Rosnell Carrasco, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica Andrés Bello, aseguró que de ser declarados culpables por corrupción los altos funcionarios del gobierno nacional detenidos en las últimas horas podrían pasar entre 8 a 30 años en prisión.
Carrasco señaló que delitos de corrupción vinculados al manejo de dineros y bienes públicos no tienen beneficios procesales, y además no prescriben.
“Este tipo de delitos en materia de corrupción o contra patrimonio público pueden ser perseguidos siempre, y de acuerdo a la ley venezolana no tienen beneficios procesales, no es como en las películas americanas que los acusados llegan a acuerdos con los jueces y se les disminuye la pena, acá es diferente”, expresó.
A lo que agregó que, dependiendo del grado de comisión del delito, la pena podría ir desde 8 a 30 años, que es la pena máxima porque son delitos graves.
El presidente Nicolás Maduro informó este lunes que ha “conducido personalmente” una serie de investigaciones, en conjunto con autoridades policiales, para “desmembrar” a las “mafias de corrupción que se han enquistado en importantes sectores” de la economía, política y Poder Judicial.
Hasta ahora, las autoridades han detenido a 19 altos funcionarios, presuntamente vinculados con hechos de corrupción, de los cuales se conoce la identidad de cinco, entre ellos el exjefe de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) Joselit Ramírez y el diputado oficialista Hugbel Roa, además de dos jueces y un alcalde chavista.
La Asamblea Nacional electa levantó este martes la inmunidad al diputado chavista Roa para que sea sometido a un juicio por corrupción en tribunales ordinarios.
La medida fue aprobada por más de las dos terceras partes del Legislativo, el requisito constitucional para este trámite, en respuesta a una comunicación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la que se informó del comienzo de un proceso judicial contra Roa, exministro de Educación Universitaria, a solicitud de la Fiscalía.
