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jueves, abril 18, 2024
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Petróleo en el Esequibo: referendo, Washington y la CIJ

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Por Leopoldo Puchi

A mediados de septiembre, se conoció que había concluido la licitación de bloques petrolíferos realizada por el gobierno de Guyana, que incluía proyectos ubicados en aguas del Esequibo. Seis empresas, entre ellas, ExxonMobil, participaron activamente en el proceso.

Estas licitaciones corresponden a áreas marinas y submarinas que aún no han sido delimitadas y que están vinculadas a la disputa territorial del Esequibo. En respuesta a esto, Venezuela advirtió tanto a las autoridades de Georgetown como a las empresas petroleras, que Guyana no tiene derechos sobre estas áreas. En consecuencia, cualquier concesión de explotación petrolera carece de validez hasta que se delimiten las aguas marinas. Incluso, en el escenario de una resolución del conflicto territorial, una delimitación marina estaría pendiente.
REFERENDO
En esta coyuntura, la Asamblea Nacional ha decidido convocar un referendo consultivo con el fin fortalecer la posición de Venezuela respecto al Esequibo, pero todavía se desconocen los detalles y la pregunta de la consulta.
Este referendo representaría una oportunidad para mostrar que la unidad nacional en torno a este asunto va más allá de las élites dirigentes de los partidos, grupos económicos y de la sociedad civil. Sería un pronunciamiento directo por parte del pueblo venezolano reafirmando su posición y compromiso.
No obstante, más allá de este propósito, está pendiente la definición acerca de si Venezuela participará en el proceso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Hasta el momento, Venezuela ha rechazado la competencia de la CIJ para abordar el caso, en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966, que es el marco jurídico vigente para resolver la controversia. En este contexto, el referendo se presenta como la ocasión oportuna para que la decisión que se tome sobre esta materia cuente con un sólido respaldo popular.
BUFETES
El descubrimiento de petróleo en aguas del Esequibo en 2015 actuó como un catalizador que puso en marcha una serie de movimientos estratégicos por parte de los bufetes de las corporaciones petroleras.
A principios de 2018, estos despachos lograron incluso que el propio secretario general de la ONU, António Guterres, saltara por encima de los procedimientos explícitamente delineados en el Acuerdo de Ginebra. Según este tratado, la remisión del caso a la CIJ sólo sería procedente si ambas partes, Venezuela y Guyana, lo solicitaban. Sin embargo, este requisito no se cumplió y Guterres optó por favorecer a las petroleras en lugar de respetar el Acuerdo.
DE PARÍS A LA HAYA
Las corporaciones petroleras han diseñado un plan destinado a utilizar el tribunal de La Haya con el mismo fin que se usó en 1899 el tribunal de arbitraje de París: legalizar y consolidar el expolio.
La CIJ se ha prestado a estos planes y ha tomado decisiones contra Venezuela sin una base sólida. Un ejemplo de esto fue su declaración de competencia para conocer la demanda presentada por Guyana. Esta resolución, en abierta contradicción con la normativa de la propia CIJ, no podía ser tomada de ninguna manera sin el previo consentimiento de Venezuela.
Este acto, dada su gravedad y evidencia, ilustra la inmensa capacidad de presión que tienen sobre esa instancia judicial los intereses corporativos de las petroleras.
WASHINGTON
A partir de 1962, cuando Venezuela denunció el laudo arbitral de 1899, Estados Unidos adoptó una posición equilibrada en medio de la controversia y apoyó los esfuerzos diplomáticos. Además, reconoció el Acuerdo de Ginebra de 1966 y se abstuvo de tomar partido.
Sin embargo, en la actualidad, el interés petrolero ha predominado y Washington ha asumido una actitud beligerante. En lugar de reconocer el Acuerdo de Ginebra, el Subsecretario Brian Nichols ha declarado que “el laudo arbitral de 1899 determinó la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela”.
Para apuntalar los planes petroleros, Estados Unidos y Guyana suscribieron un acuerdo de cooperación marítima en 2020 que permite a las unidades navales militares estadounidenses realizar operaciones en aguas de Guyana.
DIÁLOGO
El desconocimiento por parte de la CIJ del Tratado de Ginebra constituye un acto de agresión contra Venezuela. La utilización de esta instancia como un medio para imponer una decisión representa una ruta diametralmente opuesta a una solución pacífica. Si el objetivo es evitar una escalada, el camino apropiado es regresar a los mecanismos de diálogo contemplados en el Acuerdo firmado en 1966.
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