Waldimir Silva. Este viernes en horas de la mañana militares y policías intervinieron el Internado Judicial de San Felipe, en el estado Yaracuy.
A través de las redes sociales, se difundió un vídeo donde aparece el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos Ichasso, en compañía de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y policías del estado, para seguir con el cumplimiento de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, que se ha dedicado a intervenir las cárceles más peligrosas del país.
El Internado Judicial de San Felipe, conocido como la Cuarta, es el séptimo recinto carcelario que intervienen y son medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro, quien define estas acciones como la “Operación Gran Cacique Guaicaipuro” y la Cuarta es la séptima carcel tomada por las autoridades en menos de 90 días, después de Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Anzoátegui), La Pica (Monagas), Vista Hermosa (Bolívar) y el Internado Judicial de Trujillo.
De esta manera, familiares de los reclusos dicen no oponerse a esta medida y que solo les preocupa la integridad física de sus allegados y piden que los traslados no los hagan a cárceles de estados lejanos.
Algunos manifestaron su preocupación porque en primeras tomas, como la del estado Aragua y la de Carabobo, se conoció que hubo presos fallecidos, según declaraciones de los familiares. Sin embargo, hasta la fecha no hay información precisa de ninguna de estas muertes.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo que, en la cárcel de San Felipe había unos 650 reclusos, que convivían en un espacio con 148 % de hacinamiento y que 502 presos del penal fueron trasladados presuntamente al Internado Judicial de Yare en el estado Miranda y al penal de San Juan de los Morros en Guárico. También detallaron que, los familiares no han recibido información oficial.
Esta Organización No Gubernamental (ONG), que defiende los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tiene conocimiento de la muerte de 11 reclusos en Tocorón (Aragua) y cinco en Tocuyito (Carabobo), después de recabar testimonios con los familiares.
“Desde el OVP exigimos que se den detalles sobre estas muertes que están siendo ocultadas por el régimen de Maduro, y a la par desde nuestra organización estamos informando a los organismos internacionales sobre lo ocurrido en estas cárceles”, demandaron a inicios del mes.
Es importante destacar, que esta organización ejerce funciones de contraloría y observación para la promoción y vigilancia del cumplimiento y respeto de los derechos humanos en las prisiones de Venezuela.
