Sottovocce
…La Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que Donald Trump ha invocado para acelerar las deportaciones de inmigrantes ilegales y supuestos integrantes del Tren de Aragua, es una normativa que varias organizaciones humanitarias consideran contraria al derecho internacional y un abuso de poder. La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgada en su momento para prevenir el espionaje y el sabotaje extranjero en tiempos de guerra. Estados Unidos, que había alcanzado su independencia en 1776, estaba en 1798 a las puertas de una guerra contra Francia y a instancias del partido Federalista, que alegaba que extranjeros residenciados en EE.UU., podían apoyar a los franceses, se aprobó la ley que también tenía el propósito de amedrentar a los simpatizantes del Partido Demócrata-Republicano fundado por los futuros presidentes Thomas Jefferson y James Madison… El Centro Brennan, una institución estadounidense no partidista que lucha por hacer respetar y defender los valores de la democracia, alegó que la norma invocada por el presidente Trump representa un recurso de autoridad demasiado amplio que podría violar derechos constitucionales en tiempos de guerra y constituir además un abuso de poder en tiempos de paz. Trump recurrió a la vetusta ley al considerar que el Tren de Aragua, banda criminal que surgió en cárceles venezolanas, “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. Con la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, todos los venezolanos mayores de 14 años que se consideren integrantes de esta organización, se encuentren en EE.UU., y no estén naturalizados o no sean residentes legales permanentes, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de “enemigos extranjeros”. La ley no había sido invocada desde la II Guerra Mundial (1939-1945) y solo se ha aplicado en tres ocasiones, todas ellas en tiempos bélicos: durante la guerra de 1812 de Estados Unidos contra Gran Bretaña y en las dos guerras mundiales. Durante la II Guerra Mundial, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), el recurso legal jugó un papel esencial para el encarcelamiento masivo de estadounidenses de origen japonés en campos de concentración. La política racista de trasladar por la fuerza a los japoneses estadounidenses a los campos fue promulgada por Roosevelt, quien firmó la Orden Ejecutiva 9066 el 19 de febrero de 1942, tres meses después de que Pearl Harbor fuera bombardeada por Japón. La Orden 9066 otorgó amplios poderes a los militares para detener a miles de estadounidenses de origen japonés que se vieron obligados a abandonar sus hogares en pocos días y con muy poco tiempo para vender sus casas, granjas, negocios y posesiones, lo que significó que esas pertenencias se vendieran a un precio mucho menor que su valor de mercado, devastando económicamente a las familias afectadas. Además de perder sus medios de vida y posesiones, los japoneses estadounidenses perdieron su libertad. Fueron obligados a subir a trenes que los llevaron a «centros de detención» y campos de concentración lejanos, insalubres y con inadecuadas instalaciones. Se crearon diez grandes campos que albergaron a unos 120.000 japoneses estadounidenses durante la guerra desde 1942 hasta 1945. Las viviendas estaban hacinadas y las enfermedades se propagaban rápidamente. Los campamentos estaban rodeados de alambre de púas, torres de vigilancia y guardias con ametralladoras, al estilo de los nazis. Cualquier persona que intentara escapar podía recibir un disparo, y algunos murieron. Cuando terminó la guerra, muchos estadounidenses de origen japonés se quedaron sin un lugar adónde ir y sin mayores recursos. Tuvieron que reconstruir sus vidas en medio de la pobreza y el racismo. Solo 43 años después del infame encarcelamiento, el presidente Ronald Regan emitió en 1988 una disculpa formal del gobierno estadounidense a los afectados y sus familias…
El papel de la oposición radical en las medidas de Trump…
…Las medidas que el presidente Donald Trump ha tomado específicamente contra los venezolanos, al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la pretensión de incluir a Venezuela en una lista roja de países a cuyos ciudadanos se les prohibirá o restringirá severamente la entrada a Estados Unidos, y la imposición de nuevas y más drásticas sanciones contra el país, son en buena parte el resultado de un discurso de la oposición radical venezolana que desde hace años ha estado vendiendo la idea de que bajo el gobierno de Hugo Chávez primero y ahora el de Nicolas Maduro, Venezuela se ha convertido en país promotor del terrorismo, en una vía segura para el tráfico de drogas y en una “narcodictadura” que en alianza con la delincuencia organizada constituye una verdadera amenaza para Washington y el mundo occidental. Cuando el presidente Barack Obama firmó en marzo de 2015 una orden ejecutiva en la que declaraba una «emergencia nacional» por la amenaza «inusual y extraordinaria» que Venezuela representaba a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo