Desde el 6 al 18 de noviembre del 2022, se reunió en El Cairo, capital de Egipto, la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP-27. A esa reunión fueron invitados casi 200 países, y asistieron los presidentes o jefes de gobiernos de 112 naciones. La advertencia de la ONU era lapidaria: Los últimos ocho años han sido los más cálidos que se han registrado en la tierra hasta ahora.
En esa reunión vimos cómo los presidentes de Francia y Venezuela conversaron en el mejor estilo diplomático que se puede esperar. Todos los países llegaron a El Cairo unidos con un objetivo común: mejorar el planeta. El mandatario venezolano afirmó, en su discurso ante la Cumbre, que “Le toca a Suramérica salvar la selva amazónica y estamos a tiempo. Ha habido grandes daños en las últimas décadas por diversas prácticas vinculadas con el sistema capitalista depredador, y nos toca tomar un camino de protección y de salvación” Y añadió en su alocución: “Son los pueblos originarios quienes deben enseñarnos cómo salvar y cómo convivir con la naturaleza”.
La Conferencia, que reunió a más de 45.000 participantes, concluyó con acuerdos para crear un nuevo fondo de pérdidas y daños para los países vulnerables afectados. Además, se concibió la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima, para unir las acciones de los gobiernos, sector privado y comunidades, en detener la pérdida de bosques y degradación de la tierra para el año 2030. En la Conferencia, representantes de los pueblos indígenas, comunidades locales y sociedad civil, explicaron cómo están afrontando el cambio climático, y compartieron cómo esa situación afecta sus vidas.
En Venezuela, los efectos prácticos de la COP-27 se vieron de inmediato. Por esa voluntad política del más alto nivel, se emitieron órdenes precisas de luchar contra la minería ilegal que degrada nuestras selvas milenarias, y comenzaron acciones para salvar esos bosques amazónicos. Se nota un decidido empeño en erradicar el flagelo de la depredación ambiental.
Todos hemos visto en los medios de comunicación, imágenes con pistas de aterrizaje ilegales en las selvas de Canaima neutralizadas. Esas son las pistas que utilizan los mineros para llevar sus insumos y sacar el oro u otros minerales que arrancan a las entrañas de nuestra tierra. También hemos visto imágenes de acciones militares para neutralizar chalanas y otras instalaciones mineras ilegales en el estado Bolívar.
Sin embargo, parece que las malas prácticas son amparadas por algunos líderes de ciertas comunidades indígenas, que actúan en detrimento de sus representados y de la naturaleza. Por lo menos, eso se deduce de un informe de inspección que me hicieron llegar realizado el 5 y 6 de noviembre en el río Carrao, el que baja al lado del Salto Ángel, específicamente en el sector denominado “Pela Patra”.
La comisión que inspeccionó el lugar estuvo formada por representantes de comunidades indígenas cercanas, funcionarios del Instituto Nacional de Parques, y educadores. Ellos constataron el deterioro ambiental mediante el uso de máquinas de alta potencia, y tala de árboles, cerca de la desembocadura del río Churún al Carrao. Eso es a “una distancia de menos de 10 kilómetros en línea recta” hasta el Salto Ángel.
Constataron presencia de mercurio, que “utilizan los mineros para concentrar el material aurífero”, y la presencia de una pista de aterrizaje clandestina en “una sabana del río Uriku, a 30 minutos desde el sitio llamado Arenal”. El indígena que vive allí declaró a la comisión que diariamente llegan hasta seis vuelos de avionetas tipo Cessna 206, con “cargamentos de combustible, lubricantes y máquinas que los mineros usan en sus labores”. La comisión entrevistó a varias personas en esos asentamientos ilegales, y una señora que “mostró su indisposición a deponer sus actuaciones”, acusó al capitán general de lucrarse con la actividad minera.
Concluye el informe calificando de grave a la actividad minera que se está realizando en el río Carrao, dentro del Parque Nacional Canaima, y recomendando continuar con las labores de monitoreo y erradicación, “en cohesión con el discurso pronunciado por el presidente Nicolás Maduro en Egipto”. Además, propone destruir la pista de aterrizaje mencionada y denunciar en los medios de comunicación a las prácticas de minería ilegal en Canaima. También exhortan al capitán general de Canaima a “ahondar más sus acciones en contra de la minería ilegal en el río Carrao, por lo que se ve sus acciones son casi nulas o esporádicas sin ningún tipo de efecto”. Finalmente piden denunciar ante la Fiscalía Ambiental a las personas he “han venido cometiendo de manera sistemática y deliberada, delitos de ecocidio, que han hecho caso omiso a las llamadas de las autoridades legítimas y la comunidad en asamblea, para que abandonen las labores de minería”.
La actividad minera ilegal y anárquica es incompatible con la preservación de la naturaleza, de eso no hay duda. Lo que está pasando en Canaima es grave, e implica complicidad de muchos seres subalternos, que actúan en complicidad con otros, unidos en un gusto exacerbado por el dinero y por el desprecio a la conservación del planeta.
El turismo es una solución casi mágica, al problema de la minería ilegal. Donde hay turismo, no caben los mineros. Apoyemos entonces cada vez más a la actividad turística en Canaima, y rechacemos enfáticamente cualquier tipo de minería en nuestros parques nacionales.
@montenegroalvaro
Foto: JEISSY TROMPIZ
