Tras el inicio de la guerra de Ucrania, el gobierno de Estados Unidos realizó un giro en su política hacia Venezuela en relación a la cuestión petrolera. El objetivo ha sido garantizar la disponibilidad de los suministros de crudo y de gas para los mercados que anteriormente dependían de Rusia, debido a las sanciones impuestas por los países occidentales. intención de tener aseguradas grandes reservas de hidrocarburos en previsión de un prolongado enfrentamiento con Moscú. Para lograr este objetivo, se consideró fundamental que las corporaciones petroleras con una presencia histórica en Venezuela reactivaran sus operaciones, incluso a una escala reducida, para estar preparadas y aumentar rápidamente la producción de manera eficiente cuando fuera necesario.
ACUERDO LIMITADO
Con este fin, se llevaron a cabo conversaciones entre los gobiernos de ambos países y se llegaron a acuerdos petroleros que se consideraron mutuamente beneficiosos y convenientes.
Sin embargo, este cambio de enfoque se limita al ámbito petrolero y a algunos aspectos conexos que están en estudio, como los vuelos y las relaciones consulares. No significa la renuncia de los objetivos geopolíticos de Estados Unidos hacia Venezuela, que siguen siendo los mismos: lograr su alineación en la órbita occidental y un cambio de gobierno, esta vez mediante una estrategia que combina las sanciones económicas con el uso de los mecanismos institucionales y electorales al interior del país.
DOS ESTRATEGIAS
De este modo, los sectores de la oposición venezolana agrupados en la Plataforma Unitaria han seguido adelante con la aplicación de dos líneas simultáneas. Por un lado, han apostado por la vía electoral, planificando la realización de elecciones primarias para seleccionar un candidato presidencial. Al mismo tiempo, han optado por mantener un vector de institucionalidad paralela, como la Asamblea Nacional 2015, que prolonga la política de Trump.
En el marco de la continuación de la estrategia del período de Trump, la Plataforma Unitaria ha asumido políticas que incluyen el respaldo a las sanciones, así como el manejo y control de instituciones y activos venezolanos en el extranjero, como Citgo y el Banco Central de Venezuela. Además, se han continuado llevando a cabo acciones encaminadas a la apropiación de las reservas de oro depositadas en Londres a través de la contratación de bufetes de abogados especializados.
Asimismo, se ha tomado la representación de Venezuela ante los tribunales estadounidenses y se han utilizado lo fondos del Estado venezolano en el extranjero para financiar actividades partidistas e instituciones paralelas. También se ha continuado designando directivos para empresas venezolanas.
CONTRADICCIÓN
La combinación simultánea de la política de sanciones y la de participación electoral representa un obstáculo para el desarrollo de una política interna basada en el diálogo y en acuerdos de convivencia. Estas estrategias son contradictorias, chocan entre sí, prolongan las tensiones y dificultan una evolución hacia la estabilidad y la conciliación de posiciones. La adopción de esta doble estrategia está motivada por razones geopolíticas y no se corresponde con el interés interno.
LEY DE ACTIVOS
La reacción del Gobierno frente al intento de mantener esta doble estrategia era previsible.
Como respuesta a ello, la Asamblea Nacional aprobó una ley con el propósito de proteger los activos de Venezuela en el extranjero.
Esta ley se propone recuperar los bienes que están siendo administrados por la Plataforma Unitaria y establece que toda persona que usurpe funciones de representación para negociar los activos de Venezuela será penalmente sancionada. Asimismo, se contemplan sanciones a aquellos que participen en actos de disposición sobre cualquier bien nacional en el exterior.
INCOMPATIBILIDAD
Para despejar el panorama venezolano es esencial separar los dos conflictos que se entrelazan: el conflicto interno y el geopolítico. Cada uno de ellos requiere su propio espacio de negociación. La doble estrategia, que combina simultáneamente sanciones y vía electoral obstaculiza la posibilidad de alcanzar acuerdos internos, ya que se ven atrapados en una dinámica de intereses que los paraliza. Las sanciones y las instituciones paralelas no son compatibles con un escenario electoral convencional.
