La Hiperinflación en Venezuela es un fenómeno que llegó para quedarse, cumplimos treinta y nueve largos meses con este flagelo, tan violenta y cruda es, que ha destruido al bolívar y somos un país sin moneda, con un proceso factico y asimétrico que le imprime un rigor de desigualdad al drama nacional, en nuestro país no existe tampoco el estímulo o la productividad para el trabajo, total nuestro salario mínimo es de apenas 0,6 centavos de dólar.
El total de billetes y monedas no supera el 2.1% del total de la liquidez, las tablas salariales han sido desvalorizadas, “desagiadas”, el sector público no está dolarizado, sencillamente deposita una cantidad irrelevante, absurda y realmente minusválida para adquirir nada, en términos relativos la capacidad de compra del salario mínimo oficial, presenta un déficit de 97,3% frente a la canasta alimentaria, tal daño en la fijación del salario se produjo y se produce desde el momento en el cual se perdió la democracia en la discusión de los contratos colectivos.
Con un supuesto obrero en el poder, la praxis de no discutir los contratos colectivos se ha vuelto un vicio, nadie discute democráticamente ya que el régimen fija el salario y se anunciaba con vítores y platillos, pero ya desde 2019 era tal el curso de la hiperinflación que la práctica de escenificar un aumento salarial, perdió absolutamente el sentido.
En Venezuela la sana práctica por convocar a discutir contratos colectivos en concurso tripartito, que extirpado durante estos veintitrés años de autoritarismo chavista, Maduro heredero de la herrumbre de la bonanza chavista, dilapidada y expoliada, además ha promovido un violento plan de expansión exprofesa de la hiperinflación, pues esta le permite controlar a la sociedad, el colectivo sobrevive y el salario ya no importa, la pandemia y el teletrabajo a distancia han permitido a los desamparados funcionarios públicos migrar hacia otras formas de empleo, la administración pública está de facto desmantelada, no hay funcionarios; maestros, ingenieros y docentes universitarios se han visto en la imperiosa necesidad de “emprender” para sobrevivir, supervivencia que va desde la realización de trabajos manuales, culinarios o prestación de servicios, hasta el desempeño de actividades de vigilancia o conserjería.
Los otrora beneficiosos contratos colectivos de la industria petrolera, los cuales hace veinte años años suponían un salario mínimo cercano a 400 dólares, se han derrumbado hasta seis y cuatro dólares, todo esto como consecuencia de la hiperinflación sostenida y la práctica de monetizar un déficit fiscal atroz, superior a la capacidad instalada de la economía, la válvula de escape de la dolarización asimétrica, ha pulverizado el poder de compra del ingreso y en medio de una hiperinflación como la nuestra resulta cuando menos inviable e irresponsable firmar contratos colectivos, con la oferta única del patrono.
El último contrato colectivo firmado con cierto grado de democratización se realizó bajo la gestión de Lameda, en el año 2000, desde allí la opacidad ha sido la norma, ahora se firma un contrato colectivo en absoluta opacidad y con la presencia de un discurso demagogo, el cual además de invalido es fantasioso, incrementar la producción hasta un millón y medio de barriles de petróleo, es sencillamente imposible de lograr, igualmente las supuestas conquistas laborales serán pulverizadas por la hiperinflación, el Estado en suma seguirá inyectando bolívares sin valor a la economía y perpetuando de manera constante la hiperinflación.
Finalmente, la firma de este irrelevante contrato petrolero, aumentaría la presión de otros sectores públicos: funcionarios de salud, maestros, docentes universitarios, hidrológicas, sector eléctrico, y un largo etc. Son casi seis millones de trabajadores públicos cuyos contratos colectivos serán vaporizados por la hiperinflación y por el descontrol cambiario, la lógica impone controlar la espiral de hiperinflación y luego proceder a firmar cualquier protección salarial.
No hay salario, ni moneda que soporten los embates de la hiperinflación, el régimen parece no entender esta máxima y se empeña en seguir fomentando la causa de esta antigualla en materia económica, que destroza a la República.
