Cinco jóvenes con gorras y capuchas, pero a cara descubierta, suben las escaleras de un bloque de apartamentos y se reúnen frente al número 301.
Uno carga un rifle de asalto, otro habla por el celular en español. Un tercero toca con insistencia la puerta y todos irrumpen a la fuerza en la vivienda.
El video, grabado en agosto de este año por una vecina del complejo residencial de ladrillo rojo situado en Aurora, Colorado, y habitado principalmente por inmigrantes venezolanos, pronto se volvió viral.
Ese mismo mes, la policía local informó de la detención del también venezolano Yoendry Vílchez Medina-José, acusado de protagonizar escenas similares y de un brutal ataque contra el gerente de otro edificio de apartamentos en la zona.
Lo identificó, al igual que a otra docena de individuos, como “miembro documentado” del Tren de Aragua (TdA), un nombre cada vez más ubicuo en los círculos de seguridad de Estados Unidos pero hasta entonces prácticamente desconocido para la población general.
El altavoz que hizo que la banda se volviera conocida en todo Estados Unidos fue Donald Trump, quien no tardó en centrar la atención nacional en este populoso suburbio del área metropolitana de Denver —donde en los últimos dos años se han instalado en torno a 30.000 venezolanos—, al describirlo falsamente como una “zona de guerra”.
El entonces candidato presidencial, en plena campaña para las elecciones de noviembre que terminó ganando, visitó Aurora y utilizó los incidentes para alimentar su retórica de asociar la migración con el aumento de la criminalidad.
Más allá de los intereses electorales de Trump, la preocupación ha ido creciendo entre las autoridades estadounidenses por la presencia en su territorio del Tren de Aragua, una banda surgida en una cárcel de Venezuela hace algo más de una década y con tentáculos en varios países de Sudamérica.
Un informe del Departamento de Seguridad Nacional identifica a presuntos miembros del TdA en 16 estados, hay 100 investigaciones federales relacionadas con el tema en marcha, ha habido unas 50 detenciones e incluso condenas, y el gobierno de Joe Biden la declaró “organización criminal transnacional”.
Aunque cuestiones como su tamaño real, la sofisticación y la posible coordinación con la cúpula en su país de origen y con otros sindicatos del crimen en EE.UU. siguen sin estar claras.
Entretanto, el Tren de Aragua sigue victimizando a la migración venezolana con robos, extorsiones o explotación sexual allá donde llega.
Y su cada vez mayor prominencia en el discurso político deja a quienes buscan asilo en EE.UU. lidiando con el estigma y la discriminación.
Pandilla carcelaria en Venezuela
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la organización nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo en construcción del ferrocarril que atravesaría el estado Aragua.
“Sus miembros extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del Tren de Aragua'”, le explicó el experto en crimen organizado a BBC Mundo.
Algunos de estos individuos terminaron en la prisión local de Tocorón, situada al suroeste de Caracas.
Allí fue recluido también el que se considera hoy uno de los líderes de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, y “desde allí comenzaron a tomar fuerza”, señala el profesor.
La influencia de la banda pronto se extendió fuera del centro penitenciario, hasta convertirse en la empresa criminal más poderosa de Venezuela.
El “Niño Guerrero” está siendo buscado en varios países de Sudamérica y se desconoce su paradero.
Varios investigadores apuntan a que esto solo pudo ser posible por la complicidad de funcionarios estatales, ya fuera por “acción u omisión”. Otros directamente aseguran que el Tren es una organización “patrocinada por el Estado” y con vínculos con el poder, algo que el gobierno venezolano rechaza.
Sea como fuere, cuando el país se sumió en una profunda crisis económica y política, la banda empezó a sacar provecho de los millones de venezolanos que huían.
“Identificaron que podían hacer dinero con la migración y empezaron a beneficiarse del negocio”, le dice a BBC Mundo Ronna Rísquez, periodista de investigación venezolana y autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”.
La expansión por América Latina
La primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, aunque pudo haber empezado antes, dice Rísquez.
Desde entonces, fue extendiéndose rápidamente por los países vecinos, a pesar de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que lo desmanteló al retomar en 2023 el control de la prisión en la que nació, y de que el canciller Yván Gil declarara en julio de este año que el Tren de Aragua es “una ficción creada por los medios internacionales”.
Ese mismo mes la policía de Colombia anunció que ya habían sido detenidos más de 80 miembros del grupo en el país. El más notorio, Larry Amaury Álvarez Núñez, más conocido como Larry Changa, considerado otro de los fundadores del Tren de Aragua.
También ha habido capturas y condenas relacionadas con la banda en Chile, y en el vecino Brasil las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país.
“El Tren de Aragua va controlando la migración irregular, explotándola en los países que transita, y así conoce también otras realidades criminales y va aprendiendo de ellas”, le dice a BBC Mundo Pablo Zeballos, un exagente de inteligencia de la fuerza policial chilena de Carabineros reconvertido en consultor sobre crimen organizado.
“Es una economía perfecta. Perversa, pero perfecta”, subraya Zeballos, quien lleva investigando la organización desde 2015.
Hasta EE.UU., siguiendo la migración
Los expertos consultados por BBC Mundo reconocen que la expansión del Tren de Aragua en EE.UU., a donde han migrado casi un millón de venezolanos en los últimos años, era cuestión de tiempo.
“Empezamos a detectarlo en 2021, pero los reportes policiales al respecto eran pocos. En 2022 hubo más, y en 2023 muchos más. Hasta que este año explotó”, le dice a BBC Mundo Joseph Humire, del Center for a Secure Free Society (SFS), un think tank conservador con sede en Washington especializado en seguridad nacional.
A principios de año funcionarios federales alertaron a las autoridades de Nueva York de la llegada de la pandilla, según le dijo Joseph Kerry, jefe de detectives del Departamento de Policía de la ciudad, al diario The New York Times.
De acuerdo a ese medio, desde enero la policía de esa ciudad ha interrogado al menos a 30 personas, entre ellas individuos afiliados a la banda recluidos en la cárcel de máxima seguridad de la Isla de Rikers.
Y ha registrado a 24 miembros en la base de datos de organizaciones criminales, aunque se cree que son más. En la urbe operan 496 bandas según ese directorio, con un total de 14.000 individuos adscritos.
“Se trata de un pequeño número de personas que son violentas, y vamos a identificarlas y utilizar nuestras prácticas como lo hacemos con cualquier pandilla”, dijo en rueda de prensa en julio el alcalde Eric Adams, quien se niega a que su ciudad se vuelva bastión del grupo.
“Son malos y no representan a la comunidad de inmigrantes y solicitantes de asilo”, subrayó el demócrata, un policía retirado, tratando de contrarrestar el discurso de los círculos más conservadores, amplificado por Trump y por medios de comunicación de derecha.
