Por PAUL WISEMAN Associated Press
WASHINGTON (AP) — Agricultores, ganaderos y gerentes de hoteles y restaurantes respiraron aliviados la semana pasada cuando el presidente Donald Trump ordenó una pausa en las redadas migratorias que afectaban a esas industrias y ahuyentaban a los trabajadores nacidos en el extranjero.
«Por fin hubo una sensación de calma», dijo Rebecca Shi, directora general de la American Business Immigration Coalition (Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial).
Ese respiro no duró mucho.
El miércoles, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), declaró: «No habrá espacios seguros para las industrias que albergan a delincuentes violentos o intentan socavar deliberadamente las medidas (de control migratorio). El control en los lugares de trabajo sigue siendo una piedra angular de nuestros esfuerzos para salvaguardar la seguridad pública, la seguridad nacional y la estabilidad económica».
Este cambio de postura desconcertó a las empresas, que intentaban comprender la verdadera política del gobierno, y Shi manifiesta que ahora «hay miedo y preocupación de nuevo».
«No puedes dirigir un negocio cuando los empleados se encuentran en este nivel de estrés y trauma», agregó.
Trump hizo campaña con la promesa de deportar a millones de inmigrantes que trabajan sin permiso en Estados Unidos —un tema que ha enardecido a su base republicana desde hace tiempo. La represión se intensificó hace unas semanas cuando Stephen Miller, subjefe de despacho de la Casa Blanca, exigió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) una cuota de 3.000 arrestos diarios, en comparación con los 650 al día de los primeros cinco meses del segundo mandato de Trump.
Súbitamente, parecía que el ICE estaba en todas partes. «Vimos agentes del ICE en granjas, apuntando con fusiles de asalto a las vacas y llevándose a la mitad de la fuerza laboral», reportó Shi, cuya coalición representa a 1.700 empleadores y apoya el aumento de la inmigración legal.
Una redada del ICE dejó a una lechería de Nuevo México con tan solo 20 trabajadores, en comparación con los 55 que tenía.
«No puedes apagar a las vacas», dijo Beverly Idsinga, directora ejecutiva de la Dairy Producers of New Mexico (Asociación de Productores de Lácteos de Nuevo México). «Necesitan que las ordeñen dos veces al día y que las alimenten dos veces al día».
Claudio Gonzalez, chef de Izakaya Gazen en el distrito Little Tokyo de Los Ángeles, comentó que muchos de sus trabajadores hispanos —ya sea que estén legalmente en el país o no— han llamado para faltar al trabajo recientemente por temor a convertirse en objetivos del ICE. Su restaurante está a pocas cuadras de varios edificios federales, incluido un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
«A veces tienen mucho miedo de trabajar su turno», dijo Gonzalez. «Como que sienten que se basan en el color de la piel».
En algunos lugares, el problema no es el ICE, sino los rumores sobre el ICE. Durante la época de cosecha de cerezas en el estado de Washington, muchos trabajadores nacidos en el extranjero se han mantenido alejados de los huertos tras recibir informes de redadas de inmigración inminentes. Una operación que normalmente emplea a 150 recolectores se ha reducido a 20, sin importar que no haya habido ninguna señal del ICE en los huertos.
«No hemos oído hablar de ninguna redada real», dijo Jon Folden, gerente de huertos de la cooperativa agrícola Blue Bird en el valle del río Wenatchee, Washington. «Hemos escuchado muchos rumores».
Jennie Murray, directora general del grupo de defensa National Immigration Forum (Foro Nacional de Inmigración), dijo que algunos padres inmigrantes temen que sus lugares de trabajo sean allanados y que el ICE los detenga cuando sus hijos están en la escuela. Agregó que se preguntan: «¿Me presento (a trabajar) y luego mi hijo de segundo grado se baja del autobús escolar y no tiene padres que lo críen? Tal vez no debería ir a trabajar».
Las historias de terror fueron transmitidas a Trump, a miembros de su gobierno y a legisladores del Congreso por grupos de defensa empresarial y de reforma migratoria como la coalición de Shi. El jueves pasado, el presidente publicó en su plataforma Truth Social: «Nuestros grandiosos agricultores y la gente del sector hotelero y del ocio han afirmado que nuestra muy agresiva política migratoria les está quitando trabajadores excelentes y con mucha experiencia, y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar».
