Más de 1.500 personas han tenido que huir de sus casas en varios municipios del departamento colombiano de Arauca (este), en la frontera con Venezuela, desde que comenzaron los ataques y choques entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC, informó este jueves una agencia de la ONU.
En total se trata de 428 familias desplazadas (1.531 personas aproximadamente), entre las que se encuentran 21 venezolanas; informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCH).
«Se identifica que la población, tanto desplazada internamente como aquella con necesidades de protección internacional, se encuentra principalmente auto albergada en asentamientos humanos informales de Arauquita; y presentan necesidades en seguridad alimentaria, elementos de aseo, atención psicosocial», informó esta agencia de la ONU en un comunicado.
El ELN y el Frente Décimo de las disidencias de las antiguas FARC libran una guerra por el control territorial en Arauca; una zona con pasos fáciles y porosos con Venezuela, ya que a los dos países solo les divide el río Arauca.
A comienzos de este año, el ELN desató una serie de ataques sicariales contra supuestos miembros del Frente Décimo de las disidencias de las FARC.
Desde entonces han muerto unas 40 personas en Saravena, blanco de un atentado terrorista este miércoles, y en los vecinos municipios de Tame, Fortul y Arauquita, según la representante legal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Sonia López
Las disidencias contestaron en un comunicado que estaban «dispuestos a la confrontación»; y han amenazado a activistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas y han impuesto restricciones a la movilidad entre municipios.
Hacia la medianoche del miércoles, los grupos disidentes cometieron un ataque con carro bomba en Saravena que le costó la vida al vigilante Simeón Delgado.
La explosión tuvo lugar en el centro del núcleo urbano, donde funcionan comercios y oficinas, y aunque al parecer tenía como blanco la sede de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra; los mayores daños los sufrió la agencia local del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), donde trabajaba Delgado
