57 policías y guardias retenidos en 6 cárceles de Ecuador

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QUITO (AP) — Cuatro coches bomba explotaron en Ecuador entre la noche del miércoles y el jueves, dos de ellos en la capital en el primer ataque de esta modalidad en Quito, y volvieron a poner atención sobre la violencia en el país. Los atentados no dejaron víctimas ni heridos y las autoridades los relacionan con el traslado de cárcel de varios presos.
Los dos que estallaron en la capital ecuatoriana, en una zona comercial y financiera, lo hicieron con horas de diferencia y en el entorno de instalaciones relacionadas con el sistema penitenciario nacional. Los otros dos ocurrieron en el sur del país, sin que ninguna autoridad haya establecido por el momento relación con los de Quito.
Hay seis detenidos, que tenían antecedentes.
Los ataques suceden después del asesinato de un candidato presidencial pocos días antes de las últimas elecciones y de la reacción del gobierno ante el atentado a Fernando Villavicencio de trasladar a presos a otras prisiones, entre ellos, al líder de una de las bandas de crimen organizado que operan en el país a un centro de máxima seguridad.
La explosión más fuerte ocurrió la madrugada del jueves fuera de una de las oficinas del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad —el regidor del sistema penitenciario— situada frente a una universidad. Horas antes, la noche del miércoles, había estallado otro vehículo en una zona cercana a donde anteriormente funcionaba la misma institución de control carcelario, informó la policía.
La policía confirmó que otros dos vehículos estallaron hacia la medianoche del miércoles en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. El primero en la pequeña localidad de Casacay, 370 kilómetros al suroeste de Quito, y el otro en la zona conocida como Bella India, sin dejar víctimas o daños. En ambos se usaron tanques de gas de uso doméstico.
No se informó inicialmente si estos hechos están vinculados con lo ocurrido en la capital.
Las explosiones en la capital estarían relacionadas con “varios traslados de privados de libertad” que se realizaron la víspera, declaró a la prensa el director de investigación antidrogas de la policía, Pablo Ramírez. No identificó a ningún grupo criminal como responsable de los hechos.
La violencia de las últimas horas, dijo el secretario de Seguridad Wagner Bravo a radio FMundo, es una reacción a las acciones del Estado para controlar la violencia en las cárceles y al traslado de seis presos posiblemente “involucrados en el asesinato del excandidato” presidencial Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto.
Bravo no dio más detalles del traslado de los reclusos, pero reveló que como otra acción de amedrentamiento al Estado se produjo la retención desde el miércoles de un grupo de policías y custodios en una cárcel del sur del país.
En torno al caso fueron aprehendidas seis personas, cuatro de nacionalidad ecuatoriana y dos colombianos, que tenían antecedentes por extorsión, robo y asesinato. Tres de ellos habían sido detenidos 15 días atrás, sin embargo, fueron liberados con medidas sustitutivas, indicó la autoridad policial.
En rueda de prensa, el ministro de Interior, Juan Zapata, afirmó que todavía se está identificando a la organización criminal que estaría detrás de estos actos a los que calificó de “terroristas” y aseguró que la Fiscalía y los jueces deberán procesar a los responsables como tales.
El ministro increpó a los administradores de justicia: “Hasta cuándo tenemos que seguir soportando la impunidad”.
Zapata no quiso referirse a la retención de 57 policías y custodios penitenciarios, alegando que era para precautelar su seguridad mientras se procura su liberación.
En cuanto a una vinculación de los hechos violentos con el traslado de cárcel de los presuntos asesinos del excandidato Fernando Villavicencio, el comandante de Policía, Fausto Salinas, aseveró que es una de las hipótesis que se investiga. Indicó que de acuerdo con los análisis policiales, los atentados de Quito fueron dirigidos al SNAI y no a la ciudadanía en general.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, adjudicó lo ocurrido a las reacciones de bandas criminales por las acciones emprendidas desde el Estado para desarticular a las organizaciones criminales y que pretenderían frenar las incursiones en los centros penitenciarios. También hizo un llamado a los jueces para valorar las evidencias “con rigurosidad”.
Entre los restos de las explosiones en Quito se encontraron cilindros de gas de uso doméstico, combustible, mechas lentas y tacos de dinamita, precisó Ramírez. La zona permanece acordonada.
Otro hecho que causó alarma en Quito se produjo el jueves cuando un incendio provocado por un grupo de adolescentes en un centro de detención juvenil, que alberga a unos 90 internos menores de edad al norte de la ciudad, dejó cuatro heridos leves, confirmó el director de operaciones de los bomberos, Carlos Moncayo.
Los ecuatorianos están asediados por la violencia que las autoridades adjudican a enfrentamientos entre bandas que se disputan rutas y territorios para el expendio y distribución de drogas.
La Policía Nacional contabilizó 3.568 muertes violentas en los primeros seis meses de este año frente a las 2.042 reportadas durante el mismo período de 2022. El año pasado terminó con 4.600 muertes violentas, la tasa más alta de la historia del país y el doble del total de 2021.
El sistema penitenciario perdió en los últimos años el control de las grandes cárceles, que han sido escenario de violentos disturbios donde al menos 420 reclusos han muerto desde 2021, y ha optado por trasladar a los reclusos para reducir los conflictos entre las pandillas.