(Marlene Piña Acosta) .- El profesor de la Cátedra Historia Política en la Universidad de Carabobo, Santiago Rodríguez, exhortó de nuevo al alcalde de Valencia, Alejandro Marvez, a bajar los impuestos municipales en la jurisdicción.
“Se están aplicando alícuotas, tasas impositivas superiores a la capacidad que tienen los valencianos para poder pagar los tributos y eso es inconstitucional”, sostuvo en su llamado.
“El alcalde debe entender la situación económica que atraviesan los valencianos, producto de las malas políticas económicas del Gobierno Nacional “, recalcó enfáticamente.
A su juicio, ya de por sí, la inflación es un terrible impuesto que todos estamos pagando.
El profesor Rodríguez insistió en que la solución pasa por reformar la Ordenanza de Impuestos sobre Inmuebles Urbanos y la Ordenanza de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios. “Es necesario modificar el clasificador de actividades económicas y disminuir las alícuotas de impuestos municipales de las actividades de producción, industria, comercio y servicios. Sólo así evitaremos que nuestros comerciantes migren al sector informal o bajen sus santamarias”.
Advirtió el profesor Rodríguez que cualquier reforma o modificación se debe hacer con una metodología de consulta, en consenso con el Consejo Local de Planificación Pública y las comunidades, las cámaras, y los gremios profesionales, para lograr crear un marco legal confiable que genere ingresos al municipio, y que incentive la inversión privada”.
A criterio del profesor Rodríguez, los impuestos municipales deben ser pagados. “Los municipios deben ser autónomos para que se puedan desarrollar y no depender del situado constitucional, más ahora que municipios como el nuestro dependerán de la actividad económica de los empresarios y comerciantes”.
El profesor Santiago Rodríguez señaló que las reformas de las ordenanzas cumpliendo con el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria, avalado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es inconstitucional, porque es un proyecto que no fue elaborado por la Asamblea Nacional sino por la vicepresidencia del área económica vulnerando el principio de legalidad tributaria, por lo que no hay tributo sin una ley que la regule.
“Y violando los artículos 164 y 169 de la Constitución, donde se otorga a los estados y los municipios la potestad en material tributaria”, recalcó.
