Gobierno de Trump reconoce «error administrativo» en envió a hombre a prisión de El Salvador

Por BEN FINLEY undefined
El gobierno del presidente Donald Trump ha reconocido haber deportado por error a un hombre de Maryland con estatus legal protegido a una notoria prisión en El Salvador el mes pasado, pero está argumentando en contra de devolverlo a Estados Unidos debido a sus supuestos vínculos con pandillas y la falta de poder del gobierno estadounidense sobre la nación centroamericana.
Los abogados de Kilmar Armando Abrego García, de 29 años, sostienen que no está afiliado a la MS-13 ni a ninguna otra pandilla callejera y argumentan que el gobierno de Estados Unidos «nunca ha presentado una pizca de evidencia» de que lo esté.
Abrego García fue arrestado en Baltimore el 12 de marzo después de trabajar un turno como aprendiz de chapista en Baltimore y recoger a su hijo de 5 años, que tiene autismo y otras discapacidades, de la casa de su abuela, según la denuncia de sus abogados.
Abrego García fue luego enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, que, según los activistas, está plagado de abusos y donde los reclusos están hacinados en celdas y nunca se les permite salir. La esposa de Abrego García lo vio más tarde en fotos y video de la prisión, e identificó a su marido por sus tatuajes distintivos y dos cicatrices en la cabeza.
Funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) admitieron en un documento judicial el lunes un «error administrativo» al deportarlo. El reconocimiento del gobierno generó una inmediata indignación por parte de grupos defensores de los derechos de los migrantes, mientras que el vicepresidente JD Vance y otros funcionarios del gobierno repitieron la acusación de que es miembro de una pandilla.
La acusación de pertenencia a la MS-13 se origina en un arresto en 2019
Abrego García llegó a Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador alrededor de 2011 «huyendo de la violencia de las pandillas», según sus abogados, y se dirigió a Maryland para reunirse con su hermano mayor, un ciudadano estadounidense.
«A partir de 2006, los miembros de pandillas lo habían acosado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo para coaccionar a sus padres a sucumbir a sus crecientes demandas de extorsión», afirma la denuncia sobre su vida en su país natal.
Abrego García luego se casó con una ciudadana estadounidense y trabajó en la construcción para mantenerla a ella, a su hijo y a los dos hijos de ella de una relación anterior.
Las acusaciones sobre su afiliación a la MS-13 se originan en un arresto en 2019 fuera de una tienda Home Depot en Maryland, donde él y otros jóvenes buscaban trabajo, según la denuncia.
La policía del condado le preguntó si era miembro de una pandilla y exigió información sobre otros miembros de pandillas. Después de explicar que no era miembro de una pandilla y que no tenía información, fue entregado a ICE.
ICE argumentó en contra de la liberación de Abrego García en una audiencia de inmigración posterior porque la policía local había «verificado» su pertenencia a una pandilla, según la denuncia. La evidencia que citaron incluía su uso de un sombrero y sudadera con capucha de los Chicago Bulls y la afirmación de un informante confidencial de que Abrego García pertenecía a la «clica Westerns» de MS-13 en Long Island, Nueva York, a pesar de nunca haber vivido allí.
Abrego García solicitó asilo, mientras que su abogado presentó un «voluminoso expediente probatorio que establece su elegibilidad para la protección y refuta la acusación infundada de pertenencia a una pandilla», según la denuncia. En respuesta, ICE citó la información proporcionada previamente por la policía local.
Un juez de inmigración negó la solicitud de asilo de Abrego García en octubre de 2019, pero le otorgó protección para no ser deportado de regreso a El Salvador. Fue liberado después de que ICE no apelara.
Los abogados de Abrego García dicen que «no ha sido condenado ni acusado de ningún delito» y ha cumplido completamente con las condiciones de su estatus protegido, registrándose anualmente con ICE.
El abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, dijo que los abogados del gobierno de Estados Unidos tuvieron múltiples oportunidades para intentar deportarlo legalmente, incluyendo apelar la decisión del juez de 2019 o deportarlo a otro lugar.
«Hay muchas cosas que podrían haber hecho», dijo Sandoval-Moshenberg a The Associated Press. «Pero cada una de esas está en un tribunal y le da la oportunidad de defenderse. Y no hicieron ninguna de ellas. Simplemente lo pusieron en un avión».
El ICE califica la deportación de «descuido»
En su documento judicial del lunes, el gobierno de Trump dijo que ICE «estaba al tanto de su protección contra la deportación a El Salvador», pero aun así deportó a Abrego García «debido a un error administrativo».
Un funcionario de ICE calificó su deportación a El Salvador como «un descuido» en una declaración presentada al tribunal el lunes.
Robert Cerna. director interino de la oficina de campo de operaciones de cumplimiento y deportación de ICE, escribió que fue «llevada a cabo de buena fe basándose en la existencia de una orden final de deportación y la supuesta pertenencia de Abrego García a MS-13».
El gobierno argumentó en contra de su regreso a Estados Unidos. citando supuestos vínculos con pandillas y afirmando que es un peligro para la comunidad.
También argumentaron que el tribunal carece de jurisdicción en el asunto porque Abrego García ya no está bajo custodia de Estados Unidos.
El gobierno escribió que los abogados de Abrego García «no argumentan que Estados Unidos pueda ejercer su voluntad sobre un soberano extranjero. Lo máximo que piden es una orden judicial para que Estados Unidos solicite —o incluso persuada— a un aliado cercano».
En respuesta a las críticas. Vance publicó una captura de pantalla de documentos judiciales relacionados con el procedimiento de fianza de Abrego García en 2019 en la plataforma social X y escribió que «es repugnante emocionarse por la deportación de miembros de pandillas mientras se ignoran a los ciudadanos que victimizan».
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Finley reportó desde Norfolk, Virginia. Los periodistas de The Associated Press Rebecca Santana en Washington, Sarah Brumfield en Baltimore y Brian Witte en Prince George’s County, Maryland, contribuyeron a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.