Por decisión unánime, la Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Una vez culminado el segundo debate parlamentario, la nueva norma eleva a 32 la cifra de magistrados del Alto Juzgado, con el fin de fortalecer la estructura del Poder Judicial.
El presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, tras someter a votación la denominada “Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia”, instruyó a la secretaría del Poder Legislativo que se dirija a la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, para entregar dicha reforma para que la autoridad considere la promulgación de la ley.
La reforma fue aprobada cuatro años después de la designación de los actuales miembros del máximo tribunal para un período de 12 años, la mayoría de ellos percibidos como aliados del gobierno, incluidos muchos exlegisladores oficialistas.
La reforma revierte una reciente modificación de la ley. En enero de 2022, la asamblea unicameral aprobó una reforma que redujo de 32 a 20 el número de magistrados que integran las seis salas del Tribunal. En 2004, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez promovió una nueva ley del Tribunal Supremo para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados y facultar a una mayoría simple de legisladores para remover y designar jueces.
Con la nueva ampliación de los miembros del Tribunal Supremo se busca agilizar la emisión de sentencias y resoluciones que se encuentran en espera, destacó la semana pasada la diputada oficialista Rosa León, presidenta de la subcomisión Sectorial del régimen del Sistema Judicial.
Un grupo de legisladores opositores de la denominada bancada Libertad, integrado entre otros por el excandidato presidencial Henrique Capriles, votó a favor de aprobar la reforma legal, pese a anunciar que el número de magistrados “no es el epicentro de la reforma de la justicia” que consideran necesario en el país.
Los adversarios de Chávez (1999-2013) y de su sucesor, el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro (2013-2026), acusan repetidamente al oficialismo de designar con su abrumadora mayoría a los magistrados entre sus aliados para asegurar el control del máximo tribunal, que en los últimos 27 años se ha convertido en un actor decisivo en la trama política venezolana con una gran cantidad de sentencias desfavorables a los críticos de los gobiernos socialistas.
El oficialismo, por su parte, sostenidamente ha dicho que los nombramientos de magistrados principales y suplentes se hicieron bajo “estricto cumplimiento” de las leyes.
La reforma también se produjo, luego que, a finales de abril pasado, la Sala Plena del Tribunal Supremo aprobó la jubilación de ocho de sus magistrados principales. El Legislativo está en medio de un proceso de selección de los nuevos juristas.