hizo convencido por consejos y presiones de funcionarios de su administración que, de buena o mala fe, dieron por ciertas las infundadas denuncias de la oposición radical venezolana sobre la supuesta relación del gobierno de Maduro con el “Cartel de los Soles” o agrupaciones consideradas terroristas por la Casa Blanca, como Hamas y Hezbollah. Al fantasioso y malintencionado discurso de “opositores” como Julio Borges y Leopoldo López, en el que se presenta al gobierno venezolano como una amenaza a la “estabilidad de la región” y el “hemisferio occidental” han contribuido, gracias a la insólita cobertura mediática que reciben en EE.UU, charlatanes como Joseph Humire, “experto en seguridad global especializado en el análisis de redes de amenazas transregionales”, quien en comparsa con Borges, López, algunos “periodistas” y otros “destacados analistas internacionales” han venido difundiendo la idea de que Venezuela, bajo el “régimen” de Maduro, ha tejido una especie de alianza con Rusia, China, Irán y Cuba conformando un “eje del mal” para desestabilizar a las democracias occidentales y particularmente a Estados Unidos. En la difusión de ese peligroso disparate han contribuido también Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente electo” Edmundo González y María Corina Machado. Esta última, en un reciente podcast con el hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr., aseguró entre otras cosas y sin evidencia alguna, que el gobierno de Venezuela había entregado más de 10.000 pasaportes venezolanos a “terroristas islámicos”; que los integrantes del Tren de Aragua y el Cartel de los Soles estaban confabulados u obedecían instrucciones de Maduro para cometer delitos en Estados Unidos e inundar de drogas ese país (uno de los argumentos utilizados por Trump para invocar la ley de Enemigos Extranjeros e imponer más sanciones a Venezuela) y que, definitivamente, Venezuela representa una seria amenaza para EE.UU y el mundo occidental. Machado, quien en el pasado argumentó, afortunadamente sin éxito, a favor de una intervención militar en Venezuela para deponer a Maduro, solicitando la aplicación a tales efectos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), habría encontrado interlocutores para sus denuncias en Trump Jr., por un lado, y por otro en los congresistas de origen cubano María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Mario Diaz-Balart, todos del estado de Florida, quienes ejercen presión constante sobre el Secretario de Estado, Marco Rubio, para que este a su vez empuje también a Trump en su arremetida contra Venezuela…Con su irracional postura, Machado, a medida que los venezolanos padecemos los efectos de las sanciones contra Venezuela y las draconianas políticas migratorias de Trump, se desliza hacia el saco de los ídolos rotos de una fatídica oposición donde ya se encuentran entre otros Julio Borges, Leopoldo López y Juan Guaidó…
El daño de las sanciones a Venezuela…
…Reconocidos economistas venezolanos como Francisco Rodríguez, han demostrado el impacto negativo que en nuestra economía han causado las sanciones impuestas al país. Ese daño esta más que comprobado con cifras, que no son precisamente las que esgrime el gobierno de Maduro. Pero además del daño ocasionado por las sanciones, por las que continúan abogando “dirigentes opositores” que en sus fastuosos “exilios” no padecen las penurias que azotan a la mayoría de los migrantes y a millones de personas que permanecen en el país, están los daños causados por la indebida apropiación de recursos del estado venezolano; oro, divisas, buques, aeronaves, refinerías e inmuebles que se encuentran en el exterior y de los que se aprovechan algunos “opositores” con la excusa de estar resguardándolos de las “garras” del ”régimen”. Los escándalos en los casos de Monómeros, CITGO, y la USAID, han arrojado algunas luces sobre esa trama de corrupción. En el caso de los migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, con la invocación que ha hecho Trump de la Ley de Enemigos de 1798, miles de estos migrantes, incluidos los residenciados legalmente, corren el riesgo de tener la misma suerte que las decenas de miles de estadounidenses de origen japonés afectados por la Orden Ejecutiva 9066 dictada por el presidente Roosevelt en 1942. De hecho, cientos de venezolanos que ya han sido detenidos y deportados, no tuvieron oportunidad de disponer de sus pertenencias. Vistos como potenciales integrantes del Tren de Aragua o vulgares delincuentes, venezolanos honestos y trabajadores en Estados Unidos están estigmatizados por el discurso de Trump, alimentado a su vez por las insidiosas campañas de la oposición radical venezolana y sus más conspicuos voceros…En impostergable que todas las fuerzas políticas de la oposición venezolana, estén dispuestas o no a participar en las elecciones convocadas para el próximo 25 de mayo, se deslinden claramente de este discurso radical que tanto daño ha ocasionado a los venezolanos…
Respuesta del gobierno ante la Ley de Enemigos Extranjeros…
