El Gobierno venezolano anunció que activará «todos los mecanismos de protesta en lo diplomático, jurídico y político» para defender a sus connacionales, mientras insiste en que la aplicación de la ley de 1798 constituye un «delito de lesa humanidad».
Venezuela calificó como «anacrónica, ilegal y violatoria de los derechos humanos» una orden ejecutiva emitida por Estados Unidos el 14 de marzo, que aplica la Ley del Enemigo Extranjero de 1798 para criminalizar a los migrantes venezolanos.
La cancillería sostiene que la migración venezolana es «pacífica y trabajadora», integrada mayoritariamente por «mujeres y hombres dignos y honestos, no terroristas ni criminales».
El comunicado denunció que la medida «evoca los episodios más oscuros de la historia, desde la esclavitud hasta los campos de concentración nazis», y responsabilizó a figuras opositoras como María Corina Machado y Leopoldo López de impulsar políticas «que estigmatizan y persiguen» a su población en el exterior.
El documento también rechazó la «expropiación de bienes personales, cuentas bancarias y negocios» de migrantes en EE. UU., así como la «amenaza de secuestro de menores de 14 años» bajo acusaciones de vinculación con grupos terroristas. «Nunca en la historia se había llegado al extremo de calificar a niños como criminales por ser venezolanos», también condenó la persecución en «lugares de trabajo, colegios, iglesias y hospitales».
La Cancillería insistió en que la crisis migratoria es consecuencia del «bloqueo criminal a nuestra economía» por parte de Gobiernos occidentales, en un intento de «cambio de régimen». Sentenció que «esta ley viola la Carta de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos y constituye un delito de lesa humanidad».
El texto oficial subrayó que esta orden hace parte de un «plan sistemático» de sanciones impulsado desde Washington, iniciado en 2015 con el decreto de Barack Obama que declaró a Venezuela una «amenaza inusual y extraordinaria». Acusó a sectores de la oposición venezolana de operar una «red criminal de coyotes» que explota económicamente a migrantes, y aseguró que existen «pruebas en manos de organismos estadounidenses» para demostrarlo.
El Gobierno bolivariano hizo un llamado urgente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y a la ONU para «denunciar esta acción aberrante», advirtiendo que «no es solo un ataque contra Venezuela, sino un precedente peligroso para la región». Reiteró que el éxodo venezolano es consecuencia del «bloqueo criminal» occidental y exigió el cese de medidas que «segregan y despojan masivamente» a su población.
