Ecuador: autoridades coordinan acciones ante denuncia de fiscal sobre amenazas contra su vida

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QUITO (AP) — Las autoridades ecuatorianas informaron el jueves que coordinan acciones para localizar y controlar en las cárceles a un grupo de delincuencia organizada sospechoso de planificar un atentado contra la Fiscal General, a quien se le reforzó la seguridad.
La fiscal Diana Salazar denunció la víspera que el grupo delincuencial “Los Lobos” y uno de sus miembros, al que identificó como Fabricio Colón Pico, está detrás de “varias alertas y amenazas” en contra de su integridad y la de su familia.
Aseguró que “han sido identificados como aquellos que atentaron contra la vida de Fernando Villavicencio”. El candidato presidencial fue asesinado en agosto de 2023 a la salida de un acto político en el norte de Quito.
Los Lobos es considerada por las autoridades como una de las organizaciones de delincuencia organizada más grandes del país andino y que ha sido vinculada al cártel del narcotráfico mexicano Jalisco Nueva Generación. A esta organización se le adjudica la explosión de varios coches bomba en Quito, en agosto de 2023, y en otros puntos del país, además de una serie de delitos como sicariatos, extorsiones y robos.
El presidente Daniel Noboa, en una entrevista con la radio local Sucre, afirmó el jueves que para proteger a la fiscal y su familia “hemos movilizado apoyo no sólo de la policía, sino resguardo militar”, y destacó que se “se ha reforzado el anillo de seguridad a ella y su familia”.
Dijo que también dispuso que tres cabecillas de los Lobos sean trasladados a una cárcel de alta seguridad en Guayaquil, aunque no los mencionó.
Mientras tanto, un fuerte dispositivo de seguridad acompaña a Salazar, quien usa chaleco antibalas y a quien siempre vigila un grupo de agentes fuertemente armados con armas largas y encapuchados, incluso dentro de las salas judiciales. A su vez, las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el centro norte de Quito permanecen valladas.
Las autoridades ordenaron, además, el refuerzo de las medidas de control en los centros de privación de libertad, aunque no especificaron las acciones adoptadas.