Fue otro ejemplo de cómo la agenda política de Trump choca de frente con la realidad económica. Con una tasa de desempleo en Estados Unidos del 4,2%, muchas empresas están desesperadas por encontrar trabajadores —y la inmigración se los proporciona.
Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, los trabajadores nacidos en el extranjero representaron menos del 19% de los trabajadores empleados en Estados Unidos en 2023. Pero significaron casi el 24% de los empleos en la preparación y el servicio de alimentos y el 38% de los empleos en la agricultura, pesca y silvicultura.
«Es muy claro para mí que la gente que impulsa estas redadas que tienen como objetivo granjas, corrales de engorde y lecherías no tienen idea de cómo operan las granjas», dijo el martes Matt Teagarden, director general de la Kansas Livestock Association (Asociación Ganadera de Kansas), durante una conferencia de prensa virtual.
Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, una firma de inversión y asesoría financiera para individuos y empresas, estimó en enero que los trabajadores indocumentados representan el 13% de los empleos agrícolas en Estados Unidos y el 7% de los empleos en el sector de la hostelería, como hoteles, restaurantes y bares.
El Pew Research Center, un centro de investigación con sede en Washington que brinda información sobre actitudes, tendencias y problemáticas de Estados Unidos y el mundo, encontró el año pasado que el 75% de los votantes registrados en Estados Unidos —incluido el 59% de los partidarios de Trump—, coincidieron en que los inmigrantes indocumentados ocupan, en su mayoría, empleos que los ciudadanos estadounidenses no quieren. Y la afluencia de inmigrantes en 2022 y 2023 permitió a Estados Unidos superar un brote inflacionario sin caer en recesión.
Anteriormente, los economistas estimaban que los empleadores estadounidenses no podían añadir más de 100.000 empleos al mes sin sobrecalentar la economía y disparar la inflación. Pero las economistas Wendy Edelberg y Tara Watson, de la Brookings Institution —una organización sin fines de lucro que realiza investigaciones para mejorar políticas en todos los niveles de gobierno—, calcularon que, debido a la llegada de inmigrantes, el crecimiento mensual del empleo podría alcanzar entre 160.000 y 200.000 sin ejercer una presión alcista sobre los precios.
Ahora, los planes de deportación de Trump —y la incertidumbre que los rodea— lastran a las empresas y la economía.
«La realidad es que una parte importante de nuestra industria depende de la mano de obra inmigrante —personas cualificadas y trabajadoras que han formado parte de nuestra fuerza laboral durante años—. Cuando hay redadas o represiones repentinas, se retrasan los plazos, se incrementan los costos y se dificulta la planificación anticipada», explicó Patrick Murphy, excongresista demócrata y actual director de inversiones de Coastal Construction, una empresa constructora de Florida. «No tenemos la certeza de un mes para otro de cuáles van a ser las reglas ni de cómo se aplicarán. Esa incertidumbre dificulta mucho la operación de un negocio con visión a futuro».
Douglas Holtz Eakin, exdirector de la Congressional Budget Office (Oficina de Presupuesto del Congreso, o CBO, por sus siglas en inglés) y actual presidente del grupo conservador de expertos American Action Forum (Foro Estadounidense de Acción), añade: «El ICE ha detenido a personas que se encuentran aquí con permiso, así que ahora los inmigrantes legales tienen miedo de ir a trabajar … Todo esto va en contra de otros objetivos económicos que pueda tener el gobierno. La política migratoria y la política económica no se están alineando en absoluto».
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Los periodistas de The Associated Press Jaime Ding en Los Ángeles; Valerie Gonzalez en McAllen, Texas; Lisa Mascaro y Chris Megerian en Washington; y Mae Anderson y Matt Sedensky en Nueva York, y el periodista de The Associated Press/Report for America Jack Brook en Nueva Orleans contribuyeron a este despacho.
Redadas del ICE y su incertidumbre ahuyentan a trabajadores y desconciertan a empresas
