El gobierno venezolano intenta ajustarse a los compromisos adquiridos con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), según una serie de decisiones que han tomado recientemente el Ministerio Público, La Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia.
Efectivamente, el día 3 de noviembre pasado, el presidente Nicolás Maduro suscribió un acuerdo con el Fiscal de la CPI, Karim Khan, quien estuvo varios días de visita en el país y se reunió con autoridades y sectores de la sociedad civil.
Kahn anuncio entonces que se abrió la investigación a Venezuela, como conclusión del período de examen preliminar por presuntos delitos contra los derechos humanos.
Durante las conversaciones se habló del principio de complementaridad que aplica en la CPI, es decir esta solo investiga en los casos que considere que el estado venezolano no ha actuado con sus instituciones.
Días después de su partida de Venezuela, Khan escribió desde La Haya:
“Mi Oficina apoyará cualquier esfuerzo sincero y significativo que emprenda el Gobierno venezolano para reformar y revitalizar el sistema judicial y penal a fin de permitir una verdadera rendición de cuentas en Venezuela por las víctimas de presuntos delitos. El principio de complementariedad es la base del sistema del Estatuto de Roma y sigue siendo un principio importante durante la etapa de investigación.”
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1625
Las medidas que se están tomando en Venezuela
Los anuncios recientes de la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional y el TSJ coinciden en tocar el tema de los derechos humanos.
El fiscal Tarek W. Saab anunciaba esta semana una serie de medidas de su despacho para establecer responsabilidades en casos de presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas en Venezuela.
El Fiscal General de la República informó que hasta los momentos han sido condenados un total de 210 funcionarios de seguridad del estado por violaciones a los derechos humanos, desde agosto de 2017
Entre estos están los de el caso del ex concejal Fernando Albán, por el cual fueron sentenciados dos funcionarios del Sebin por los cargos de homicidio culposo, quebrantamiento de las obligaciones de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga agravada, según anunció el alto funcionario.
Saab enumeró una serie de casos sobre derechos humanos con la respuesta que está dando la Fiscalía.
Por otra parte, desde un tribunal de Caracas, el 22 de octubre, también se había atendido otro polémico caso. Se trata del joven manifestante David Vallenilla, quien falleció durante una manifestación frente a la base aérea Francisco de Miranda, y recibió un impacto de bala. Por esto fue acusado y condenado a 23 años de prisión el sargento de la Aviación Arli Clewis Méndez, con los cargos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil y uso indebido de arma orgánica.
De esta manera esa sentencia fue anunciada en el sistema de correos electrónicos del Tribunal Supremo de Justicia.
Se trata de casos emblemáticos sobre derechos humanos que han estado en el tapete de la opinión pública en Venezuela.
El estado, a través de sus instituciones, busca responder a las peticiones de la CPI sobre la justicia complementaria que fue tema de discusión durante los tres días que estuvo en Caracas Karim Khan.
Casos desde la Asamblea Nacional
El asunto de los derechos humanos también ha sido activado desde el Poder Legislativo, órgano cuyo representante, Jorge Rodríguez, también se reunió con Khan en noviembre.
La Asamblea Nacional (AN), en sesión ordinaria del pasado martes, aprobó por unanimidad en primera discusión el Proyecto de Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.
La propuesta persigue la creación de una comisión que genere recomendaciones y facilite mecanismos de estudio, seguimiento y verificación en esta materia, de conformidad con lo establecido en la Constitución.
Venezuela trata de ponerse al día con la Corte Penal Internacional.
Es otro de los puntos que se suman a las gestiones que hace el Gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía para atender los requerimientos de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Provea: No son nuevas
Sin embargo, hay múltiples denuncias diversificadas en el tiempo y son de larga data.
El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) declaró el miércoles que a partir de 2015 hubo un punto de no retorno en materia de abusos y crímenes contra la población civil en el país perpetradas por los organismos de seguridad, y alentados por las más altas autoridades.
La declaración vino incluida en la presentación del informe denominado
“25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”.
El representante de provea Marino Alvarado destacó que no se trata de un fenómeno nuevo, sino que se extiende por varias décadas.
Sin embargo, en lo atinente a la CPI, solo se están tomando en cuenta presuntas violaciones a DDHH a partir del año 2014, cuando se produjeron manifestaciones en el país que fueron reprimidas.
Esta misma semana hubo de suspenderse una entrevista en La Haya entre la vice presidenta Delcy Rodríguez y el fiscal Karim Khan. Se abortó el encuentro debido a restricciones que impuso Países Bajos al avión que transportaría a Rodríguez hasta La Haya así como también a su misma presencia porque tiene prohibido ingresar a países europeos.
Países Bajos anunció que se le concedería un permiso especial a la vice presidenta para que ingrese a La Haya. De esta manera, se dará la continuación de las discusiones que tuvieron con el Fiscal de la CPI.
Estos procesos suelen ser un tanto largos por la cantidad y lujo de detalles que se requieren en las investigaciones.
