Por FRANKLIN BRICEÑO Associated Press
LIMA (AP) — El Congreso peruano destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo poco después de que éste disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en la mayor crisis política desde que llegó al poder hace poco más de un año.
Castillo fue destituido por «incapacidad moral» por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones y será sucedido en el poder por su vicepresidenta Dina Boluarte, a quien se le tomará juramento en las próximas horas.
La votación se produjo el mismo día en que Castillo disolvió el Parlamento en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios.
Boluarte, una abogada de 60 años, se convertirá en la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de república independiente. Bilingüe en español y quechua, fue elegida vicepresidenta en la boleta que llevó al poder a Castillo el 28 de julio de 2021.
Poco antes Boluarte había rechazado en su cuenta de Twitter la decisión del mandatario porque «agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».
En un mensaje por la televisión pública Castillo había anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que debía elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.
Pero rápidamente perdió el respaldo de varios integrantes del gobierno que poco después renunciaron, entre ellos el jefe del ejército Walter Córdova y cuatro ministros, incluidos el canciller César Landa y el ministro de Economía, Kurt Burneo.
«En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución», publicó Landa en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron en un comunicado que «cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional».
En tanto, la Defensoría del Pueblo sostuvo en un comunicado que luego de varios años de democracia Perú se enfrentaba a un quiebre constitucional «que no tiene otra denominación que un golpe de Estado». El organismo demandó la renuncia de Castillo y su puesta a disposición de la justicia por incumplimiento de la constitución «al haberse arrogado el poder que sólo pertenece al pueblo».
«El señor Castillo debe recordar que no sólo fue elegido como presidente de la república si no que el pueblo también eligió a representantes para la función pública. Los actos de Castillo desconocen la voluntad del pueblo y son nulos», indicó la Defensoría.
Castillo también había dispuesto que a partir de la fecha se gobernaría mediante decretos ley y ordenado un toque de queda a partir de las 22 hora local (0300 GMT) y hasta las 4 de la mañana (0900 GMT). A su vez exigió la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
«Los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extra constitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato», publicó en Twitter Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en Perú.
Esta es la segunda vez en tres años que un gobierno cierra el Congreso. En 2019 el entonces presidente Martín Vizcarra cerró el Parlamento pero fue removido de su cargo un año después en noviembre de 2020 cuando hubo tres mandatarios en una semana en medio de protestas en las calles que dejaron dos muertos y 200 heridos.
La Fiscalía investiga a Castillo en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que el ahora exmandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. Castillo ha negado las acusaciones.
El primer presidente de origen rural en 200 años de república modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de gobierno.
Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.
En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes y miles de aldeas rurales sufren la falta de lluvias que no permiten el inicio de la siembra de papas. Los pastos naturales han comenzado a agotarse provocando la muerte de ovejas y camélidos. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja de aves que pone en peligro la crianza de pollos y pavos.
Además, desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia han muerto más de 217.000 peruanos y 4,3 millones se han contagiado, según datos oficiales.
