Eudiven Villarreal-
Este 18 de marzo, se reveló que la administración de Donald Trump, vuelve a detener a familias inmigrantes con niños. El centro de detención en Karnes, en el sur de Texas, recibió a padres con niños de tan solo un año, lo que se convirtió en la práctica en gran medida restringida durante la Administración de Joe Biden y denunciada por organizaciones de derechos humanos como inhumana.
Las familias permanecerán en custodia federal, en instalaciones que los críticos han descrito como “cárceles para bebés”, hasta que sean expulsadas del país bajo la campaña de deportaciones masivas del presidente.
Más de una docena de familias con niños están recluidas en el centro de detención de Karnes, una pequeña localidad de unos 15.000 habitantes situada a unos 80 kilómetros al sureste de la ciudad de San Antonio. De acuerdo con RAICES, organización con sede en Texas que presta servicios a los migrantes en el centro, entre las familias detenidas hay algunas que cruzaron la frontera recientemente, tanto la mexicana como la canadiense, pero también otras que fueron capturadas en la reciente oleada de redadas de inmigración en todo el país. Algunas llevaban en el país hasta 10 años, aseguró la organización.
Entre los detenidos en Karnes hay inmigrantes originarios de Colombia, Rumanía, Irán, Angola, Rusia, Armenia, Turquía y Brasil. Un segundo centro en el sur de Texas, en la localidad de Dilley, a 115 kilómetros al sur de San Antonio, está siendo habilitado para recibir cientos de familias en los próximos días. En total, las dos instalaciones, gestionadas por empresas penitenciarias privadas contratadas por el Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas inglesas), tienen capacidad para casi 3.800 personas.
Trump ya hizo uso de esta práctica durante su primer mandato, en un esfuerzo por disuadir la migración a través de la frontera sur. Las Administraciones de George W. Bush y Barack Obama también lo hicieron, pero Trump dio un paso más y separó por la fuerza a los menores de sus padres y los retuvo en centros de detención que se asemejaban a cárceles o perreras. Allí, no tenían acceso a servicios básicos, como duchas, camas o alimentos suficientes. La política generó tal indignación pública que el presidente decidió dar marcha atrás, pero el daño ya estaba hecho. Más de 4.600 niños fueron arrancados de sus familiares y se estima que, a día de hoy, casi el 30% de ellos sigue en paradero desconocido.
Niños migrantes venezolanos
«Quisiera que me ayuden con mi hermano; tiene nueve meses detenido en Estados Unidos con su esposa y sus hijos. A ellos les quitaron a la niña en el momento en que la entregaron. Hemos hecho de todo y no dan respuesta», esta es la denuncia de Marlys Escalona en la cuenta de Instagram @migrantesven, que el gobierno nacional abrió para que todos los venezolanos y víctimas que se encuentran en el extranjero se registren para iniciar el proceso de resguardo, atención, representación jurídica y el retorno a la nación a través del Plan Vuelta a la Patria.
Por historias como estas las autoridades del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) solicitaron a la oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que se pronuncie ante la aplicación de una “ley de guerra” contra la población civil y migrantes venezolanos, especialmente menores de edad, que han sido secuestrados, en donde cuyos derechos humanos son violados de manera flagrante mediante deportaciones masivas, ilegales y criminales.
La presidenta de Idenna, Anahí Arizmendi, presentó esta solicitud ante el representante adjunto de Unicef Venezuela, José Ramón Espinoza, por la falta de protección integral y los derechos de los niños, niñas y adolescentes venezolanos que se encuentran migrantes en los Estados Unidos. Destacó que esta conducta del gobierno estadounidense coloca a la población migrante infanto-adolescente, en estado de indefensión y con el riesgo de ser enjuiciados como adultos al pretender vincularlos con organizaciones como el «Tren de Aragua», un acto cruel y vil de su parte.
Desatan búsquedas internacionales
Franco Caraballo llamó a su esposa el viernes por la noche, llorando y en pánico. Horas antes, el barbero de 26 años y docenas de otros migrantes venezolanos que se encontraban en un centro de detención federal en Texas estaban vestidos con ropa blanca y esposados y fueron llevados a un avión. No tenía idea de a dónde iba.
Veinticuatro horas después, el nombre de Caraballo desapareció del localizador de detenidos en línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El lunes, su esposa, Johanny Sánchez, se enteró de que Caraballo estaba entre los más de 200 inmigrantes venezolanos que fueron trasladados durante el fin de semana a El Salvador, donde ahora están recluidos en una prisión de máxima seguridad tras ser acusados por la administración Trump de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua.
Los vuelos de las autoridades de inmigración de Estados Unidos desataron una frenética búsqueda entre familias aterrorizadas después de que cientos de inmigrantes desaparecieron del localizador en línea de ICE.
Algunos aparecieron en esa prisión en El Salvador, un complejo masivo donde no se permiten visitas, recreación ni educación. Estados Unidos ha pagado al gobierno de El Salvador 6 millones de dólares para mantener a los prisioneros, muchos de ellos venezolanos. El gobierno venezolano rara vez acepta deportados de Estados Unidos.
Pero muchas familias no tienen idea de dónde buscar a sus seres queridos. El Salvador no tiene una base de datos en línea para buscar a los internos, y las familias muchas veces pasan dificultades para recibir información.
Padres indocumentados
Un nuevo reporte del Concilio Estadounidense de Inmigración (AIC por sus siglas en inglés) detalla el impacto de las deportaciones masivas , la separación de familias y la economía.
El informe señala que 4.1 millones de niños estadounidenses viven con un padre o madre indocumentado y están en riesgo de ser separados debido al plan de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump.
“Veremos que el número de deportaciones seguirá aumentando”, declaró la Secretaria Kristi Noem, del Departamento de Seguridad Nacional.
Esto luego de revelar que en los primeros 50 días del mandato de Trump, la agencia de ICE arrestó a 32,809 personas.
