El ejército de Estados Unidos generó un gasto estimado de más de 21 millones de dólares en vuelos para deportar migrantes que se encontraban en Estados Unidos desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump el 20 de enero, según cifras publicadas este lunes.
Trump considera que el país sufre una «invasión» y ha prometido expulsar a millones de migrantes en situación irregular, a los que llama «criminales» por haber entrado sin visa ni permiso, reseñó AFP
También ha desplegado miles de tropas adicionales en la frontera de Estados Unidos con México, a las que otorgó el poder de detener a migrantes en algunas zonas.
El Comando de Transporte de Estados Unidos (TRANSCOM) dio cuenta de 46 vuelos en aeronaves militares entre el 20 de enero y el 8 de abril.
«Los vuelos totalizaron 802,5 horas a un coste medio de 26.277 dólares por hora de vuelo», dijo TRANSCOM a la senadora Elizabeth Warren, quien dio a conocer las respuestas a una serie de preguntas que había planteado. Esto suma más de 21 millones de dólares.
Warren, miembro del comité de servicios armados del Senado, estima que «cada estadounidense debería estar indignado» porque Trump «desperdicia recursos militares para pagar sus artimañas políticas».
En un comunicado la congresista demócrata lo calificó de «abuso de poder».
El presidente republicano invocó en marzo la ley de enemigos extranjeros de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra, para enviar a personas a las que acusa de ser pandilleros venezolanos de la banda Tren de Aragua a una megaprisión en El Salvador.
Pero sus medidas migratorias, sobre todo sus expulsiones aceleradas, se han topado con el rechazo de muchos tribunales y de jueces que exigen un debido proceso para los migrantes.
Exasperada, la Casa Blanca sopesa alternativas. El subdirector de gabinete Stephen Miller afirmó que la administración está «considerando activamente» suspender el derecho de una persona a impugnar ante los tribunales su detención, conocido como habeas corpus.
Medidas de Estados Unidos
Las tácticas de coacción que el Gobierno de Trump ha empleado contra Nicolás Maduro en Venezuela, según el medio informativo El País, son aún más diversas al usar aranceles, amenaza de sanciones y golpes al sector petrolero del país junto con deportaciones de venezolanos a El Salvador, donde son encarcelados en una cárcel de máxima seguridad.
Después de que Washington anunciara el 4 de marzo que retiraba las licencias que permitían la operación de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela, Caracas informó cuatro días después de que no aceptaría deportaciones de sus ciudadanos desde Estados Unidos. Esto llevó a la Administración Trump a amenazar al país sudamericano con nuevas sanciones “severas y crecientes”. Finalmente, Maduro dio marcha atrás y acordó reanudar los vuelos, que reiniciaron poco después ese mismo mes.
El día 24, sin embargo, el Gobierno de Trump anunció otras dos medidas. Por un lado, aseguró que, a partir del 2 de abril, impondría aranceles del 25% a todos los países que exportan petróleo y gas venezolano porque, según justificó, Caracas ha enviado “decenas de miles” de criminales violentos a Estados Unidos. Y por el otro, prorrogó hasta finales de mayo la salida de Chevron, que estaba prevista para principios de abril. Esta pausa le dio un respiro al ya de por sí asfixiado régimen de Maduro, ya que la multinacional es responsable de un cuarto de la producción petrolera local. A eso se añade la imposición de gravámenes del 15% a las exportaciones de Venezuela, aún pendientes de aplicación debido a la moratoria de 90 días anunciada por la Casa Blanca para todos los países, con la salvedad de China.
El caso de El Salvador amerita una mención especial. La relación entre Trump y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, pasó a ser un beneficio para ambos. El republicano, por su parte, ha encontrado en Bukele un socio que acepte y encarcele a migrantes deportados por Estados Unidos sin hacer preguntas. Así Bukele no solo gana el favor del hombre más poderoso del mundo, sino que bajo el acuerdo también recibe dinero 20.000 dólares al año por cada deportado encarcelado en el país centroamericano y la convalidación de su modelo carcelario, duramente criticado por sus malas condiciones y la violación de derechos humanos de los reclusos.