…A propósito de la Ley de Enemigos Extranjeros que ha invocado el presidente Donald Trump, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó este 16 de marzo la aplicación de dicha ley, al considerar que criminaliza “infame e injustamente” a los migrantes venezolanos. “Venezuela rechaza de manera categórica y contundente la proclama del gobierno de los Estados Unidos, que criminaliza de forma infame e injusta a la migración venezolana, en un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad, desde la esclavitud hasta el horror de los campos de concentración nazi”, indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, en un comunicado en su canal de Telegram. “En su inmensa mayoría, los migrantes son mujeres y hombres trabajadores, dignos y honestos, no son terroristas, no son criminales, ni ‘enemigos extranjeros’. Son víctimas”, aseveró el canciller… Un juez federal bloqueó el sábado pasado, temporalmente, el uso de la Ley de Enemigos extranjeros invocada por Trump para acelerar las deportaciones contra supuestos miembros del Tren de Aragua. Antes de su invocación ese mismo magistrado, James Boasberg, había prohibido preventivamente su aplicación mediante una sentencia contra la deportación de cinco venezolanos, y después de ese fallo, amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa de 1798. Pero acostumbrado a la utilización de subterfugios legales para contravenir decisiones judiciales que no se ajustan a sus arrebatos e intereses, el mandatario estadounidense probablemente encontrará alguna manera de hacer efectiva la Ley…En principio, la orden judicial de Boasberg estará en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso…
El pronunciamiento de Edmundo González y María Corina Machado…
…Estábamos a punto de cerrar esta edición de Sottovoce con unos breves comentarios sobre el proceso de postulaciones celebrado por el PSUV y sus partidos aliados el sábado 15 de marzo y una nota sobre los reiterados apagones que vienen ocurriendo nuevamente en la Gran Valencia gracias a la desidia de CORPOELEC, que ha triplicado este 2025 las tarifas con relación a las de diciembre del año pasado. Pero nos encontramos por las redes con un pronunciamiento del señor Edmundo González y María Corina Machado en el que insisten en que el Tren de Aragua es un brazo ejecutor del “régimen” de Maduro y constituye una seria amenaza para todo el hemisferio, razón por la cual “consideramos que los criminales y corruptos que han arruinado a Venezuela y cometido crímenes en el extranjero deben afrontar la justicia y llamamos a las instituciones internacionales y de todos los países a ejercerla con la mayor severidad”. Los firmantes también respaldan las medidas que “en el marco de la Ley” y del debido proceso desarrollan los gobiernos democráticos de Estados Unidos, Chile y demás aliados de la causa de la libertad en Venezuela “para identificar, detener y penalizar a quienes integran o apoyan al Tren de Aragua y otras redes criminales, dependientes o asociadas a Nicolás Maduro”. ¿Se refieren Machado y González a la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798? ¿No quieren entender que la aplicación de esa norma viola el debido proceso y casi todas las leyes internacionales protectoras de los derechos humanos que en su desdichado “pronunciamiento” dicen defender? Mientras González y Machado contribuyen con su línea discursiva a fomentar los atropellos del gobierno de Trump contra los migrantes, muchos de sus antiguos partidarios en Venezuela han salido a objetar el tratamiento que Washington está dando a ciudadanos venezolanos que no han cometido delito alguno más allá de permanecer de manera ilegal en Estados Unidos. Este lunes, el secretario general del MAS, Felipe Mujica, calificó de muy grave la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran en EE.UU., como consecuencia de las acciones de Trump y cuestionó el envío al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, de 238 venezolanos acusados de formar parte del Tren de Aragua sin ningún tipo de pruebas. “Mas de un millón de venezolanos corren el riesgo de ser perseguidos, amenazados y expulsados bajo cualquier circunstancia por señalamientos indebidos” dijo Mujica, quien agregó que el sueño americano se ha convertido en una pesadilla. Pero Machado y González insisten en mantener un discurso que hace imposible cualquier negociación que permita salidas viables y pacificas a la crisis política venezolana. Se niegan a participar en nuevas elecciones como las de gobernadores y diputados previstas para el 25 de mayo e insisten en una salida por la fuerza, contra el deseo de la mayoría de los venezolanos, los que están aquí y los que están fuera del país y sobre todo en Estados Unidos, que como los estadounidenses de origen japones estigmatizados durante la Segunda Guerra Mundial, sufrirán persecuciones, arrestos y toda suerte de atropellos gracias a los pronunciamientos de “opositores” como Julio Borges, Antonio Ledezma, Leopoldo López, María Corina Machado y su lugarteniente, Edmundo González…
