Por: Rafael Quiroz Serrano
La insolente y polémica propuesta de la precandidata presidencial María Corina Machado (MCM) de querer privatizar Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) no podía pasar insoslayable, sobre todo para quienes siempre nos hemos opuesto a tan antinacional pretensión, bajo la premisa de una supuesta modernidad, de que tenemos que someternos a la globalización imperante y que “el mundo cambió” (A.R. Oliveros, 2023); sin importarnos que tales elementos atentan contra el interés nacional. Entiendo que los trágicos tiempos que vive el país estimulan la proliferación de ideas, diagnósticos, soluciones y propuestas abarrotadas de atávicos deseos privatizadores, y la satanización del Estado venezolano.
Los liberales de antaño, que después de 300 años, a pesar de proclamarse emparentados -para siempre- con la “modernidad”, aún viven de las glorias del economista escocés A. Smith (en su postulado del comercio libre de toda prohibición), se creen en la mejor de las fiestas carnestolendas para vender, subastar, rifar o privatizar cuanta empresa y servicio público encuentren a su paso; desde luego que para eso se aprovechan de las actuales circunstancias que viene estimulando una nueva ola de proposiciones y definiciones malvadas, sin duda recargadas de la ancestral voluntad privatizadora, esa misma que “promueve el despojo del patrimonio colectivo en beneficio de los sectores más capacitados para obtener pingües beneficios del libre mercado” (C. Mendoza, 1995). En MCM encuentran hoy, las “viudas” de la privatización de PDVSA de los años 80’ y 90’, una correligionaria natural, y de excepción, para su causa transnacional de entregar la industria petrolera venezolana al sector privado, representado básicamente por el capital petrolero internacional a través de las grandes compañías y corporaciones petroleras. MCM les pone en bandeja de plata la oportunidad de la revancha para sus seculares pretensiones, a la vez que ella sirve de instrumento vil de intereses supranacionales.
La destrucción, las ruinas y el mal manejo de PDVSA que esgrime la distinguida amiga MCM son solo excusas para desnacionalizar la misma. Con ese argumento tan baladí, tendríamos entonces que privatizar no solo todas las empresas públicas -con lo cual pudiéramos estar de acuerdo, con excepción de PDVSA-, sino igualmente los institutos autónomos, ministerios, organismos públicos, hospitales, centros educacionales, autopistas y carreteras, etc…, pues todo ello es, hoy por hoy, caos, ruinas y desastre, igual o peor que PDVSA. Es decir, que con tal argumento vamos a terminar desmontando el Estado venezolano, pues la salsa que es buena para el pavo también es buena para la pava, dice una conocida jerga popular. “El pretexto de que vendería PDVSA porque está quebrada le serviría a Machado para vender a Venezuela, que también lo está” (R. Poleo, 2023). Por esta vía que nos señala MCM le entregaríamos el país, la nación, la república y el Estado a la anarquía del sector privado para que a sus anchas reine a solas para siempre, en función de sus propios intereses, que por lo general no son los intereses de las grandes mayorías venezolanas.
El Estado es mal empresario
Este insustancial “argumento” esgrimido por MCM (y también por otros precandidatos de la treintena de soñadores otoñales que proliferan compitiendo por la Primera Magistratura) va tomado de la mano de la falsa premisa de que el Estado es mal empresario y que el sector privado es ejemplo de una gerencia eficaz y eficiente a toda prueba, y esta falacia no resiste discusión alguna, pues el Estado per se no es mal empresario, así como el sector privado per se no es buen empresario, todo depende del recurso humano que se utilice debida y apropiadamente. PDVSA fue manejada y conducida eficientemente los catorce primeros años (1976-1989) y era catalogada como una de las mejores empresas petroleras del mundo, y valga decir que en aquellos años era del Estado venezolano, por lo que el Estado venezolano era ejemplo de eficacia y de buena gerencia pública, cosa que también sucedía con las empresas públicas de Guayana (Bolívar). “Entre 1976 y 1999, Venezuela construyó una empresa petrolera estatal y eficiente manejada por una gerencia profesional sin interferencia política” (F. Rodríguez, 2023). El secreto consistió (y consiste) en colocar al frente de PDVSA a hombres honestos y profesionales, capacitados en petróleo y que conozcan del manejo de la industria petrolera, y no a cualquier militar ramplón saturado de presillas y adornos cual árbol de navidad, pero ignaro supino en el tema de hidrocarburos.
Por otra parte, la crisis bancaria de 1994 que defenestró a las 27 instituciones bancarias más importantes del país (que poseían en su conjunto 49,7% del total de activos de los ahorristas), demostró -una vez más- que el sector privado empresarial no precisamente es un legado de virtudes, honestidad y excelente gerencia, pues no solo quebraron financieramente sus bancos, sino que además de ello en 48 horas cargaron -mediante transferencias bancarias al exterior- con los auxilios financieros que les había proporcionado el Estado venezolano para que respondieran a sus clientes. Ya los hampones del erario público existían para aquella época, y dentro del mismo sector privado empresarial, porque tampoco es que dicho sector haya sido una mina de probidad, pulcritud y virtud en todos sus ámbitos. Pero si a esos mismos banqueros, en aquellos años, los hubiesen colocado al frente de PDVSA, igualmente la hubiesen desfalcado tal como lo hizo Rafael Ramírez, con el consentimiento de Hugo Chávez Frías.
