanzamientos de cohetes no pongan en peligro al público ni causen daños indebidos al medio ambiente, a acelerar sus aprobaciones a SpaceX.
La audiencia de confirmación el mes pasado de Sean Duffy como secretario de Transporte creó un momento para pedir que se retirara la multa.
“Si lo ratifican, ¿se comprometerá a revisar estas sanciones y, en términos más generales, a reducir la extralimitación burocrática y acelerar las aprobaciones de lanzamientos en la Oficina de Espacio Comercial de la FAA?”, preguntó el senador Ted Cruz, republicano por Texas, donde SpaceX está trasladando su sede.
Duffy, quien ya ha sido confirmado, respondió: “Me comprometo a hacer una revisión y a trabajar con ustedes y hacer un seguimiento de los lanzamientos espaciales y de lo que ha estado ocurriendo en la FAA con respecto a los lanzamientos”.
Katie Thomson, quien recientemente abandonó la agencia en la que trabajó como administradora adjunta y anteriormente como jefa de personal, dijo que la participación de Musk como funcionario del gobierno federal le parecía “muy preocupante”, dado lo que calificó de claros conflictos de intereses de Musk.
“Se supone que las acciones de la FAA están impulsadas por la seguridad”, dijo.
Funcionarios de la división de espacio comercial de la FAA, que regula directamente los lanzamientos de SpaceX, dijeron en una declaración al Times que no se había producido ningún recorte reciente en su plantilla de aproximadamente 160 personas y que las normas que utiliza para evaluar las solicitudes de permisos de SpaceX no habían cambiado.
Incluso los cambios de personal aparentemente pequeños podrían beneficiar a las operaciones comerciales multimillonarias de Musk.
El biólogo especializado en fauna salvaje del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre, asignado a tiempo completo para ayudar a vigilar los terrenos federales cercanos a la base de lanzamiento de SpaceX en busca de cualquier daño a los hábitats de especies amenazadas tras los lanzamientos, fue trasladado recientemente a un puesto en otro lugar de Texas.
“El servicio está cubriendo actualmente la carga de trabajo con el personal existente”, dijo la agencia cuando el Times le preguntó por el traslado.
Esta respuesta fue ridiculizada por los ecologistas locales, quienes dijeron que han confiado en la agencia para ayudar a proteger los estuarios costeros cercanos, considerados algunos de los hábitats de aves más importantes del mundo.
“Lo que está ocurriendo es más o menos una capitulación: están caminando de puntitas por culpa de Trump y Musk”, dijo Jim Chapman, líder de un grupo comunitario del sur de Texas llamado Save RGV, abreviatura de Rio Grande Valley.
Cambios en la SEC y la FEC
Los cambios en la dirección de la Comisión del Mercado de Valores (SEC por su sigla en inglés), la cual demandó a Musk en enero, poco antes de que Trump regresara a la Casa Blanca, casi con toda seguridad darán lugar a un resultado más beneficioso para Musk, dijeron los abogados implicados en el caso.