Entonces, te fijas María Corina, que no es cuestión de que el Estado sea mal o buen empresario, es cuestión de que el Jefe de Estado tenga certeza y tino para designar al personal que va a gerencial las empresas públicas. “Rescatar la eficiencia de nuestro sector petrolero, en vez de entregárselo a actores privados, debe ser nuestro primer objetivo” (F. Rodríguez, 2023). Y esto no quiere decir que estemos de acuerdo que el Estado sea un elefante blanco, saturado de toda clase de empresas y servicios públicos que puedan existir, y que lo hacen un Estado omnipotente, arrogante y omnipresente. Sin embargo, hay que decir que bajo el paraguas de esa omnipotencia no fueron pocos los empresarios venezolanos que nacieron, se refugiaron y crecieron empresarialmente, estimulados y protegidos por ese mismo Estado. Ahora usando a MCM como su precandidata, las mismas fuerzas que un día crecieron a su amparo reclaman su desmantelamiento y su reducción a las funciones liberales clásicas, donde la privatización de PDVSA es solo la punta del iceberg, desconociendo el hecho fundamental de que el Estado continuará siendo el perceptor del excedente petrolero. Hay petróleo y empresa petrolera (PDVSA) para un buen rato, mucho más de lo que algunos ecologistas se imaginan.
Pero desde luego, que el Estado no tiene porqué ser propietario de areperas, panaderías, periódicos, emisoras de radio o televisión, aeropuertos, manicomios, cárceles, etc…; todo eso y mucho más debe dejársele al sector privado, que seguramente lo puede hacer mejor. Ahora, pretender sustituir la “teología” del Estado por la teología del mercado hay un trecho bien largo, que podría terminar en “sacrílego”, una vez que se persigue el imperio absoluto del mercado. Hay mucho que corregir y reajustar en la organización y el funcionamiento del Estado, pero también hay que corregir y reajustar los patrones de comportamiento de la economía privada, que no puede actuar a su libre albedrio, sin importarle los efectos o consecuencias perversas que puedan derivarse de su actuación, su mal comportamiento y su codicia por tasas de ganancias desmedidas y groseras. Aquí el Estado debe hacerse sentir con absoluto apego a su institucionalidad y su rol histórico en la sociedad, con equidad y justicia social.
En este sentido hay que dejar claro que para reconstruir a PDVSA se van a necesitar ingentes capitales financieros, que solo poseen las grandes transnacionales del petróleo y para lo cual habrá que ofrecer posibilidades ciertas de inversión en exploración e inversión (“aguas arriba”) y también en refinación y transporte, además en todas las actividades conexas y complementarias (“aguas abajo”) de la industria petrolera. “El sector privado debe jugar un rol fundamental en cualquier propuesta de transformación productiva de Venezuela, y se deben buscar formas por ampliar sus espacios de participación en toda la economía, incluido en el sector petrolero” (F. Rodríguez, 2023). Además de asegurarles un marco jurídico claro, preciso y serio; es decir, definir en forma transparente las “reglas del juego”. Mientras que esto último no se garantice junto con una estabilidad política cierta, las empresas internacionales del petróleo no vendrán a unirse con sus pares, que ya se encuentran en Venezuela (38), para reactivar la producción petrolera venezolana.
“Esperamos más de 70 años para nacionalizar la industria petrolera (1976), que el chavismo corrompió y destruyó, ahora un sector de la extrema derecha plantea la privatización, No estoy de acuerdo, aquí tenemos talento de sobra para recuperarla” (L.E. Rondón, 2023). Ciertamente Luis Emilio Rondón tiene la razón, pues, tal como él lo afirma, aquí poseemos el recurso humano bien capacitado para reconstruir PDVSA, pues si el sector privado internacional puede hacerlo ¿por qué no lo puede hacer el sector público? En menos de un mes PDVSA podría -si se lo propone, claro está- reclutar los mejores profesionales del petróleo idos en la diáspora, la pandemia y el éxodo, y muchos que aún quedan en el territorio nacional. Lo que no podemos es prestarnos para desnacionalizar la industria del petróleo bajo premisas falsas carentes de consistencia, como las esgrimidas por MCM; pues tal como alguien hace años afirmó: “La nacionalización de la industria petrolera constituye, quizás, la circunstancia histórica más importante que ha vivido el país después de la independencia” (H. Calderón B. 1978).
Finalmente, podríamos afirmar que María Corina Machado como animadora, impulsora y propiciadora de la privatización de PDVSA, le hace un flaco servicio al interés nacional y se convierte en una especie de “ideóloga” de la transnacionalización de la economía y del patrimonio público, al pretender consolidar la metamorfosis de la propiedad pública de nuestra casa matriz en propiedad privada transnacional, y así amputar la capacidad de decisión que tiene el país y el Estado venezolano sobre su propio destino. (Continuará…).
